Incluye penas para los organizadores de hasta seis años de cárcel
30 dic 2022 . Actualizado a las 17:54 h.El Parlamento italiano aprobó hoy un polémico decreto propuesto por el Gobierno de la primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, contra las fiestas rave,que ha sido calificado en un principio de liberticida y cuya ratificación requirió una maratoniana y bronca sesión.
El decreto anti rave, que debía ser aprobado inevitablemente hoy para no expirar, recibió finalmente el apoyo de 183 diputados, los de la mayoría derechista, y el rechazo de 116, la oposición, mientras que un legislador se abstuvo.
Su aprobación definitiva, tras la obtenida el 13 de diciembre en el Senado, requirió una larga sesión que comenzó en la tarde de ayer, jueves, y se extendió durante toda la pasada noche, excepto por una hora de pausa a las 7 de la mañana para desinfectar el aula.
Para ello, el presidente de la Cámara de los Diputados, Lorenzo Fontana, de la ultraderechista Liga, tuvo que aplicar la conocida como «guillotina», un procedimiento dirigido a limitar los tiempos del debate parlamentario para llegar rápido a la votación final.
Esto porque la oposición de centroizquierda había intentado obstaculizar su tramitación, pidiendo turno para intervenir para 134 parlamentarios, casi todos del Partido Demócrata.
Teniendo en cuenta que cada diputado disponía de 10 minutos para hablar, el debate se habría prolongado durante 22 horas, por lo que Fontana decidió acabar con esta situación y convocar la votación, lo que suscitó la protesta de la oposición desde sus escaños.
El decreto fue aprobado el pasado 31 de octubre, una semana después de la formación del Gobierno de Meloni, después de que el fin de semana precedente miles de jóvenes italianos y europeos se congregaran en Módena (norte) en una rave o fiesta ilegal.
En la primera versión del documento, se preveían penas de entre tres y seis años de prisión y multas de hasta 10.000 euros a quienes «organizaran o promovieran» estas fiestas.
Asimismo, se introducía en el Código Penal italiano una nueva tipología de delito sobre «la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública».
La oposición y varias organizaciones protestaron en bloque por ver esta definición delictiva como «liberticida» y contraria al derecho de reunión o de manifestación, por lo que el Gobierno optó por reformular el decreto, logrando su primera aprobación en el Senado.
La nueva formulación reserva las mismas sanciones a «quienes organicen o promuevan la invasión arbitraria de terrenos o edificios, públicos o privados, para realizar reuniones musicales o con otros objetivos para el entretenimiento».
Pero cuando esta «invasión» suponga «un peligro concreto para la salud pública» por el «incumplimiento de las normas en materia de sustancias estupefacientes o de higiene de los espectáculos y de las manifestaciones públicas».