El BCE alerta de que el impuesto del Gobierno a la banca pone en riesgo el crédito e insta a las entidades a trasladárselo al cliente
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En un dictamen solicitado por el Congreso, el supervisor europeo carga contra el gravamen con el que el Ejecutivo quiere recaudar 3.000 millones en dos años
04 nov 2022 . Actualizado a las 07:52 h.Jarro de agua fría del Banco Central Europeo (BCE) al Gobierno a cuenta del impuesto que pretende imponer a la banca. En un informe emitido por la institución para dar respuesta la pregunta trasladada por el Congreso de los Diputados, el organismo no deja lugar a dudas de su frontal oposición al tributo que el Ejecutivo pretende aprobar antes de que expire el año -se está tramitando como proyecto de ley- y con el que persigue recaudar 3.000 millones entre este 2022 y el 2023.
El dictamen es meramente consultivo, aunque no vinculante, y en él, el supervisor bancario europeo basa su rechazo al impuesto en los efectos nocivos que tendría sobre la concesión de crédito, sobre la competencia y sobre la propia estabilidad financiera y, en consecuencia, sobre el crecimiento de la economía, en un momento de estancamiento y en riesgo de recesión.
«La materialización de riesgos a la baja en el entorno actual puede reducir de manera significativa la capacidad de pago de los deudores. Por lo tanto, el efecto neto de la normalización de la política monetaria sobre la rentabilidad de las entidades de crédito podría ser posiblemente menos positivo, o incluso negativo, en un horizonte temporal prolongado», señala el informe, alertando de que «esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos».
Al final debe pagarlo el cliente
Del mismo modo, también plantea que los bancos repercutan en sus clientes el gravamen, encareciendo el coste de los créditos, algo que el Ejecutivo ha querido impedir que ocurra, incluyendo en la redacción de la norma que hacerlo constituiría una infracción grave.
Sin embargo, el BCE cree que sí se debe trasladar a los clientes, puesto que en la formación de precios hay que incluir todos los costes, también los fiscales. «El BCE espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda», añade.
Así las cosas, la institución «recomienda» que se acompañe la propuesta legislativa de un «análisis exhaustivo» de las «posibles consecuencias negativas para el sector bancario», detallando especialmente el golpe que supondrá para la rentabilidad de las entidades afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, para garantizar que este tributo de aplicación temporal no afectará a la estabilidad del sistema financiero, a la concesión de crédito ni a la competencia.
Y es que respecto a este último asunto, el BCE llama la atención sobre que el impuesto solo se aplicará a determinadas entidades de crédito (se trata de gravar con un 4,8 % el margen de intereses y las comisiones que cobran los bancos que en el 2019 rebasaron los 800 millones de euros por ambos conceptos). «La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria», subraya el supervisor.
