En el horizonte solo se vislumbra pedir ante la Justicia que el despido sea considerado improcedente
31 jul 2022 . Actualizado a las 19:18 h.Quedamos en el centro de A Coruña y después de un buen rato, me dice: «Me han despedido de mi empresa». No daba crédito porque ella, una mujer de 59 años (cumple 60 a final de año), llevaba trabajando en la compañía desde los 17, y tras 41 años en plantilla —y siempre con el reconocimiento de compañeros y jefes, me consta— le dieron con la puerta en las narices sin dar la cara. Porque del aviso del despido se enteró porque le llegó al teléfono una alerta del banco: le acababan de hacer un ingreso de 27.533,87 euros (correspondiente a la extinción del contrato por causas objetivas), más la parte correspondiente de las vacaciones, de la paga extra y del sueldo del mes de julio más la penalización por no haber realizado el aviso con 15 días de antelación (esta última 1.163 euros).
Después del aviso del banco, que le llegó de madrugada, le entregaron la carta donde la empresa le dice ya en la segunda línea: «Ponemos en su conocimiento la decisión adoptada de proceder a la extinción de su contrato de trabajo mediante su despido objetivo basado en causas productivas y organizativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores».
La carta tiene un total de 12 páginas y en ella se explican lo que denominan «motivos para la amortización del puesto de trabajo» (el de esa mujer que llevaba más de 41 años en la empresa, concretamente desde el 23 de noviembre de 1981). En resumen viene a decir que «la situación económica global, especialmente en España, tiene visos de empeorar sensiblemente. [... ] Las previsiones son que además la economía global se ralentizará más de lo previsto hace tres meses. [...] Por tanto, se prevé que esas condiciones de mercado continúen o empeoren durante un largo período de tiempo, particularmente en el sector industrial. [...] En casi todos los sectores de clientes, la compañía espera una disminución de gastos de capital y proyectos. Varios clientes han indicado que cancelarán proyectos existentes o retrasarán nuevas inversiones hasta finales del 2022, hasta que se aclare el entorno macro».
Ese es el contexto expresado por una multinacional alemana con presencia en toda España, donde tiene su sede en Madrid. Desde allí salió la misiva con destino a Galicia, una carta similar a la que recibieron otras siete compañeras. Todas mujeres mayores de 50 años y con más de 30 años de antigüedad en la empresa. Algunas de ellas de baja médica, como la protagonista de esta historia, que tiene importantes problemas en un hombro que debería inmovilizar. Cogió la baja pero siguió trabajando, hasta que el médico le dijo que así no mejoraría.
Comienza ahora un proceso judicial, que no sabe cómo concluirá, qué dirá el juez. Porque eso nunca se sabe. En el horizonte solo se vislumbra pedir ante la Justicia que el despido sea considerado improcedente. En ese caso el importe a percibir sería de 90.000 euros, en números redondos el triple de la cantidad con la que la empresa la quiere liquidar. Al margen del dinero, lo más duro para ella es ese daño moral y en el alma que le han ocasionado. La fidelidad en estos tiempos no cuenta. En lo positivo, a ella la han hecho consciente de su valía: ha recibido ofertas de dos de sus clientes, que solo esperan que les diga que ya ha acabado con el asunto judicial y es libre.