El expresidente de Perú, Pedro Castillo, en prisión tras disolver el Congreso e intentar un autogolpe de Estado
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Su vicepresidenta, Dina Boluarte, ha jurado como jefa de Estado. El Parlamento aprobó una moción de censura contra el mandatario por incapacidad moral
08 dic 2022 . Actualizado a las 10:33 h.Caos en Perú. El hasta ahora presidente izquierdista Pedro Castillo anunció a primera hora de la tarde del miércoles la disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de excepción provisional, y la reorganización del poder judicial, decisión calificada por la práctica totalidad de la política peruana como un «autogolpe» de Estado, horas antes de la votación de una moción de destitución en su contra por casos de corrupción. Esa ruptura del orden constitucional fue finalmente abortada apenas una hora después del discurso de Castillo.
El Congreso lo destituyó a los pocos minutos, mediante un procedimiento de urgencia, con el voto a favor de 101 congresistas, apenas seis votos en contra y 11 abstenciones de parte de la bancada de Perú Libre, el partido que le llevó al poder.
Las Fuerzas Armadas repudiaron pronto la decisión de Castillo, mediante un comunicado, y fue cursada una orden de detención.
El ya ex presidente fue arrestado por la Policía Nacional después de salir, a la carrera, del palacio de Gobierno, junto a su familia, y pasadas las tres y media de la tarde juró como nueva mandataria la hasta ahora vicepresidenta, la izquierdista Dina Boluarte, que se convirtió en la turbulenta jornada en la primera presidenta mujer de la historia del país andino.
«Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley», dijo tras conocer la decisión de Castillo la nueva mandataria, surgida también de las filas de Perú Libre, pero expulsada en enero por no abrazar el ideario del partido, según ella declaró entonces.
La intención del hasta este miércoles presidente, que mantuvo una disputa con el Congreso, de mayoría conservadora, desde el mismo día de su asunción, a mediados del 2021, era convocar elecciones a un Legislativo que redactara una nueva Constitución en nueve meses, algo que no está entre las prioridades de los peruanos, y gobernar hasta entonces vía decreto, según él mismo expresó en su alocución.
«Se declara en reorganización el sistema de Justicia, el poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional», dijo, en una acción que se pareció mucho a la llevada a cabo por el autócrata Alberto Fujimori en 1992, frente al anterior cierre del Legislativo, en el 2019, llevado a cabo por el expresidente Martín Vizcarra.
La acción fue inmediatamente repudiada por la práctica totalidad de la política peruana. «Perú Libre no apoyará el golpe de Estado en marcha, estamos en contra del hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo», dijo Vladimir Cerrón, el líder de la formación ultraizquierdista, antes de que el presidente del Constitucional calificase también la decisión del entonces mandatario como un golpe.
Castillo había sido acusado por la Fiscalía de liderar, en el seno de su Gobierno, una organización criminal responsable de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, cargos que afectan también a varios de sus familiares. El mandatario ha negado siempre las acusaciones, denunciando un «golpe» en su contra a través de los tribunales.
A última hora de este miércoles se producían manifestaciones a favor y en contra de Castillo en un país hastiado de su clase política, en el que buena parte de los presidentes desde 1985 han sido acusados, encarcelados, o se encuentran en busca y captura por casos de corrupción. El exmandatario era rechazado por alrededor del 75 % de la población al momento de su destitución, pero el Congreso también es deplorado por más del 80 % de los ciudadanos, según sondeos, en un país en constante crisis política que cuenta ya seis presidentes en el último lustro.
Castillo, trasladado a la prisión donde se encuentra el expresidente Fujimori
Agencias / Europa Press
El expresidente de Perú Pedro Castillo era trasladado durante la noche a la prisión de Barbadillo, en Ate, después de que la Fiscalía haya abierto diligencias contra él por rebelión y conspiración.
Tras permanecer varias horas en la sede de la Prefectura en Lima, el exmandatario ha salido acompañado por un fuerte operativo policial.
Castillo ha estado en la comisaría de Los Cibeles, para finalmente ser trasladado en helicóptero a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), en el distrito de Ate, donde estará 48 horas y donde también se encuentra recluido el expresidente peruano Alberto Fujimori.
Según el parte policial de detención de Castillo, el exdirigente se dirigía a la Embajada de México en compañía de su abogado -el ex primer ministro Aníbal Torres- y su familia.
La Fiscalía, por su parte, ha realizado operativos simultáneos en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios, en busca de pruebas contra el expresidente Castillo. Según informó Ministerio Público a través de Twitter, el objetivo de los operativos es «recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al expresidente» por la presunta comisión del delito de rebelión.
Hasta la sede presidencial, ubicada en el centro histórico de Lima, llegaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal superior Marita Barreto, quien coordina el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, acompañadas de varios agentes policiales, según informa Efe. El fiscal adjunto supremo Marco Huamán es quien dirige la diligencia en el Palacio de Gobierno, «donde se están lacrando documentos y algunos equipos de cómputo, como parte de la investigación».