Paulo Abrão, exsecretario de Justicia con Dilma Rousseff: «Aún es posible un golpe de Estado en Brasil»
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El director del centro de estudios Washington Brazil Office considera que la democracia brasileña sigue estando en peligro, y señala que la cuestion ahora es llegar a los autores intelectuales de estas acciones
15 ene 2023 . Actualizado a las 09:15 h.El brasileño Paulo Abrão es uno de los defensores de los derechos humanos más reconocidos de América y ha pasado por algunas de las instituciones más importantes de ese continente. Fue secretario de Justicia durante el primer Gobierno de Dilma Rousseff, antes de convertirse en director ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) entre el 2016 y el 2020. Gracias a este cargo pasó a ser conocido en toda América Latina, destacando por su papel en las crisis políticas de Nicaragua y Bolivia, en las que documentó violaciones de los derechos fundamentales. En calidad de director del centro de estudios Washington Brazil Office, considera que la democracia brasileña sigue en peligro tras el fallido golpe bolsonarista.
—¿Es todavía posible un golpe militar en Brasil?
—Sí. Los últimos cuatro años hemos convivido con esa amenaza constante. Es una amenaza que fue hecha de una manera muy clara y abierta por parte del ahora expresidente Bolsonaro y por quienes le apoyan. Aunque esté fuera del cargo, él continúa siendo una figura magnética, que atrae y organiza un núcleo duro de activistas extremadamente violentos.
—¿Quiénes son los responsables del asalto a los tres poderes?
—Lo que la Justicia brasileña viene dejando claro es que hay autores materiales, financieros e intelectuales de esos crímenes. Entre los autores materiales ya hay más de 1.500 personas detenidas. Entre los autores financieros, hay algunos detenidos. La cuestión es ahora llegar a los autores intelectuales de esas acciones, lo que ciertamente apunta hacia personas poderosas de la cúpula política y militar del Gobierno de Bolsonaro.
—¿Cómo se radicalizaron los seguidores de Bolsonaro?
—Brasil tiene un pasado no resuelto con la extrema derecha, que es la misma que protagonizó el golpe militar de 1964. La ley de amnistía de 1979 impidió juzgar a golpistas y torturadores. Bolsonaro emergió en el 2018 enalteciendo a esas personas y consiguió unir entorno a su candidatura presidencial a ultraconservadores violentos, nostálgicos del régimen militar y resentidos de todo tipo, además de un gran número de descontentos rabiosos con el Partido de los Trabajadores y con la figura de Lula. Además de eso, atrajo el apoyo de líderes religiosos extremadamente conservadores, que transformaron sitios de culto en lugares de prédica política. Es un proceso complejo y largo, pero que tiene como origen la dificultad en superar un capítulo sombrío de la historia, muy ligado a la Guerra Fría.
—¿Es Brasil un experimento social?
—No, es un país real, una potencia ambiental y cultural, un país de una importante expresión económica y política. No es de nadie, es una democracia fuerte, viva y en disputa, donde las fuerzas sociales y políticas disputan el espacio de forma viva, intensa y, la mayoría de las veces, también democrática.
—¿Continuarán las protestas durante el Gobierno de Lula?
—Van a continuar porque Bolsonaro tuvo el apoyo de casi la mitad del electorado. Es natural que haya protestas y eso no es un problema, es saludable. El problema es cuando esas protestas tienen como intención la suspensión violenta del Estado de derecho y hacer caer un Gobierno legítimamente electo. Eso no se puede.
—¿Le preocupa la presencia de militares y familiares de cargos importantes del Ejército en las manifestaciones?
—Los militares no deben manifestarse políticamente en ningún momento. Sus familiares son libres para decir o hacer lo que quieran, pero deben saber que, si sobrepasan los límites de la ley, serán responsabilizados por sus conductas. Uno de los muchos efectos nocivos del Gobierno de Bolsonaro fue traer a militares activos y de la reserva a la línea de frente de la política. Eso fue negativo. Es algo que costará mucho trabajo revertir.
—¿Qué medidas hay que tomar para sanar al país?
—Es necesario aplicar la ley y responsabilizar a quienes atacan y siguen atacando a la democracia. Sin eso, no hay posibilidades de que el país avance, porque es necesario desalentar a esos actores extremadamente radicalizados. Al mismo tiempo, a largo plazo, es preciso construir una democracia inclusiva, que incluya de hecho a los pobres, a las mujeres, a los negros, todos esos que a lo largo de la historia de Brasil fueron y siguen siendo marginados. Solo tendremos una democracia de verdad reduciendo las gigantescas desigualdades que existen en nuestro país.
—¿Le preocupa el estado político de América Latina?
—América Latina tiene sus problemas, pero también sus soluciones. Es una región de democracias recientes, frecuentemente asaltadas por golpes movidos a partir de intereses no siempre nacionales. Es un subcontinente que fue asaltado por potencias coloniales y que tiene dificultades en construir gobiernos estables y en vivir períodos más largos de alternancia democrática de poder. Pero también es una región viva, fuerte, llena de potencial humano, ambiental, cultural, capaz de resolver sus problemas y de aportar soluciones innovadores no solo para ellas, sino también para las democracias más antiguas del mundo, que, con su propio tiempo y a su propio modo, también sufren con la acción de grupos extremistas.