El Gobierno y sus socios se dan una semana más para salvar los últimos escollos de la ley mordaza

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

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El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, este martes, en el Congreso
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, este martes, en el Congreso A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

Podemos reconoce avances, pero pide valentía al PSOE para poner fin a que «se multe por mirar mal» a un agente si alega falta de respeto

25 ene 2023 . Actualizado a las 09:05 h.

El Gobierno y sus aliados parlamentarios se han dado una semana más en el Congreso para tratar de llegar a un acuerdo en la ponencia de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por sus críticos como ley mordaza, para lo que es necesario superar los últimos escollos en los artículos que regulan el uso de las pelotas de goma como material policial, la desobediencia y faltas de respeto a los agentes y las devoluciones en caliente.

A estas alturas, el Gobierno de coalición cree tener atado el apoyo del PNV, autor de la proposición de ley que se debate, pero para sacar adelante la reforma, dado que tiene rango orgánico, no le basta con la abstención de los demás aliados, sino que necesita el voto a favor de 176 diputados.

En la reunión de este martes a puerta cerrada en el Congreso la ponencia ha refrendado una enmienda transaccional para mantener como infracción grave «la tenencia no autorizada de sustancias psicoactivas utilizadas únicamente para provocar la sumisión química de las personas». El PP había alertado de que la redacción alternativa anterior impedía a la Policía sancionar la tenencia de sustancias como la burundanga, informa Europa Press. 

Manifestaciones

El acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC y EH Bildu ha llevado a la ponencia la modificación del artículo 30.3 de la ley mordaza para que «queden exonerados de responsabilidad» los convocantes de manifestaciones, siempre que cumplan las medidas de seguridad previstas en la comunicación de la concentración. Fuentes parlamentarias señalan que lo que se busca es que la infracción recaiga sobre el responsable de los disturbios, y no directamente sobre el convocante.

Otro de los puntos que tienen ya el visto bueno mayoritario de la ponencia afecta al artículo 32, que regula la responsabilidad de los alcaldes para imponer sanciones en cuestiones como el consumo de alcohol o drogas, el abandono de animales o la regulación de espectáculos públicos.

Faltas de respeto a agentes

Tras ver avances y emplazarse a la reunión de la ponencia del próximo martes para salvar estas diferencias, los socios del PSOE han pedido «valentía» a esta formación para cerrar la ponencia y elevar al pleno del Congreso el nuevo texto de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, cumpliendo con el compromiso de cambiar la legislación que aprobó en solitario el PP en el 2015.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha constatado que aún faltan «temas importantes» por cerrar, citando la objetivación de las faltas de respeto a los policías para poner fin a que «se pueda multar por mirar mal» a un agente. «El PSOE no acepta dar pasos valientes para la derogación», ha denunciado, subrayando que se trata del artículo con el que más sanciones se tramitan.

EH Bildu y ERC, que aún mantienen el no al texto de la ley que están debatiendo, aceptarían una redacción alternativa para una «mayor objetivación» de las faltas de respeto, en lugar de la derogación del artículo que exigían inicialmente. Además, fuentes de estos grupos añaden que también quieren mayor concreción en la «oposición corporal» necesaria en otro de los artículos sin acuerdo, el que regula las sanciones por desobediencia.

Devoluciones en caliente

Las posiciones entre los socios del Gobierno aún están alejadas también en lo que se refiere a los rechazos en la frontera de migrantes o devoluciones en caliente, un asunto por el que volvió a ser muy criticado el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska a raíz de las muertes registradas junto a la frontera de Melilla. EH Bildu y ERC no aceptan que esta cuestión quede a expensas de regulación mediante la Ley de Extranjería.

Sobre las pelotas de goma, las fuentes parlamentarias reconocen que se mantiene el veto del Ministerio del Interior a eliminar este material. Desde los grupos esperan algún punto de acuerdo durante esta semana, por ejemplo con la promesa de estudiar alternativas como el foam, un elemento en teoría menos lesivo usado en Cataluña y el País Vasco, pero que también es rechazado por organizaciones sociales. 

Una reforma descafeinada

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha mencionado también la falta de acuerdo sobre el uso de las pelotas de goma para mostrar su temor a que la reforma de la ley mordaza quede finalmente «descafeinada», en el caso de que su actual redacción pase el trámite de la ponencia y llegue a votarse en el pleno del Congreso. 

«Se tiene que eliminar la ley mordaza que instauró el PP, ese es el compromiso de todo el bloque de investidura, incluido el PSOE», ha sostenido Errejón en rueda de prensa, añadiendo que «la mordaza se quita o no se quita, no se puede quitar a medias». «Cualquier otra cosa sería una oportunidad perdida», ha avisado.

La diputada de la CUP Mireia Vehí también ha apuntado que «no va a salir nada bueno» de las enmiendas pactadas a partir del texto alternativo planteado por el PNV —que sí ve cercano el acuerdo final—. «No se van a tocar las pelotas de goma ni el asunto de la desobediencia», ha resumido.

En las reuniones anteriores de la ponencia se han acordado otros puntos como llevar a la ley mordaza la exigencia de que la Policía emita un aviso previo «verbal» y «audible» antes de cargar en manifestaciones, dentro de la línea de consensuar un texto «más garantista» en lo que se refiere al derecho de reunión y manifestación, según defienden PSOE y Unidas Podemos. Esta medida contempla excepciones si hay «alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos».

Los grupos quieren que la carencia del trámite previo de comunicación de una manifestación no sea motivo para impedir el «ejercicio de las libertades de reunión y manifestación». Es decir, aunque sea tipificado como infracción leve, no será suficiente por sí mismo para disolver la protesta, que tiene que ser «el último recurso» dentro de un «enfoque de derechos humanos».