«Pasamos 30 años siendo asesinados e importan más los derechos de la gente honrada»
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El presidente de El Salvador defiende su guerra a las pandillas, que dispara su popularidad, a pesar de las críticas
13 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Decenas de presos hacinados en la misma celda. Apenas dos tortitas de maíz para comer al día. El lugar para defecar es un contenedor que sólo se limpia cuando está lleno. Son denuncias recogidas por la oenegé Cristosal sobre la situación de las prisiones de El Salvador.
Crece la preocupación en el país por el precario estado de los centros de detención, a reventar después de que el Gobierno de Nayib Bukele haya detenido en siete meses a más de 57.000 presuntos pandilleros, entre denuncias de transgresiones a los derechos humanos, mientras la violencia en las calles se reduce y se dispara la popularidad del presidente, que tiene el apoyo del 86% de los votantes.
«En este país pasamos 30 años asesinados, torturados, violados, amenazados, viviendo en zozobra, y nadie dijo nada, pero ahora agarran a los que matan, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada», señaló recientemente el líder salvadoreño.
Bukele consiguió en marzo que el legislativo, donde cuenta con una holgada mayoría, aprobase el estado de excepción —que cuenta con el apoyo del 75,9 % de la población—, después de que se produjesen 88 asesinatos en tres días. La medida supuso que las autoridades pudiesen arrestar sin orden judicial, suspendió el derecho a la defensa y extendió el plazo de detención preventiva.
Inmediatamente después, se sucedieron cientos de operativos en los que se detuvo a cualquier sospechoso de ser pandillero. En muchas ocasiones, de manera arbitraria por el hecho, por ejemplo, de tener un tatuaje.
Condiciones inhumanas
La sociedad civil salvadoreña registra, al menos, 80 arrestados muertos en las cárceles tras la aprobación del estado de excepción sin haber sido declarados culpables. El motivo del fallecimiento de muchos de ellos ha sido descrito como «edema pulmonar», aunque las oenegés creen que, en muchas ocasiones, las muertes se deben a las ínfimas condiciones de salubridad o golpizas de las autoridades —el Gobierno lo niega— u otros presos.
«Las cárceles, lejos de cumplir con el fin preventivo especial de la resocialización, se han caracterizado por exhibir hacinamiento, insalubridad, desnutrición, enfermedades, epidemias y carencias de materiales de todo tipo», señala en un informe la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
La saturación de las prisiones, que operan al triple de su capacidad, y la opacidad del Gobierno genera críticas.
El Salvador se ha negado a acudir a dos audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los efectos del estado de excepción en el país centroamericano. «¿Qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando al pueblo salvadoreño?», se preguntó Bukele esta semana.
El Gobierno no cree que los pandilleros presos tengan derecho de reinserción. «Todo al que se le compruebe que es pandillero no va a volver a salir de la cárcel», declaró recientemente Osiris Luna, viceministro de Justicia, anunciando que el país abrirá en unos meses su nueva mega prisión para encerrar a 40.000 pandilleros.
El Salvador cuenta 235 días sin asesinatos desde que Bukele llegó al poder. Un hito en un país que era considerado como el más violento fuera de zona de guerra, junto a la vecina Honduras.