Hacienda adelanta el impuesto a las grandes fortunas y lo cobrará en el 2023
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Deja sin efecto las bonificaciones autonómicas en el tributo de patrimonio
27 oct 2022 . Actualizado a las 09:26 h.Hacienda tiene prisa por empezar a recaudar el impuesto a las grandes fortunas, que inyectará 1.500 millones de euros al año en el erario. Tanta, que ha pisado el acelerador para aprobar el nuevo tributo y que entre en vigor antes de final de año y así poder exigir su pago en el 2023. De hecho, en el plan presupuestario enviado a Bruselas ya se recoge un primer ingreso el próximo ejercicio lo que, como esta misma semana advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), solo es posible si el impuesto se aprueba antes de final de año. «Para que tenga recaudación en el 2023, tiene que entrar en vigor antes», explicó el director de la División de Análisis Presupuestario del organismo fiscalizador, Ignacio Fernández-Huertas.
Y esa es la intención del ministerio que dirige María Jesús Montero, que inicialmente anunció que el gravamen entraría en vigor el año que viene (lo que retrasaría su cobro al 2024), pero que ahora admite que lo hará ya en este 2022, para que así la primera liquidación se presente la próxima primavera, junto a las del IRPF y el impuesto de patrimonio. El esquema sería similar a los de esos dos gravámenes, que se devengan el 31 de diciembre de cada ejercicio (es el momento en el que nace la obligación de tributar, aunque todavía no se exija el pago) y se liquidan antes del 30 de junio del año siguiente.
Para acelerar la entrada en vigor, el Gobierno quiere introducir el impuesto como una enmienda dentro de la proposición de ley que ya se está tramitando en el Congreso para establecer los tributos extraordinarios a la banca y las energéticas, que también se recaudarán durante los dos próximos años.
Armonización a la fuerza
El nuevo gravamen a las grandes fortunas servirá además al Ejecutivo para armonizar el impuesto de patrimonio y dejar sin efecto las bonificaciones que aplican o han anunciado algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid (que renuncia al 100 % de los ingresos), Andalucía (que iba a hacer lo propio a partir del año que viene) o Galicia (que este año perdona el 25 % de la cuota tributaria y en el siguiente ejercicio bonificará el 50 %).
En realidad, la base imponible y los tipos del nuevo tributo son los mismos que en la escala básica de patrimonio. Para evitar la doble imposición, la cuota de este último gravamen se podrá deducir del de grandes fortunas. Así, en las comunidades en las que no se ha bonificado patrimonio el nuevo impuesto no tendrá impacto en los contribuyentes, que no tendrán que pagar más. Sin embargo, en aquellas donde no se paga o se paga solo una parte, como Galicia, deberán ingresar la diferencia al Estado. De esta forma, solo quienes atesoren una riqueza inferior a 3 millones de euros (el umbral a partir del cual se pagará el gravamen a las grandes fortunas) se beneficiarán el año que viene de las bonificaciones autonómicas en patrimonio.
Así, si Madrid, Andalucía y Galicia mantienen las bonificaciones que tienen aprobadas, el año que viene los más de 1.000 millones de euros que cada año renuncian a recaudar (17 en Galicia) los ingresaría el Estado. De hecho, tanto el Gobierno autónomo madrileño como el andaluz ya han anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional cuando se apruebe la regulación del nuevo impuesto, al entender que invade la autonomía financiera que la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas para organizar sus ingresos y gastos.