Los tres poderes de Brasil cierran filas en torno a la defensa de la democracia
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Más de 300 personas fueron detenidas por los disturbios y 1.200 identificadas
10 ene 2023 . Actualizado a las 09:23 h.Horas aciagas para la democracia brasileña. El Congreso, la sede del Tribunal Supremo y el palacio presidencial amanecieron este lunes destrozados, después de que miles de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro irrumpiesen el domingo, a la fuerza, en las instalaciones, situadas en la capital, Brasilia, reclamando una intervención militar contra el Gobierno de Lula da Silva.
Las sedes de los tres poderes de Brasil quedaron con cristales rotos, mobiliario destrozado y enseres quemados. Quienes entraron en los edificios robaron además, obras de arte e incluso una dotación de armas que permanecía en la sede presidencial.
«Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados», dijo el presidente Lula da Silva, que este lunes por la mañana se reunió, en el mismo palacio violentado, con Arthur Lira, un exaliado de Bolsonaro que es jefe del Congreso; Rodrigo Pacheco, el líder del Senado; y Rosa Weber, la magistrada que encabeza el Supremo. Todos ellos censuraron, en una nota conjunta, el ataque frontal a las instituciones, sin precedente desde el golpe de Estado de 1964 que dio paso a dos décadas de dictadura.
«Los poderes de la república, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988, rechazaron los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas que sucedieron en la tarde de ayer en Brasilia», reza un comunicado emitido por los líderes institucionales.
Después de esa reunión, Lula da Silva tenía previsto entrevistarse con los gobernadores de todos los Estados del país, con la cúpula judicial, y también con el Estado Mayor del Ejército.
Intervención en la capital
Antes, en la noche del domingo, el presidente había anunciado la intervención del Distrito Federal, donde se encuentra la capital, acogiéndose a una cláusula prevista en la Constitución. De esta forma, hizo que el mando de la seguridad pública de la capital pasase a manos de Ricardo Cargía Capelli, un interventor designado por el mismo presidente.
Casi al mismo tiempo, Alexandre de Moraes, el magistrado del Supremo convertido en el máximo objetivo de la ira de los seguidores más radicales de Bolsonaro, al haber avalado, como líder del Tribunal Superior Electoral, la elección de Lula, suspendió de su cargo durante 90 días al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, aliado del expresidente ultraderechista y señalado por no haber hecho lo suficiente para parar la irrupción en las sedes de poder.
Moraes decretó también el desalojo de los campamentos de bolsonaristas radicales apostados frente a cuarteles militares de todo el país y que reclaman una intervención militar contra la ajustada elección de Lula en los comicios de noviembre que, sin presentar prueba creíble alguna, consideran fraudulentos.
Durante la jornada del domingo y el lunes se produjeron más de 300 arrestos de personas que habrían participado en las incursiones a los edificios y que podrían afrontar hasta 15 años de cárcel por diversos delitos.
Los más acérrimos seguidores del expresidente ultra abandonaron también decenas de improvisados campamentos frente a cuarteles en otras regiones del país, tras los sucesos de Brasilia y la respuesta de las autoridades. Aquellos que no dejaron voluntariamente las concentraciones fueron desalojados este lunes en al menos seis estados.
El destino del exmandatario
El líder ultraderechista permanece, mientras tanto, en Orlando, EE.UU., a donde viajó apenas dos días antes de la toma de posesión de Lula, el 1 de enero.
Desde allí condenó el domingo de forma tibia el asalto a las sedes del poder de Brasil. «Las manifestaciones pacíficas, que siguen la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, los ataques e invasiones a edificios públicos como los ocurridos hoy, así como las practicadas por la izquierda en el 2013 y el 2017, están fuera de la ley», señaló el expresidente desde su refugio en territorio estadounidense, dos años después del asalto al Capitolio de ese país por seguidores del exmandatario Donald Trump, uno de sus máximos valedores políticos.
