Álvaro García Ortiz, nuevo fiscal general del Estado: del Prestige y los fuegos a la cima de la carrera
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En el 2018 se convirtió en el miembro del Consejo Fiscal más votado de España, con 956 papeletas de 2.850 profesionales, lo que le dio una mayor proyección pública
02 ago 2022 . Actualizado a las 13:30 h.Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) ha llegado a la cima de la carrera fiscal de forma inesperada, aunque está considerado como una de las estrellas del gremio desde el mismo momento en el que obtuvo la plaza.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ciudad en la que vivió hasta los 28 años, estuvo destinado en Menorca y aterrizó en Santiago a comienzos del milenio para asumir la novedosa área de Medio Ambiente. Desde allí se labró fama de profesional afable, muy trabajador y con una mano excepcional para las caricaturas. También se colocó la etiqueta de progresista y mantuvo sonoros pulsos con el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el actual, Alfonso Rueda a cuenta de las tramas de incendiarios que el Ejecutivo autonómico denunciaba casi todos los veranos y que García Ortiz siempre negaba.
Antes había formado parte de los fiscales del caso Prestige, donde coincidió con muchos otros protagonistas de la vida política y empresarial española en estos momentos, como el número dos de Inditex, Óscar García Maceiras, o la titular de la Abogacía del Estado, Chelo Castro. «Era sólido y solvente. Sorprendió a todos al usar un powerpoint para las conclusiones, algo inusual entonces», recuerda un letrado que formaba parte de las acusaciones particulares.
Adscrito a la Unión Progresista de Fiscales, como Dolores Delgado, se convirtió en uno de los activistas más intensos contra la reforma de la carrera que intentó imponer Alberto Ruiz Gallardón en su etapa de ministro de Justicia. Años más tarde, recibió del también conservador Eduardo Torres Dulce, la Cruz de san Raimundo de Peñafort.
Y en el 2018 se convirtió en el miembro del Consejo Fiscal más votado de España, con 956 papeletas de 2.850 profesionales, lo que le dio una mayor proyección pública pese a su alto nivel de discreción en Galicia. A la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado llegó en marzo del 2020, poco después de que Delgado fuese nombrada en una polémica decisión de Pedro Sánchez por la condición de exministra de la designada.
Casado con una fiscal especializada en violencia de género, Pilar Fernández, recién nombrada para un nuevo cargo en Madrid, y padre de dos hijos, ejerció con lealtad como segundo de Delgado, algo que no le perdonan en el entorno de Unidas Podemos por el conflicto con el juez Stampa a cuenta de las denuncias de Pablo Iglesias contra lo que bautizó como «las cloacas del Estado».
Ahora le tocará enfrentarse a un Consejo Fiscal de tinte conservador, pero su carácter dialogante y su conocimiento de la carrera le garantizan una transición tranquila.