El enroque de Irene Montero fortalece su posición frente a Yolanda Díaz
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El respaldo de las bases de Podemos refuerza el no de Igualdad al cambio
08 mar 2023 . Actualizado a las 08:47 h.Irene Montero (Madrid, 1988) vive sus semanas más duras desde que desembarcó en el Ministerio de Igualdad a comienzos del 2020. La ley del «solo sí es sí» —o la ley Montero— ha conseguido superar todas las barreras y casi ningún español puede decir que no sabe de qué va la polémica. Formada en las Juventudes Comunistas, entró en el segundo escalón de Podemos en el 2014. Pero pronto escaló en el organigrama de la formación morada hasta convertirse en su principal referente político, aunque es cierto que la principal responsabilidad orgánica es de su inseparable amiga Ione Belarra y el padrinazgo ideológico lo ostenta el padre de sus tres hijos, Pablo Iglesias.
Por eso, la defensa hasta la última línea de la ley del «solo sí es sí» es el principal argumento de Irene Montero para reivindicarse como referente político del espacio morado justo cuando el liderazgo de Yolanda Díaz, ungida por el mismísimo Iglesias, no acaba de despegar y permanecerá en el limbo hasta después de las elecciones municipales.
A Montero, algunos números no le parecen relevantes. Que hayan visto reducida su pena más de setecientos agresores sexuales o que más de 70 hayan logrado su excarcelación es «un problema de los jueces fachas que no saben interpretar la ley», como repiten día tras día el coro de contratadas de su ministerio, con la pontevedresa Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, y la canaria Victoria Rosell, jueza y alta comisionada contra la Violencia de Género. Ella ha hecho del último CIS su arma favorita para enrocarse en una posición que todas las encuestas revelan que va contra el sentir mayoritario de los españoles.
Estudio del CIS
En el último estudio dirigido por el socialista José Félix Tezanos, Podemos ha encontrado su mejor coartada para defender su inamovible oposición al cambio legislativo que la mayoría social y política promueve para aumentar el castigo a los delincuentes sexuales. Según el sociólogo de cabecera del PSOE, casi la mitad de los votantes del partido de Pedro Sánchez y la práctica totalidad de los que se declaran electores de la formación morada rechazan la modificación que promueve el presidente del Gobierno ante su desgaste en las encuestas. «No queremos volver al Código Penal de la Manada», repiten desde el Ministerio de Igualdad. «No al populismo punitivo», secundan partidos como Bildu o ERC, que han visto cómo los problemas legales de algunos de sus simpatizantes y afiliados se han visto reducidos por cambios legales que han minimizado sus condenas —véase los condenados por los delitos de sedición o malversación en el 1-O— o les han aliviado su régimen carcelario, como en el caso de los presos etarras.
Pero Irene Montero, junto con Pablo Iglesias, está mirando mucho más allá. Con Podemos en caída en la mayoría de las encuestas publicadas, incluso por debajo de la barrera del 10 % de apoyo en toda España y fuera de muchos Parlamentos autonómicos, las próximas elecciones generales son claves para intentar mantener la cuota de poder de un partido que llegó a los setenta diputados y que ahora, según los sondeos, firmaría con dificultades un tercio de esa cifra.
Referente del espacio morado
Montero es el principal referente del espacio morado. Es el arma que Pablo Iglesias utiliza para presionar a Yolanda Díaz para construir una candidatura única en la extrema izquierda, donde quepan todas las sensibilidades que cada Vistalegre —sede de los congresos de Podemos — ha ido expulsando del partido que se presentó tras el 15M para asaltar los cielos.
Irene Montero está dispuesta a encabezar una lista propia si Yolanda Díaz no encuentra el encaje suficiente para ella y sus correligionarios en Sumar. El aviso lo han repetido desde Echenique a Iglesias pasando por Juan Carlos Monedero. «Todos saben que la única alternativa es ir juntos, pero Irene Montero viene de una cultura política muy dura y está dispuesta a sacrificarse y a sacrificarlo todo para imponer su pensamiento», dice un buen conocedor de las tripas de la formación morada.
La coalición colisiona por casi todo: de la guerra de Ucrania a la ley mordaza
«La legislatura está en tiempo de descuento», avisaron los portavoces del PNV, Aitor Esteban, y ERC, Gabriel Rufián, dos fieles aliados de la coalición, en la última sesión de control en el Congreso. Ese clima de fin de ciclo parece haberse instalado en las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, que en el nuevo año han ido chocando por casi todos los asuntos de la agenda política española.
La guerra de Ucrania
Desde Podemos se han alimentado las posiciones más antimilitaristas de Europa, con críticas al envío de armas, al «ardor guerrero» de Josep Borrell, o los ataques a Margarita Robles. Podemos organizó incluso un acto público con partidos de la extrema izquierda europea contrarios al apoyo a Ucrania el mismo día que Pedro Sánchez visitaba Kiev coincidiendo con el primer aniversario del inicio de la invasión.
La ley de vivienda
Una de las prioridades recogidas en el pacto de coalición era la regulación del mercado de la vivienda. Tras numerosos pulsos con el anterior ministro del ramo, José Luis Ábalos, y con la actual, Raquel Sánchez, la norma no acaba de arrancar el trámite legislativo, algo que irrita al ala morada del Gobierno.
La ley mordaza
Otra de las urgencias legislativas de Unidas Podemos era la derogación de la ley mordaza, bajo cuyos preceptos han sido inhabilitados dirigentes morados como Isa Serra o Alberto Rodríguez, condenados por agredir a policías en manifestaciones. Pese al respaldo de casi todas las fuerzas independentistas, el PSOE tampoco ha logrado un consenso para desactivar las partes que sus socios de legislatura consideraban más lesivas.
Privatizar torres de control
Uno de los inesperados últimos choques entre los dos sectores del Gobierno tiene que ver con el plan de la destituida secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, para privatizar la gestión de las torres de control de nueve aeropuertos de la red española, que se sumarían a los que ya se adjudicaron con anterioridad. UP se opone a cualquier privatización.