La Fiscalía de EE.UU. se opone a revelar la declaración utilizada para el registro en casa de Trump
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Giuliani, investigado en Georgia por intento de fraude electoral
17 ago 2022 . Actualizado a las 09:03 h.El Departamento de Justicia de EE.UU. quiere que sigan siendo secreta la declaración jurada que justificó el registro de la mansión de Donald Trump en Palm Beach (Florida), ya que su divulgación podría afectar el curso de la investigación y desvelar la identidad de los testigos.
En un alegato de 13 páginas dirigido al juez de Florida que lleva el caso, se solicita que no se publique el documento porque podría «alterar la trayectoria de la investigación, revelar actuaciones presentes o futuras y menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas o testigos creíbles». En manos del juez de primera instancia que firmó la orden del allanamiento, Bruce E. Reinhart, está ahora la decisión de si se debe publicar o no la declaración jurada.
Varios medios, entre ellos el diario The Washington Post y la cadena CNN, habían pedido que se publicase la declaración jurada enviada por el Gobierno al magistrado para justificar el registro del día 8 en la propiedad de Mar-a-Lago, una petición que fue aprobada por la Justicia.
Tras conocerse la negativa del Gobierno, el propio Trump acudió a Truth Social —la red social que montó tras ser vetado por Twitter— para enviar un mensaje en el que pidió «la publicación inmediata y sin editar» de la declaración jurada en pro de la transparencia. Después de calificar el registro de «asalto», el expresidente dijo que no existe ninguna manera de justificarlo y exigió la recusación del juez que lo ordenó.
Reinhart ya permitió que se publicase el pasado viernes la orden de registro, al estar de acuerdo las dos partes. Sin embargo, lo que ahora solicitaban los medios era que se conociese también la declaración jurada con la que el fiscal general, Merrick Garland, había justificado que el FBI registrara la mansión de Trump.
Una de las razones propuestas por el Gobierno para no publicar dicho texto fue proteger la identidad de los testigos contra las amenazas de muerte. «Además de las implicaciones para la investigación, la publicación de este tipo de material investigativo podría tener consecuencias devastadoras para las reputaciones y los derechos de los individuos cuyas acciones y comentarios se describen», justifica el Departamento de Justicia en su alegato ante el juez.
Según reveló la orden judicial el pasado viernes, el registro tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que Trump sacó de la Casa Blanca cuando abandonó el poder en el 2021. El republicano está investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos. Entre la documentación requisada figuran 26 cajas y varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de «alto secreto» o «confidencial».
El FBI ya ha devuelto a Donald Trump los pasaportes que se llevó durante el registro, según informó un portavoz de la agencia federal a la cadena Fox, después de que el expresidente denunciara el lunes que la agencia le «robó» tres pasaportes, uno de ellos ya caducado.
Datos electorales
No es el único frente que tiene abierto Trump. The Washington Post reveló el lunes que los abogados del expresidente trataron de hacerse con datos electorales «sensibles» extraídos de las máquinas de conteo de votos tras las elecciones del 2020. El rotativo, que dijo haber tenido acceso a documentación que lo demostraría, indicó que el grupo de abogados dirigió a un equipo de expertos informáticos para copiar datos sensibles de los sistemas electorales en estados clave como Georgia, Nevada y Míchigan.
Este mismo lunes, un juez informó a Rudy Giuliani, estrecho colaborado de Trump y su exasesor legal, que está siendo investigado en Georgia por su implicación en los intentos del expresidente de invalidar las presidenciales. Está citado a declarar ante un gran jurado este miércoles en Atlanta, según confirmó uno de sus abogados, quien no quiso concretar si el exalcalde neoyorquino se acogerá a la Quinta Enmienda para evitar incriminarse.
Desde el pasado mes de mayo, un gran jurado especial en Georgia analiza si el expresidente y otras personas cometieron delitos al presionar a los políticos de ese estado en relación con los resultados de las elecciones que dieron la presidencia a Joe Biden.
También este lunes, un juez federal rechazó el intento del senador republicano Lindsey Graham de no comparecer ante el jurado especial, por lo que tendrá que declarar el próximo 23 de agosto para responder sobre dos presuntas llamadas telefónicas que realizó a funcionarios electorales de Georgia, informa Efe.