La sociedad brasileña rechaza la invasión golpista de las sedes de los tres poderes

Héctor Estepa
Héctor Estepa RÍO DE JANEIRO / E. LA VOZ

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Lula da Silva, durante la jura a última hora del miércoles de Sônia Guajajara, la primera ministra indígena de Brasil.
Lula da Silva, durante la jura a última hora del miércoles de Sônia Guajajara, la primera ministra indígena de Brasil. Andre Borges | EFE

La Fiscalía de Brasil estrecha el cerco al expresidente Jair Bolsonaro

13 ene 2023 . Actualizado a las 09:08 h.

Rechazo rotundo de la sociedad brasileña a los actos golpistas del domingo. El 93 % de los ciudadanos del país sudamericano condena la invasión de las sedes de los tres poderes, según un sondeo de la firma Datafolha. Apenas un 3 % se muestra a favor de la rebelión. De los votantes del ultraderechista Jair Bolsonaro, solo un 10 % apoya el fallido golpe de Estado. Un grupo minoritario, pero que supone más de seis millones de brasileños.

«Estoy convencido de que abrieron la puerta del palacio de Planalto para que la gente entrase, porque no hay ninguna puerta rota. Significa que alguien facilitó la entrada. Vamos, con mucha calma, a investigar y ver lo que ocurrió de verdad», dijo este jueves Lula da Silva en una rueda de prensa celebrada en el mismo edificio asaltado el domingo.

Pronunció esas palabras después de la publicación de un vídeo en el que una persona, que se identifica como coronel del Ejército, intenta, aparentemente, dificultar la acción de la Policía Militar del Distrito Federal de Brasilia que trataba de detener a los seguidores de Bolsonaro que habían irrumpido en las sedes del poder. «¿Usted está enfermo? ¿Está loco? ¡Está todo el mundo preso! Ellos están presos, coronel», grita el agente de la Policía Militar en las imágenes, que el Ejército considera «fuera de contexto».

«Quiero ver los vídeos grabados dentro del Tribunal Supremo, dentro del palacio [del Planalto]. Hubo mucha gente connivente. Hubo muchos miembros de la Policía conniventes, muchos miembros de las Fuerzas Armadas aquí dentro conniventes», expuso Lula. Otras imágenes muestran como varios miembros de las fuerzas del orden llegan a abrir paso a los radicales bolsonaristas.

El juez del Supremo, Alexandre de Moraes, ordenó la entrada en prisión del hasta ahora secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, cercano a Bolsonaro, y el comandante de la Policía Militar, Fábio Augusto, por la supuesta omisión a la hora de detener a los manifestantes, o connivencia.

En las últimas horas una parte del Partido de los Trabajadores apunta al ministro de Defensa, José Mucio, un moderado nominado por Lula por su papel conciliador con las Fuerzas Armadas. Creen que infravaloró las protestas, al haberse mostrado, antes del domingo, en contra de disolver las concentraciones bolsonaristas frente a los cuarteles. El presidente ratificó ayer a Mucio, asegurando que lo conoce y confía en él.

Bolsonaro continúa, mientras tanto, en Florida, aunque asegura que va a regresar pronto, decisión que quizás acelere después de que 46 congresistas estadounidenses del Partido Demócrata pidiesen al Gobierno que cancele su visado. El expresidente es visto por el 55 % de los brasileños, según la encuesta de Datafolha, como responsable de los actos del domingo.

La Fiscalía está estrechando el cero al líder ultraderechista. Además el Gobierno de Lula desveló que durante sus cuatro años de mandato gastó 27,6 millones de reales (cerca de 5 millones de euros) de la tarjeta de crédito del Gobierno en panaderías, restaurantes populares y heladerías.

El Supremo, por su parte, ha pedio que se investigue a tres diputados bolsonaristas que habían «incitado a actos antidemocráticos» antes y después del asalto a las instituciones. «Acabamos de tomar el poder. Estamos dentro del Congreso. Esto pasará a la historia, la historia de mis nietos», escribió el domingo en redes sociales una de las investigadas, Clarissa Tércio.

Alrededor de 1.800 personas fueron detenidas. Las autoridades hicieron público ayer que 904 hombres y 494 mujeres han sido formalmente arrestados y trasladados a dos prisiones de la capital.