¿Cuánto tardará en entrar en vigor la nueva ley del aborto? Este es el recorrido que le espera a la norma
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Pasarán meses hasta que llegue a aplicarse porque el documento tiene que pasar por órganos consultivos y en el Congreso se debatirán enmiendas sobre el texto; se tramitará de urgencia para intentar que esté lista con la llegada del 2023; la reforma de Gallardón se quedó en el camino
18 may 2022 . Actualizado a las 09:01 h.La nueva ley del aborto no entrará en vigor de forma automática. En realidad, el hecho de que el Gobierno haya llevado su acuerdo al Consejo de Ministros es solo el paso inicial de todo el recorrido que tendrá que completar el documento para que se apliquen las normas recogidas en él.
Comienza un proceso que llevará el texto primero al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo de Estado y a otros órganos consultivos para que emitan sus informes correspondientes. Después, la norma volverá al Gobierno central. Y el siguiente peldaño será el Congreso. Los grupos políticos con representación en la Cámara baja podrán proponer diferentes enmiendas a la ley para que sean debatidas. Entra ahí el juego de equilibrios y la negociación en el Parlamento, que podría derivar en la modificación de alguno de los puntos para conseguir los votos necesarios. Después espera el Senado. Senado. Recorrer todo este trayecto llevará meses. De hecho, se tramitará por la vía de urgencia para intentar que se aplique el próximo año.
El fracaso de Gallardón
El anterior intento de reforma de la ley tuvo un camino tan tortuoso que no alcanzó su meta y acabó siendo retirada, pese a que era del Gobierno del PP y el partido tenía la llave de la mayoría en el Congreso. Ese anteproyecto fue impulsado por Alberto Ruiz-Gallardón cuando era ministro de Justicia en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El objetivo era dejar atrás la norma del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una ley de plazos en la que se contemplaba ya el aborto de menores de 16 y 17 años sin consentimiento de los padres. El texto de Gallardón no permitía la interrupción del embarazo incluso en caso de graves anomalías y limitaba el aborto a los supuestos de violación y de serio riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Fue llevado al Consejo de Ministros en diciembre del 2013. Del CGPJ salieron dos dictámenes sobre el documento. El de corte conservador, firmado por Carmen Llombart, apoyaba la norma aunque planteaba alguna variación. El del ala progresista, elaborado por Pilar Sepúlveda, recomendaba retirar la iniciativa por «desconocer la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, y encontrarse anclada en una interpretación estática» de la jurisprudencia constitucional. Se impuso el primer planteamiento. El CGPJ acabó aprobando la reforma escenificando su propia división sobre el proyecto: 10 votos a favor, 8 en contra y tres abstenciones.
En septiembre del 2014, el Gobierno de Rajoy retiró el anteproyecto por considerar que no había consenso suficiente sobre sus puntos principales y Gallardón dimitió días después. La reforma no llegó al Congreso. El cambio integral finalmente se redujo a eliminar la posibilidad de que abortaran menores sin la aprobación de sus padres, el punto más controvertido de la norma de la etapa de Zapatero que ahora ha recuperado el anteproyecto impulsado desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
