Escocia pide permiso al Supremo para celebrar otro referendo sobre la independencia
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Los nacionalistas quieren repetir en el 2023 la consulta que ya perdieron en el 2014
11 oct 2022 . Actualizado a las 21:04 h.La batalla judicial que el nacionalismo escocés ha iniciado para celebrar un segundo referendo sobre la independencia del territorio ha comenzado. El Gobierno de Edimburgo pidió este martes al alto tribunal que le dé luz verde para organizar una nueva consulta, sin la autorización de Downing Street ni del Parlamento de Westminster, por considerar que el deseo de una mayoría de los escoceses es resolver este «enconado» asunto en las urnas.
«Invito al tribunal a resolver finalmente esta cuestión, que es de excepcional importancia pública para el pueblo de Escocia y el del Reino Unido», declaró la fiscala general escocesa, Dorothy Bain, en la primera de las dos vistas que el organismo judicial dedicará a escuchar los alegatos a favor y en contra de la propuesta secesionista.
La jurista afirmó que el tema tiene «un manifiesto respaldo del pueblo de Escocia» y como prueba esgrimió que en las últimas elecciones, el Partido Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) obtuvo la mayoría de los votos y de los cargos en disputa. Sin embargo, reconoció que hay dudas sobre la capacidad legal del Parlamento autonómico de aprobar una ley convocando esta votación, ante la negativa de Londres a pactar la consulta, como ya ocurrió con el anterior referendo, celebrado en el 2014, en el que se impuso el no a la secesión. «Solo este tribunal puede proporcionar un fallo que dé autoridad, certeza y claridad al Gobierno, al Parlamento y al electorado escocés», dijo.
Una gran encuesta
A las preguntas de los jueces sobre el carácter del plebiscito, Bain aseguró que el mismo sería consultivo y no tendría carácter vinculante para el Gobierno británico, sino que sería una especie de «gran encuesta».
«El propósito no sería asegurar la independencia», explicó la jurista, que representa la postura de la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, quien desea celebrar la consulta en octubre del 2023.
«Los términos de la pregunta propuesta son neutrales: '¿Debería ser Escocia independiente?'», agregó la fiscala. Bain pidió a los magistrados no centrarse en las posibles consecuencias políticas del referendo, sino en determinar si es legal que el mismo sea organizado por Edimburgo sin el consentimiento de Londres.
Tras insistir en que la convocatoria de la consulta es un asunto que escapa de las manos de las autoridades escocesas, el abogado del Gobierno británico, James Eadie, pidió al Supremo que deseche el caso, porque no hay ley que analizar. «Existe una jurisprudencia clara y consistente de que no es apropiado que los tribunales se involucren en cuestiones abstractas de derecho hasta que se conozcan los hechos», dijo.
Toca esperar
El presidente del Tribunal Supremo, el magistrado Robert Reed, advirtió que la respuesta a la controversia se demorará durante meses, porque las vistas son solo «la punta del iceberg», ya que él y otros cuatro jueces deberán analizar unos 8.000 folios.
Un eventual fallo a favor de las tesis independentistas abriría las puertas a una segunda consulta el próximo año, una opción que, de acuerdo con la última encuesta de la empresa Savanta ComRes, publicada la semana pasada, sería respaldada por el 45 % de los electores frente al 46 % que la rechazarían.
No obstante, un dictamen en contra tensaría aún más las relaciones entre Londres y Edimburgo. La primera ministra británica, Liz Truss, prometió en el congreso tory que se enfrentará «a los separatistas que amenazan con quebrar nuestra preciosa unión, nuestra familia». Por su parte, la mandataria escocesa ha dicho que convertirá las próximas generales en una consulta no oficial sobre la secesión.
Precisamente al clausurar este lunes el congreso anual del SNP, Sturgeon reafirmó la necesidad de la independencia, alegando que es la única manera «de escapar de los malos manejos de Westminster» y de «reingresar en la Unión Europea».