PSOE y PP ensanchan la brecha del centro político enfrentándose con la reforma del poder judicial
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Los socialistas critican que Feijoo «no cumple» con el pacto de Casado y los populares se adhieren a que no era vinculante
17 ago 2022 . Actualizado a las 18:16 h.Tras conocerse el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, la sucesión de acusaciones respecto al atasco de dicha reforma marcó ayer la agenda de socialistas y conservadores. El órgano de gobierno de los jueces lleva más de 1.350 días bloqueado y ninguna de las formaciones mayoritarias ve un acuerdo cercano para poner fin a la situación anómala que vive el organismo, abriéndose aún más la brecha existente en el centro político.
Desde el PP, insistieron en que dicho pacto corresponde a un documento de la época en la que el partido estaba liderado por Pablo Casado y que, con la nueva dirección, habría que renegociarlo «desde cero». Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, reconoció que Bolaños le enseñó el documento del pacto «y otros» en la primera reunión que mantuvieron, pero que lo rechazó por ser un acuerdo «secreto» y no le comunicó a Feijoo que existía. Y el coordinador general de PP, Elías Bendodo, aseguró que los populares siempre han estado dispuestos a negociar, pero los socios del PSOE lo tienen «secuestrado» y, cuando hay pactos encima de la mesa, dan un giro de 180 grados para que no se aprueben.
Un «carrusel de mentiras»
Una triple entente socialista capitaneó ayer las acusaciones al principal partido de la oposición. El propio firmante del acuerdo del CGPJ, Félix Bolaños, indicó que el Partido Popular se ha introducido en un «carrusel de mentiras» y excusas para no ejecutar el pacto. «Con lo que hemos conocido en estos días, ya sabemos que Feijoo no es de fiar. Le pillaron mintiendo en una entrevista. No cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su partido», esclareció el ministro.
Las mismas líneas siguió el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ya intervino hace días al respecto de la renovación del poder judicial, y subrayó que el PP no tiene voluntad de desbloquear la renovación del CGPJ y pidió que «sean fieles a lo que dicen ser, un partido de Estado y democrático» que «se comprometa con las instituciones y con el conjunto de los españoles».
Margarita Robles, la titular de Defensa, se unió a sus colegas de partido para pedirle a Feijoo que deje de «poner vetos, obstáculos y excusas» a la renovación y que cumpla con lo pactado.
Intervención de Ciudadanos
En el espacio del centro del debate también intervino el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, que criticó la actitud de ambos partidos, a los que ve «repartiéndose sillones» durante las vacaciones de verano con el órgano de gobierno judicial en funciones desde el 2018. «El PSOE haciendo guerra sucia, les saca el papel que había firmado con Casado para poder repartirse los sillones y Feijoo dice que es una marrullería. Debe ser que Feijoo quiere poner ahora a sus amigos sentados en los sillones», advirtió Bal.
Podemos pide reducir la mayoría necesaria para renovar el CGPJ para evitar el «no» del PP
El diputado Javier Sánchez Serna, uno de los coportavoces de la dirección de Podemos, emplazó al PSOE a llevar a cabo una reforma para que sea suficiente una mayoría absoluta a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está sometido, a su juicio, al «secuestro» de «la derecha y el PP».
«Creemos que en este momento hay las mayorías en el Congreso para reformar el método de elección del órgano de los jueces y deberíamos avanzar», señaló Sánchez Serna en declaraciones a Europa Press, apostando por rebajar el apoyo que se exige para implementar esta reforma.
La propuesta que defiende Unidas Podemos es rebajar el listón actual de tres quintos de la Cámara (210 votos, lo que hace imprescindible el concurso del PP) para que baste con la mayoría absoluta (176, accesible para la mayoría de la investidura). Eso sí, exige una segunda condición: que las propuestas vayan firmadas por la mitad más uno de los grupos, como se hizo con el Consejo de RTVE.