El Gobierno logra un acuerdo con UGT y CC.OO. para subir un 9,5 % el sueldo de los funcionarios

Fumata blanca, aunque sin consenso. El Gobierno y dos de los tres sindicatos que representan a los trabajadores de la función pública lograron cerrar este lunes el acuerdo que permitirá subir los sueldos de estas plantillas hasta un 9,5 % a lo largo de tres ejercicios (este 2022, el 2023 y el 2024). Tal y como ya venían anticipando desde el pasado jueves, CC.OO. y UGT dieron luz verde a la subida que les presentó el Ministerio de Hacienda en la segunda jornada de reuniones, un texto que mejoraba algo las alzas presentadas en el primer acercamiento que ambas partes tuvieron el miércoles. CSIF se enrocó en su postura de la semana pasada. El otro sindicato mayoritario rechazó la propuesta al considerar que «se queda corta» y que no evita que la plantilla pública continúe «perdiendo poder adquisitivo». Los portavoces de CSIF insistieron ayer en que no estaban dispuestos a aceptar cualquier alza que no alcanzara los dos dígitos. Y, finalmente, fue una línea roja que no cruzaron.

A pesar de no lograr el plácet de los tres sindicatos, el texto saldrá adelante. Estos son algunos de los puntos más importantes.

retroactivo

Un pago único. La primera subida se haría efectiva este mismo año y se sumaría al alza del 2 % que firmaron ya en el mes de enero, un incremento que ya notan los trabajadores desde que comenzó este 2022. Una vez ratificado el acuerdo, a ese 2 %, sumarán ahora un 1,5 % adicional, un extra que tendría carácter retroactivo y que se abonaría en un solo pago. Traducido en dinero contante y sonante, esto supondrá que los más de tres millones de empleados públicos recibirán antes de que termine el año, una paga extra de más de 500 euros de media. Este tramo ha sido el que no ha sufrido ninguna variación con respecto a la oferta inicial que presentó Hacienda el pasado miércoles y con la que ambas partes arrancaron las negociaciones.

Condicionado

El IPC y la economía. Es en el capítulo referente a los dos próximos ejercicios (2023 y 2024) donde es preciso analizar la letra pequeña del acuerdo. Porque puede determinar —y mucho— a cuánto ascenderá la subida final de la que disfrutarán los empleados públicos. Tanto para el 2023, como para el 2024, Hacienda está dispuesta a abrir un poco más la mano y mejorar la oferta que pusieron sobre la mesa en un principio. Pero con ciertas condiciones. El año que viene, todos los funcionarios disfrutarán, sí o sí, de una mejora del 2,5 % en sus nóminas. Eso no se lo quita nadie. Pero este porcentaje podrá aumentar un punto porcentual y escalar hasta el 3,5 %. El texto definitivo recoge que habrá dos variables que lo «desbloquearán». De esta forma, las retribuciones de los funcionarios subirán un 0,5 % adicional en función de cómo evolucione la inflación acumulada en el 2022 y en el 2023. Si en este período, el IPC supera el 6 %, se aplicaría dicho incremento en las nóminas. El otro 0,5 % estaría condicionado a la evolución de la economía. O dicho de otro modo, dependerá de cómo se comporte el producto interior bruto. Si este lograra crecer más de un 5,9 %, los funcionarios sumarían ese 0,5 % adicional. Para el 2024, el esquema es similar. La mejora de los sueldos arrancaría en un 2 %, un porcentaje que tendrían completamente asegurado y que crecería hasta 0,5 puntos más si el IPC acumulado del 2022 y de los dos próximos años supera el 8 %.

Otras mejoras

35 horas. Además de incrementar las retribuciones, el acuerdo incluye otras mejoras vinculadas al trabajo diario de los funcionarios. Entre ellas el abono íntegro de la baja por incapacidad temporal sin ningún tipo de condicionamiento. También recoge una de las grandes demandas de los sindicatos: la eliminación de las restricciones que impiden la negociación e implantación de una jornada laboral de 35 horas semanales.

Los empleados públicos suman siete años de incrementos, tras un lustro de salarios congelados

Los cálculos que manejan desde el sindicato CSIF apuntan a que los sueldos de los funcionarios se habrían devaluado en los últimos diez años más de un 20 % arrastrados por los recortes aplicados durante la crisis del 2008 y el efecto que ha tenido sobre el coste de la vida el aumento de la inflación.

El primer mordisco se produjo durante la anterior época de vacas flacas. Tras la crisis financiera, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a sacar la tijera y recortar una media del 7,5 % las retribuciones de estos trabajadores, tal y como recogen los datos que manejan en CSIF. Ese mismo año, en el 2010, el IPC sufrió un repunte del 1,8 %, lo que llevó a estas familias a padecer una pérdida de poder adquisitivo del 9,3 %.

Y así se quedaron los sueldos. Porque en el lustro que siguió, tanto el Ejecutivo de Zapatero como el de Rajoy mantuvieron completamente congeladas las nóminas de las plantillas públicas. Durante esos años, la inflación tampoco dio tregua. Si bien en el 2014 y en el 2015 cerró en terreno negativo (con un descenso del 0,2 y del 0,5 % respectivamente), en los tres años precedentes, el índice que marca el precio de la vida había registrado cifras positivas: subió un 3,2 % en el 2011, un 2,4 % en el 2012 y un 2,4 % en el 2013.

La situación se empezó a revertir a partir del 2016, pero lo hizo de forma discreta y con unos trabajadores que ya arrastraban una pérdida de poder adquisitivo de más del 15 %.

Rajoy decidió aprobar pequeñas subidas durante sus últimos tres años de legislatura. En el 2016, empezaron a mejorar un poco las cosas y los funcionarios vieron un alza del 1 % en sus nóminas, mismo porcentaje que se les aplicó un año más tarde. En el 2018, la cifra llegaba algo más cuantiosa y subía hasta el 1,75 %. Pero incluso con estas mejoras, el nivel de renta seguía sin recuperarse. Con una inflación en plena escalada, los funcionarios acumulaban entonces una pérdida de casi el 16 %.

Mejoras este año

Con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, estas alzas prosperaron un poco más. En el 2019, se aprobó una mejora del 2,5 % y, en el año de la pandemia, se incrementaron las nóminas un 2 %, mientras que el IPC caía un 0,3 a causa de las restricciones decretadas para contener el virus. Bastante más exiguo fue el pacto al que llegaron Gobierno y sindicatos de la función pública en el 2021, cuando se decretó una mejora de solo el 0,9 %, mientras que la inflación medraba hasta cerrar el año con una media del 3,1 %.

Y es el IPC el que también está causando estragos este año en el poder adquisitivo de los funcionarios (y de todos los trabajadores). El dato adelantado del mes de septiembre apunta a una inflación del 9 %, que Hacienda intentará suavizar mejorando los sueldos de los empleados públicos con ese 3,5 % prometido.

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