El Tribunal de Cuentas mantiene la causa a unos 30 secesionistas aunque se cambie la malversación
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Puigdemont comparecerá como testigo en un proceso en el que también está acusado de desviar fondos para el «procés»
17 dic 2022 . Actualizado a las 10:52 h.El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont comparecerá como testigo ante el Tribunal de Cuentas en el juicio por el procedimiento que se sigue contra una treintena de ex cargos del Gobierno catalán, incluido él mismo, por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior enmarcada en el procés. Es de imaginar que comparecerá por videoconferencia.
Sin embargo, la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, rechazó en la vista de ayer que comparezca el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien «certificó la corrección de las cuentas públicas». Y desestimó el argumento de la defensa de Puigdemont de que el procedimiento debe suspenderse por su inmunidad como eurodiputado. Pero también de las defensas de Artur Mas y del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
El proceso abierto en el Tribunal de Cuentas por el uso indebido de fondos públicos para destinarlos al procés, tanto para el referendo del 1 de octubre del 2017 como para la promoción del independentismo en el exterior está al margen de la reforma del delito de malversación, en pleno trámite parlamentario. Elena Hernáez lo dejó ayer claro al asegurar que este proceso contable es independiente del proceso penal del Tribunal Supremo y de otros juzgados. Es más, aunque en estos hubiera una absolución sería independiente de este proceso de responsabilidad contable, señaló.
Por otra parte, la Fiscalía ha rebajado en 336.143,34 euros la demanda contra la treintena de ex cargos de la Generalitat en la que reclamaba 3,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el presunto desvío de fondos, recoge Europa Press. La rebaja responde a que el Ministerio Público ha desistido de reclamar el importe de una presunta irregularidad en una campaña, con lo que el importe reclamado quedaría en 3,1 millones.