Boluarte impone el estado de emergencia en un Perú convulso

Héctor Estepa
héctor estepa RÍO DE JANEIRO / E. LA VOZ

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Policías vigilan una manifestación en Arequipa (Perú)
Policías vigilan una manifestación en Arequipa (Perú) José Sotomayor | EFE

La Fiscalía pide para Castillo 18 meses de prisión preventiva

15 dic 2022 . Actualizado a las 09:09 h.

Arrecia la tensión en Perú. El expresidente Pedro Castillo continuará detenido hasta que la Justicia decida si aprueba la solicitud de la Fiscalía de decretar 18 meses de prisión preventiva contra él, destituido el miércoles pasado y acusado de rebelión y conspiración, tras haber dispuesto la disolución del Congreso y la reestructuración del sistema judicial, una acción tachada por la gran mayoría de actores políticos de autogolpe de Estado.

Los jueces esperan tomar una decisión este jueves, mientras que en las calles siguen las manifestaciones, que dejan siete muertos y centenares de heridos, en demanda del cierre del impopular Congreso que destituyó al exmandatario —es rechazado por un 86 % de la población— y la celebración de elecciones con poderes constituyentes de forma inmediata.

«El sector golpista, explotador y hambreador hoy quiere callar a mi pueblo», habría expresado el exmandatario en una carta manuscrita publicada este miércoles en sus redes sociales, medio por el que también habría calificado como «usurpadora» a la presidenta, la izquierdista Dina Boluarte, vicepresidenta de su Gobierno.

«Yo lo conozco. Hemos conversado varias veces, nos hemos abrazado y a veces llorado por las situaciones que aparecían. No creo que sean sus palabras», dijo la mandataria, quien añadió que el expresidente está siendo «utilizado y manipulado» en el lugar de su detención, la Dirección de Operaciones Especiales donde ha recibido más de 130 visitas.

El Gobierno de Boluarte decretó este miércoles el estado de excepción por 30 días en todo el territorio nacional, tras el recrudecimiento de las protestas, que mantienen bloqueadas siete decenas de rutas viales, en especial en el sur.

«Con esta medida buscamos garantizar el orden, la continuidad de actividades económicas y la protección de millones de familias», señaló el nuevo ministro de Defensa, Alberto Otárola, mientras las fuerzas militares comenzaban a desplegarse en puntos de Arequipa y Andahuaylas, dos de los mayores focos de las protestas.

Para tratar de aplacarlas, Boluarte envió el lunes un decreto ley al Congreso con el objetivo de adelantar las elecciones a abril del 2024, fecha que quienes protestan en las calles ven remota. Este miércoles sugirió que el plazo podría acortarse a diciembre del 2023, y subrayó que legalmente no pueden celebrarse antes.