Sánchez elige al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a Laura Díez para el Constitucional
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El Ejecutivo no espera a que el CGPJ haga sus nombramientos. Podemos y el PP coinciden en rechazar los nombres elegidos por el Ejecutivo
30 nov 2022 . Actualizado a las 14:33 h.«La paciencia tiene un límite». Así justifican en el ala socialista del Gobierno la decisión de designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial elija a otros dos vocales. La elección del Ejecutivo se prevé polémica porque los escogidos son el exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo y Laura Díez, exdirectora general de Asuntos Constitucionales de la Moncloa.
El Gobierno se defiende de las críticas por la politización de la Justicia asegurando que el PP nombró vocal hace años al exdiputado popular Andrés Ollero y que el expresidente del Constitucional Francisco Pérez de los Cobos admitió ser militante del PP.
«Consideramos que son dos perfiles absolutamente idóneos. Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio de la Administración desde distintos puestos», señaló el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al anunciar los nombramientos tras el Consejo de Ministros, añadiendo además que el Constitucional «no es un órgano judicial».
Pero los nombramientos no son polémicos solo por el perfil de los elegidos, sino también por el hecho de que el Ejecutivo los haga sin esperar a que el CGPJ haga los suyos, cuando la Constitución indica que los miembros del tribunal de garantías «serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres». Es decir, que deben nombrarse cuatro vocales cada vez. El Gobierno achaca su decisión de precipitar sus nombramientos al bloqueo que mantienen los vocales conservadores del CGPJ, que impide que este órgano cumpla con su deber constitucional de designar a sus dos vocales.
Cambio de mayorías
Frente a los juristas que aseguran que el Gobierno no puede hacer esos nombramientos en solitario, Bolaños aseguró que existe jurisprudencia que avala su decisión porque el retraso de un órgano en cumplir su deber no puede implicar que también lo haga otro.
Los dos vocales que deben ser relevados son el actual presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, ambos del sector conservador. De salir adelante los nombramientos del Gobierno, la actual mayoría conservadora en el Constitucional de 6-5 frente a los progresistas se invertiría y pasaría a ser de 7-4 a favor de los progresistas, ya que hay un magistrado conservador que dimitió y no ha sido sustituido. Incluso en el caso de que este sea relevado por un juez conservador, la mayoría sería de 7-5 para los progresistas.
Pero la viabilidad inmediata de los nombramientos del Gobierno no está garantizada, ya que previsiblemente serán recurridos al no hacerse conjuntamente con los dos del CGPJ. En ese caso, sin embargo, González-Trevijano y Narváez serían recusados y la decisión quedaría en manos de una mayoría progresista.
Pero, además, el pleno del Tribunal Constitucional decidió este martes no tratar la idoneidad de Campo y Díez, preceptiva para su validación, a la espera de que el CGPJ haga sus nombramientos para que los cuatro aspirantes sean examinados conjuntamente. En el Constitucional esperan que el CGPJ acabe pronto con la situación de bloqueo y haga sus nombramientos en las próximas semanas. La intención es evitar una crisis institucional que lleve a un nuevo choque del CGPJ con el Ejecutivo.
Feijoo critica el «nuevo asalto a las instituciones» y el PP advierte de que «no pasará desapercibido» en la UE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, cargó duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras lo que consideró como un «un nuevo asalto a las instituciones». Indicó que ahora «queda claro por qué se negaron a despolitizar el Poder Judicial y bloquearon un acuerdo». «No sé cómo pasará a la historia este Gobierno, pero sí sé que será recordado como el peor de la democracia con solo hacer repaso a algunas de sus actuaciones», afirmó Feijoo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. El líder popular aludía así a la frase de Sánchez, que este lunes afirmó que pasará a la historia por «haber exhumado a Francisco Franco del Valle de los Caídos».
Según el jefe de la oposición, los nombramientos del Gobierno son «un nuevo asalto a las instituciones», al «colocar» en el Constitucional «a un ministro y a una asesora».
La secretaria general del PP, Cuca Gamarrra, denunció lo que consideró como una «intervención» del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Tribunal Constitucional nombrando a dos personas que «han formado parte del Gobierno en esta legislatura». Tras asegurar que esto no pasará «desapercibido ante los ojos de la Unión Europea», avanzó que el PP «cumplirá con su responsabilidad» de defender la separación de poderes porque esto «no se ha visto» en ninguna democracia europea.
Gamarra insistió en que con esas designaciones el Gobierno «se nombra a sí mismo magistrado del Tribunal Constitucional». «No cabe mayor intervención por parte del Ejecutivo en el alto tribunal. Esto sinceramente no se ha visto y creo que no se verá en ninguna democracia europea», ha enfatizado.
La número dos del PP resaltó que Sánchez entra «por la puerta grande del máximo órgano de garantías constitucionales», que tiene también como «responsabilidad controlar la propia constitucionalidad de los actos del Gobierno».
El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, que fue el negociador con el Gobierno para renovar el CGPJ y el Constitucional, acusó al Gobierno de atacar a la división de poderes. González Pons enfatizó que ni Campo ni Díez son «idóneos» para el Constitucional y que, además, ambos se tendrán que abstener de «cualquier decisión» que tenga que ver con las leyes aprobadas por este Gobierno.
Unidas Podemos tacha de «cínico» elegir a Juan Carlos Campo mientras se veta a Rosell
La decisión de Sánchez cosechó críticas no solo en la oposición, sino también entre sus socios de Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios. El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, tachó de «cínico» el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo, que calificó de «puerta giratoria», cuando se había vetado a la jueza Victoria Rosell, propuesta por su formación para el CGPJ. Asens confirmó que se enteraron de los nombramientos el lunes por la noche y que no habían sido consultados para llevarlos a cabo.
También el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, fue explícito al respecto al criticar que «chirrían» los nombres escogidos para el Constitucional, aunque respeta el criterio del Ejecutivo. A su vez, el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, criticaron también el perfil de Campo, aunque dejaron claro que el PP tampoco puede dar lecciones de ejemplaridad en esta materia. «El Gobierno ha perdido una buena oportunidad para interrumpir la costumbre del bipartidismo», dijo Errejón.
Juan Carlos Campo: El muñidor de los indultos y de la reforma de la sedición
Fue ministro de Justicia en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos desde enero del 2020 hasta julio del 2021
R. C.
El presidente del Gobierno ha promovido al tribunal que vela por la constitucionalidad de las leyes españolas a un sanchista de primera hora que, hasta su salida del Gobierno sustituido por Pilar Llop, tuvo en sus manos dos medidas de carácter jurídico con una muy relevante proyección política: los indultos a los políticos catalanes presos por el procés, con Oriol Junqueras a la cabeza, y la reforma del delito de sedición.
Fue Campo quien diseñó las medidas de gracia concedidas hace año y medio a los líderes del independentismo encarcelados por la intentona rupturista de 2017 y quien dejó también preparada la posible modificación de la sedición. Finalmente, y sobre este último cambio legislativo, Sánchez ha ido más allá de lo que en apariencia había dejado preparado su exministro al proceder no ya a una rebaja del delito por el que fueron condenados los secesionistas, sino a su derogación.
Campo, ministro de Justicia en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos desde enero del 2020 hasta julio del 2021, nació en la localidad sevillana de Osuna hace 60 años, es magistrado y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial entre el 2001 y el 2008, secretario de Estado de Justicia del 2009 al 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, como diputado por Cádiz, portavoz de justicia del PSOE en el Congreso en tres legislaturas.
Sin ser un sanchista pata negra, se decantó por el hoy presidente del Gobierno en la disputa con Susana Díaz. Esta toma de partido le costó quedar excluido de las listas para las elecciones generales en el 2015, pero Sánchez impuso que fuera incluido en la candidatura por Cádiz.
Laura Díaz: Un ex alto cargo de Moncloa bajo las órdenes de Carme Calvo y Félix Bolaños
Nacida en Barcelona, hace 52 años, es catedrática de Derecho Constitucional y doctora en Derecho
La Voz
Laura Díaz, de 52 años y nacida en Barcelona, tiene un perfil menos político que Juan Carlos Campo, aunque su trayectoria profesional está vinculada al Gobierno de Sánchez. Ha ejercido como directora general bajo las órdenes de Carmen Calvo y Félix Bolaños durante dos tercios de la legislatura, más de dos años.
Catedrática de Derecho Constitucional y doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, pocas semanas después del desembarco de Pedro Sánchez en Moncloa, tras la moción de censura de junio del 2018, fue nombrada directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, entonces José Antonio Montilla Martos.
En el Gobierno de coalición fue aupada a directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en el Ministerio de la Presidencia, hasta abril del 2022. Y unas semanas después pasó a formar parte del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, nombrada por el Parlamento de Cataluña, y hoy es vicepresidenta de este organismo.
Con anterioridad entre el 2002 y el 2004 fue asesora de la Generalitat con los Gobiernos de Jordi Pujol y Pasqual Maragall. También ha estado en calidad de experta a algunos proyectos de la Comisión Europea desde el 2010.