Sánchez llama a la serenidad, pero anuncia «firmeza» en la respuesta al Constitucional
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Los socios del Gobierno descartan desobedecer al tribunal y reclaman una actuación conjunta
20 dic 2022 . Actualizado a las 20:43 h.«En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y también firmeza». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acató este martes con calma la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las enmiendas con las que el Ejecutivo pretendía reformar la ley del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. Sánchez dejó claro no obstante que no comparte la medida adoptada por el tribunal de garantías y prometió que «conforme a la ley y la Constitución», el Gobierno adoptará «cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional», para que sea respetada la Constitución y «la voluntad popular expresada en las elecciones de 2019». Pero no aclaró cuáles serán esas medidas.
Sánchez carga contra el PP
El Gobierno no quiere precipitarse en la respuesta a una decisión que impide la reforma judicial exprés impulsada por la coalición, pero que permite que el Senado apruebe este jueves la derogación del delito de sedición y la reforma a la baja del de malversación. Sánchez compareció en la Moncloa para culpar al PP de la paralización de una ley en plena tramitación. Una situación que, según dijo, no tiene precedentes ni en España ni en ningún país europeo.
Lo que ha ocurrido refleja, según Sánchez, «el propósito del PP de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas», en referencia al Constitucional y el CGPJ. Ante ello, garantizó la serenidad «en el estricto cumplimiento de la ley» y «firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones».
Eludió esta vez cargar contra los magistrados del Constitucional y centró sus ataques en el PP. Según indicó, la decisión del alto tribunal «tiene su origen en que el PP, cuando perdió las elecciones, decidió incumplir el mandato constitucional». Algo que produjo el bloqueo del CGPJ y del Constitucional, «con el único objetivo de mantener una composición más favorable para su orientación». Admitió que lo sucedido es un hecho «grave», ya que «por primera vez se impide a los parlamentarios que desarrollen su labor de representación de la voluntad popular». «Comprendo la indignación de muchos demócratas, y la preocupación de la ciudadanía, que contempla un choque institucional tan grave» añadió, lanzando un mensaje de tranquilidad porque «España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema tiene mecanismos que superar esta situación».
Las posibilidades del Gobierno para sacar adelante las reformas que planteaba pasan por presentarlas como una proposición de ley, y no como una enmienda a la reforma del Código Penal, que es a lo que se ha opuesto el Constitucional. Pero, para acabar con el bloqueo en el CGPJ, el Gobierno descarta retomar la fórmula de rebajar la mayoría de tres quintos requerida ahora en el Congreso para nombrar a los vocales por una mayoría absoluta. Algo que permitiría al Ejecutivo y sus socios parlamentarios hacer los nombramientos sin contar con el apoyo del PP. Unidas Podemos sí respaldó esa vía y dijo ver más receptivo al PSOE para solucionar así el bloqueo.
UP descarta la desobediencia
Los aliados del Gobierno respondieron también con cautela a la decisión del Constitucional y reclamaron una actuación conjunta de los grupos que forman la mayoría de investidura. Unidas Podemos descartó la posibilidad de desobedecer al alto tribunal, como había sugerido el pasado martes, aunque reclamó un «frente democrático social». Su portavoz, Pablo Echenique, dijo que Sánchez había «zanjado» la cuestión de la desobediencia.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, señaló que la decisión del Constitucional es «subsanable» y que la desobediencia «sin un plan» solo es «confeti». La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, exigió una respuesta «rápida y conjunta» de la mayoría parlamentaria plurinacional. Desde el PNV, su portavoz, Aitor Esteban, recalcó que la decisión del Constitucional es «una injerencia inaceptable en el procedimiento parlamentario» que solo se puede abordar con consenso.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, instó a la mayoría progresista a presentar reformas legales que permitan renovar los órganos judiciales y relevar con ello a los «magistrados en rebeldía» del Tribunal Constitucional.
