La Policía Militar desmontó los últimos campamentos de bolsonaristas frente a los cuarteles
11 ene 2023 . Actualizado a las 13:18 h.Brasil intenta recuperar su normalidad institucional después del asalto del domingo a las sedes de los poderes democráticos por parte de seguidores radicales del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que reclaman una intervención militar contra el Gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policía Militar desmontó ayer los últimos campamentos erigidos por los manifestantes en los últimos dos meses frente a cuarteles del Ejército en varias urbes del país sudamericano. La gran mayoría dejó los enclaves de forma voluntaria.
«No es posible conversar con esas personas de forma civilizada. Esas personas no son civilizadas. Basta ver lo que hicieron en el Palacio de Planalto, en el Congreso y con mucha más rabia y odio en el Supremo Tribunal Federal», señaló ayer Alexandre de Moraes, magistrado de ese tribunal, convertido en uno de los máximos objetivos de las críticas de los seguidores más acérrimos de Bolsonaro.
Al menos un millar de personas que permanecían, hasta la mañana del lunes, en el campamento levantado frente al cuartel del Ejército en Brasilia continuaban ayer detenidas en un gimnasio de la capital, donde están siendo interrogadas por las autoridades. Se quejaron a los medios locales de haber dormido en el suelo y no estar recibiendo suficientes alimentos.
Otras 277 personas que habrían participado en la irrupción en los edificios que acogen los poderes habían sido arrestadas y esperaban la lectura de cargos en una prisión de la capital. Podrían afrontar hasta 15 años de prisión por distintos delitos.
Respuesta a los arrestados
«Esas personas que, hasta el domingo, promovían desorden y crímenes, ahora se quejan porque están detenidas y quieren que su prisión sea convertida en una colonia de vacaciones. No crean que las instituciones van a flaquear», apuntó ayer Moraes, que había ordenado previamente el desmantelamiento de los campamentos bolsonaristas. «Dentro de la legalidad, las instituciones van a castigar a todos los responsables», añadió.
El magistrado del Supremo dictó ayer prisión para Fabio Augusto, hasta ahora comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, cuerpo señalado como responsable, por omisión, de la irrupción en las sedes de los poderes públicos. «No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie», señaló, por su parte, Lula da Silva, que citó su propia experiencia como líder de paros sindicales en el pasado para justificar la reflexión. «Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió», aseguró el presidente.
En ese sentido, Flavio Dino, nuevo ministro de Justicia de Brasil, señaló ayer que el Ejecutivo tiene una lista de los contratistas de los autobuses que llevaron a los manifestantes hasta Brasilia. «Todas esas personas serán llamadas a declarar, porque los buses han sido contratados y no se han destinado a excursiones turísticas», expuso Dino.
Lula señaló también, en la noche del lunes, que el nuevo Gobierno tenía «diez ministros» preparados para negociar con los manifestantes bolsonaristas, pero aclaró que nunca hubo puntos para negociar. «Estaban frente a los cuarteles ¿Reivindicando qué? ¿Aumento de salario, más libertades, vivienda, reanudación de la producción agrícola? No, solo el golpe», aseguró.
Posible regreso
Bolsonaro, mientras tanto, pidió ya el alta voluntaria en una clínica de Florida, en Estados Unidos, a donde viajó dos días antes de la asunción de Lula. El exmandatario, que condenó tibiamente los hechos del domingo, se recuperaba de la obstrucción intestinal que había provocado su internamiento.
Podría regresar pronto a Brasil, como él mismo ha sugerido. Al menos cinco congresistas demócratas han pedido ya que se tomen medidas para cancelar el permiso de estadía de Bolsonaro en EE.UU. y los asesores del líder ultraderechista, incluidos sus hijos, le habrían aconsejado, según desveló el portal de información UOL, que retorne con la mayor celeridad a su país, argumentando que las consecuencias de ser «extraditado» por Washington serían peores que las que podría afrontar si retorna voluntariamente a Brasil, donde es investigado por diversas causas.
Los costes del asalto a la Cámara de Diputados de Brasil ascenderían a más de 500.000 euros
La Cámara de Diputados de Brasil ha publicado un informe preliminar en el que estima que los daños por el asalto a la Cámara superan los tres millones de reales (más de 530.000 euros), sin contar con los costes de las obras de arte dañadas.
Los costes calculados por la cámara legislativa brasileña, que incluyen 30.000 reales (5.300 euros) en mano de obra, solo señala equipos que pueden ser reemplazados, como ordenadores, cristales, vehículos y otros elementos del mobiliario. En concreto, al menos 400 ordenadores han sido destruidos, los cuales tendrían un valor por encima de los dos millones de reales (350.000 euros), mientras que dos vehículos utilizados por la Policía Legislativa resultaron dañados, cada uno con un valor de 250.000 reales (45.000 euros).
Aún no se han estimado los daños resultantes de la destrucción y sustracción de obras de arte y regalos ceremoniales, tampoco los costes de recuperación de los objetos que han permanecido en el Congreso. Durante el asalto hubo, por ejemplo, una ruptura de un muro artístico del artista Athos Bulcão, dañado en uno de los módulos. Asimismo, muchas de las piezas que estaban expuestas en la vitrina del Salón Verde del Congreso tienen un precio incalculable. Entre algunos de los objetos sustraídos se encuentran una perla procedente de Catar y un balón de fútbol autografiado por el futbolista Neymar.