El real decreto de Envases y Residuos, ya publicado en el BOE, pone coto al agua envasada en espacios públicos, hostelería o partidos
29 dic 2022 . Actualizado a las 09:09 h.El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto de Envases y Residuos de Envases, aprobado el martes por el Consejo de Ministros y que, entre otras acciones, busca impulsar el uso del agua potable no envasada en espacios públicos, restaurantes, conciertos o partidos para reducir el uso de botellas de plástico de un solo uso.
La norma busca reducir la cantidad y el impacto de los residuos de envases en el medio ambiente con acciones para reducir su peso un 13 % en 2025 y un 15 % en 2030, respecto al 2010; o que todos los envases puestos en el mercado sean reciclables en el 2030 y, siempre que sea posible, reutilizables, entre otras.
La meta, reducir un 20% en el 2030 el número de botellas para bebidas de plástico de un solo uso comercializadas respecto a 2022.
En esta línea, el real decreto recoge que los organismos públicos fomentarán el consumo de agua potable en sus dependencias mediante fuentes o el uso de envases reutilizables, sin perjuicio de que en los centros sanitarios se pueda vender en envases de un solo uso.
Los establecimientos de hostelería y restauración ofrecerán «siempre» a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita, de forma complementaria a su oferta de bebidas. Esta medida específica entra ya en vigor este jueves.
Julio del 2023, fin a los vasos de un solo uso en eventos públicos
A partir del 1 de julio de 2023, los promotores de eventos festivos, culturales o deportivos, tanto públicos como privados, implantarán alternativas a la venta y distribución de bebidas en envases y vasos de un solo uso, garantizando, además, el acceso a agua potable no envasada.
En el caso de que los promotores opten por la distribución de bebidas en vasos reutilizables y cobren un depósito por cada uno de ellos, deberán habilitar los mecanismos necesarios para garantizar su devolución al consumidor cuando haya retornado el vaso.
Venta de frutas y verduras a granel
En la línea de reducir el números de envases que acaban en la basura o en los espacios naturales, el real decreto contiene medidas para impulsar la venta de frutas y verduras a granel y que el consumidor pueda llevar sus propios envases a la compra.
Entre otras obligaciones, establece que los comercios de alimentación de 400 o más metros cuadrados destinarán al menos el 20?% de su área de ventas a productos sin embalaje primario (venta a granel o en envases reutilizables), lo que conllevará elevados costes de restructuración para muchas tiendas.
Sistemas de retorno para botellas, latas o cartón para bebidas
Cuando se incumplan los objetivos de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso previstos en la Ley de Residuos, los productores que introduzcan en el mercado botellas de plástico de un solo uso de hasta 3 litros deberán establecer en el plazo de 2 años un sistema de depósito, devolución y retorno.
Entre las bebidas incluidas en esta medida están aguas minerales y de manantial, zumos, néctares, mezcla de frutas y hortalizas recién exprimidas, concentrados para disolución, bebidas refrescantes, energéticas, isotónicas y alcohólicas.
Para garantizar la viabilidad de la implantación de estos sistemas, además de las botellas de plástico, se incluirán latas y envases de cartón.
Esta obligación se podrá cumplir mediante sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
Los productores soportarán el primer pago del depósito, que será fijado libremente por los sistemas de responsabilidad en cuantía igual o superior a los 10 céntimos de euros por cada envase.
Los diferentes canales de venta pagarán a los productores el depósito en el momento de la transacción y lo trasladarán hasta el consumidor final, que lo recuperará en el momento de la devolución del residuo de envase en cualquiera de las formas establecidas por el sistema.
Además del depósito, los productores deberán aportar al sistema la financiación necesaria para garantizar su funcionamiento, así como la adecuada gestión de los residuos.
Los comerciantes o distribuidores de las citadas bebidas tendrán que participar en los sistemas de depósito, devolución y retorno que se establezcan en las condiciones acordadas con los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, pudiendo prever condiciones específicas para los comercios con una superficie útil para la exposición y venta al público igual o menor de 120 metros cuadrados.
Entre otras normas, los comercios de 300 metros o más estarán obligados desde el 1 de enero de 2023 a informar a sus clientes de los impactos ambientales y de sus obligaciones a la hora de gestionar los residuos de envases cada vez que adquieran productos.
Los fabricantes ven difícil cumplir los objetivos y alertan de pérdida de competitividad
La plataforma EsPlásticos, que aglutina al sector del plástico en España, ha denunciado la «presión» que supondrá para el sector y la economía española la aplicación del Real Decreto de Envases que entrará en vigor este jueves porque arriesga la competitividad de España frente a otros países de la UE e insta al Gobierno a retrasar un año la entrada en vigor del nuevo impuesto a los envases de plástico para no incrementar aún más el precio de los alimentos.
El sector, que acata la nueva normativa, advierte, no obstante, de las dificultades para lograr su cumplimiento, ya que establece una reducción del 20 % del número de botellas de plástico de un solo uso en 2030 respecto a 2022. En su opinión, «puede haber dificultades para cumplirlos» y alerta de que su sustitución por envases fabricados con materiales alternativos puede generar «un impacto mayor en huella de carbono de acuerdo a los estudios de ciclo de vida».
En cuanto a los objetivos nuevos de reutilización, EsPlásticos los ve «ambiciosos» pero apuesta por que de momento se consideren «aspiracionales» hasta que se establezcan a nivel europeo con el fin de evitar el impacto económico negativo que exigiría un cambio en el modelo de negocio de las empresas que, en su mayoría son pymesque podrían ver comprometida su competitividad. En todo caso, la plataforma sectorial indica que seguirá trabajando en estos objetivos para que supongan «el menor impacto posible» para el sector.
Asimismo, alerta del impacto de prohibir envases para frutas y verduras en comercios minoristas para cantidades inferiores a 1,5 kilogramos ya que esto afectará «salvo contadas excepciones» a todo tipo de envasados y no solamente a los plásticos.
En ese sentido, destaca que el dictamen del consejo de Estado aconsejaba evaluar la proporcionalidad como la viabilidad antes de hacer efectivo su cumplimiento de esta obligación que afecta directamente al pequeño comercio.
EsPlásticos defiende igualmente que los envases de plástico para frutas y verduras cumplen una función de prevención higiénico-sanitaria y de seguridad alimentaria, trazabilidad y control que contribuye a alargar la vida de los alimentos.
En definitiva, piden una norma armonizada a nivel europeo e insiste en que durante toda la elaboración del Real decreto, el sector ha pedido que las medidas nacionales estuvieran armonizadas con Europa para evitar brechas en el mercado único y que España perdida competitividad respecto a otros países.
Insiste así el sector en que la nueva regulación afectará a las pymes y a los precios de los productos españoles, al tiempo que la sustitución de unos materiales por otros en la cadena de valor hará difícil el cumplimiento de los objetivos de reducir la cantidad de residuos procedentes de los envases.
El portavoz de EsPlásticos, Luis Cediel, celebra que en el Real Decreto se han tenido en cuenta muchas de las propuestas de la industria y del propio sector pero, aún así, considera que la normativa «aumentará la presión de un sector que ya de por sí se encuentra muy regulado y necesita estabilidad y certidumbre para poder hacer las inversiones adecuadas, a lo que se suma además el nuevo impuesto que entrará en vigor el año que viene.
Ese impuesto, según explica, solo se aplicará en España a partir del 1 de enero, por lo que pide retrasar un año su entrada en vigor para «no incrementar más aún» los precios de los alimentos y dar un tiempo tanto a las empresas como a la administración para prepararse de forma adecuada para su correcta implantación.
