Feijoo aclara su postura sobre el aborto: «Es un derecho según la ley, pero no un derecho fundamental»
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El Congreso aprobará mañana definitivamente la reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad. Las nuevas bajas prenatales, menstruales y por aborto no se aplicarán hasta mayo
15 feb 2023 . Actualizado a las 18:15 h.La reforma de la ley del aborto, impulsada por el Ministerio de Igualdad, consiguió a finales de agosto luz verde del Consejo de Ministros y cuatro meses después superó con éxito el trámite parlamentario. De ahí fue remitida al Senado, que le dio su visto bueno la semana pasada con la condición de introducir unas mínimas modificaciones que la devolvieron al Congreso, donde este jueves será aprobada definitivamente por una amplísima mayoría. El empujón final a la actualización de la ley de plazos de Zapatero, en vigor desde el 2010, no ha estado exento de polémica, con todo el peso de los obispos y la derecha más dura presionando a un PP que, consciente de que el 80 % de las mujeres españolas están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, parece haber acomodado su histórico criterio a los nuevos tiempos. La semana pasada, Alberto Núñez Feijoo aceptaba la actual norma como «correcta», abriendo un nuevo cisma en el seno del partido.
En Génova llevan días tratando de unificar posturas. Interpelado sobre unas declaraciones de Feijoo del pasado 27 de junio —«El aborto es un hecho con el que convive la sociedad española desde hace muchos años. Todos los países de la Unión Europea tienen regulado ese derecho»—, el portavoz de los populares, Borja Sémper, aseguró que a pesar de aceptar las reglas del juego vigentes la formación no se ha movido de la ponencia social debatida y aprobada en el último congreso del partido, en el 2017, según la cual el aborto no es un derecho. Tras días evitando los micrófonos, Feijoo respaldó este miércoles estas palabras, matizando su apreciación de hace ocho meses: el aborto es un derecho según la ley, dijo, pero no un derecho fundamental.
Apoyo a la ley de plazos
Intentando cerrar la polémica abierta por su respaldo público a la ley de plazos tras el aval del Constitucional —que llega 13 años después de su entrada en vigor—, Feijoo precisó en Madrid, durante una visita a la fundación infantil Casa Ronald McDonald, que en la Convención de Derechos Humanos el aborto no está «recogido» como un derecho fundamental. «Es el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país —apostilló—. Fuera de esa ley, la interrupción del embarazo no puede producirse». Tan a favor de regular el aborto como de apoyar a las mujeres que quieren ser madres, reivindicó el consenso y el respeto. Ambas cosas, dijo, son «perfectamente compatibles» y necesarias de hacer en España. Al ser preguntado qué posición tendrá el PP ante la proposición de Vox para derogar la ley del aborto del 2010, que incluye medidas como escuchar el latido del feto, insistió en que su primera opción será siempre apoyar a quien quiera tener hijos, pero descartó por completo la coacción a quien tome la decisión contraria.
Los «peros» a la nueva norma
Además de devolver a las jóvenes de 16 y 17 años la libertad de decidir si abortar o no, la reforma de esta ley de plazos que se aprobará este jueves en el Congreso blinda el derecho a interrumpir un embarazo en el hospital público más cercano. Lo hace a través de un registro autonómico de objetores, en el que los médicos que no estén dispuestos a realizar este tipo de intervenciones deberán apuntarse por anticipado para, así, poder organizar el servicio y que siempre haya al menos un profesional que sí las practique. Además, la nueva ley suprimirá el actual y obligado plazo de reflexión de tres días que se le da a la mujer para que, con información sobre procedimientos y subvenciones en la mano, decida o no si seguir adelante.
Del PP se espera que este jueves vote en contra. Los de Feijoo se oponen frontalmente a que las menores de edad puedan abortar sin el consentimiento de sus padres y a que el Gobierno regule la objeción de conciencia. «Es un derecho de los médicos», zanjó Feijoo.
Las nuevas bajas prenatales, por reglas y abortos no se aplicarán hasta el mes de mayo
A. Torices
El grueso de las medidas y reformas que incorpora en sus 37 páginas la nueva ley del aborto serán ya exigibles desde la próxima semana, un día después de ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, las españolas tendrán que esperar hasta la segunda mitad de mayo para poder beneficiarse de la nueva pausa por descanso prenatal, de la incapacidad temporal por menstruaciones dolorosas y de la baja por aborto —voluntario o accidental—, todas ellas remuneradas. El trimestre de vacatio legis es el plazo mínimo que la propia norma entiende que precisarán las administraciones públicas y las empresas, especialmente todos los departamentos de la Seguridad Social, para adaptar sus procedimientos burocráticos a las reformas legales necesarias para regular las nuevas prestaciones.
Una vez se cumplan estos tres meses, todas las embarazadas tendrán derecho a una baja remunerada desde el primer día de la semana 39 de gestación y hasta el parto. La Seguridad Social asumirá todos los gastos, salvo los del primer día, que los abonará la empresa, y las menores de 21 años no necesitan período de cotización alguno para beneficiarse de una medida con exigencias mínimas para el resto. En las mismas fechas funcionará ya el permiso específico para que las mujeres con reglas incapacitantes puedan descansar en casa. Será sufragado íntegramente por el Estado y alcanzará a cualquier trabajadora, y será el médico quien deberá indicar la duración de la incapacidad. Podrá acordarla las veces que crea conveniente, sin tope temporal. La tercera prestación disponible en mayo será la baja para mujeres que sufran una interrupción de embarazo, sea voluntaria o no. La convalecencia busca paliar situaciones de incapacidad tanto física como anímica.
Preservativos gratis
Una cuarta novedad de la ley también requiere de un período extraordinario de puesta en marcha. La norma da un plazo máximo de un año al Gobierno y a las autonomías para cumplir con la obligación de dispensar gratis métodos anticonceptivos de barrera, como preservativos o diafragmas, en los centros de servicios sociales, de salud sexual y en los penitenciarios, así como para fomentar la investigación, financiación y comercialización de anticonceptivos masculinos que sean seguros y eficaces.
