Junts acusa a Sánchez de haber reformado el Código Penal para que extraditen a Puigdemont
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Reprocha al Tribunal Supremo que actúe como si fuera una tercera Cámara
16 feb 2023 . Actualizado a las 09:17 h.Las consecuencias inesperadas de la reforma del Código Penal pactada con ERC para eliminar del texto el delito de sedición y rebajar las penas a la malversación siguen siendo un motivo de enfrentamiento del independentismo con el Gobierno, en especial de los miembros de Junts.
En la sesión de control al Gobierno celebrada ayer en el Congreso, la portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, acusó al Gobierno de legislar con el objetivo de que extraditen a Carles Puigdemont y le pidió al presidente Pedro Sánchez que aclare si es cierto eso que afirman algunos ministros. «Legislan ad hominem, con nombre y apellidos. Han legislado con el objetivo de facilitar la extradición del [ex] presidente Puigdemont y resultará que Marchena es su diputado número 120 [el PSOE ya tiene 120] y que el reino de España tiene tres Cámaras: el Congreso, el Senado y el Tribunal Supremo», le soltó. Y acusó al Gobierno de «abuso de poder» y de «vulnerar derechos», por «prometer la extradición de Puigdemont», pero también por la persecución del 9N, el Catalangate, el «expolio» fiscal, y por vetar comisiones de investigación en el Congreso como la del rey o la de los atentados de Barcelona y Cambrils. Y hasta sumó a esas razones la de que no se pueda expresar en catalán en la Cámara.
En su réplica, Sánchez desacreditó el discurso de la contrincante con un simple «queda claro que usted no sabe qué es un abuso de poder». El presidente defendió entonces que, pese a las imperfecciones, «España es una democracia plena» y sostuvo que la situación actual en Cataluña es mejor que en el 2017, que reactivó la mesa de diálogo y la comisión bilateral, y que si hay algo que está peor ahora es el independentismo. Hasta el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, lo ve así, dijo.
Hurgó de ese modo en la división entre las fuerzas secesionistas y la marcha del Gobierno de la Generalitat de los miembros de Junts, partido al que pidió que regrese a la política útil.
Esa tóxica relación de los de Puigdemont y Laura Borràs con los de Oriol Junqueras y Pere Aragonès estuvo presente cuando en la contrarréplica Nogueras preguntó a Sánchez «si sus socios de Esquerra también sabían de su intención de extraditar a Puigdemont». El presidente volvió a echar mano de la ironía al tiempo que despejaba balones: «Detecto cierta tensión entre ustedes y ERC, permítame el sarcasmo».
Ni el Gobierno ni Esquerra se esperaban que el Tribunal Supremo revisase las condenas del los líderes del procés manteniendo los 13 años de inhabilitación a Junqueras, hasta el 2031, y doce años a otros por desobediencia, y no desórdenes públicos, y malversación agravada. Ese chasco lo usó la portavoz del PP, Cuca Gamarra, para criticar la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, y satirizar con que «no le ha salido bien» porque no ha contentado ni a sus socios independentistas.
Un israelí admite haber jaqueado a los organizadores de la consulta de Artur Mas en el 2014
El empresario israelí Tal Hanan se ha atribuido el ciberataque a la Generalitat de Cataluña en la consulta independentista organizada por Artur Mas para el 9 de noviembre del 2014 y ha asegurado que sus compañías trabajan para servicios de inteligencia, han participado en 33 campañas y ofrecen desinformación a Gobiernos, candidatos y empresas, informa Efe.
Así lo acredita una investigación de la organización de periodistas Forbidden Stories, donde participa El País con más de una veintena de medios.
Bajo el seudónimo de Jorge, Tal Hanan, de 50 años, experto en tecnología, exsubcomandante del Ejército israelí y vinculado a la consultora británica Cambridge Analytica, exhibió el pasado julio como caso de éxito en reuniones ante potenciales clientes la mayor ofensiva en la red que ha registrado Cataluña.
Se trata de un asalto que bombardeó de modo intermitente durante tres días páginas web de la Generalitat como participa2014.cat y trastocó el servicio de emergencias médicas, el gestor de requerimientos policiales catalán y el portal e-justicia. Las entidades independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural denunciaron también ataques informáticos. Los asaltos asediaron teléfonos y portales web usados para organizar esa votación, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
La Generalitat ya estudia posibles acciones jurídicas contra los responsables del ciberataque, un «juego sucio» contra el independentismo que el presidente catalán, Pere Aragonès, ha pedido aclarar, ya que buscaba «paralizar Cataluña».