La comunidad internacional alerta de la deriva autoritaria en El Salvador

Cientos de presos son sacados de sus celdas a la carrera por agentes encapuchados. Están semidesnudos, y con los brazos atados a la espalda. Emprenden, guiados por sus captores, una salida atropellada hacia el patio de prisión. Alguno tropieza y cae.

En la explanada esperan, sentados en el suelo, agrupados, cientos de presos. Muchos tienen en su rostro y cuerpo los tatuajes que les identifican como miembros de las tres principales bandas criminales del país, que cuentan con unos 64.000 miembros y dominan los barrios más conflictivos de las principales urbes. Casi cuatro mil de ellos fueron detenidos en las últimas 72 horas. Esa es la respuesta del presidenta salvadoreño, Nayib Bukele, a brutal ola de homicidios ocurrida en el país centroamericano este fin de semana y atribuida a las pandillas. Hasta 82 personas fueron asesinadas en todo el país, 62 solo el pasado sábado, la más violenta desde el fin de la guerra civil, hace tres décadas.

«Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir. Les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos lo van a pagar también», señaló Bukele, de 40 años, en Twitter, el medio por el que se comunica principalmente el mandatario, conocido también como el «presidente tuitero».

Bukele, acusado por parte de la comunidad internacional, incluido EE.UU., de estar incurriendo en prácticas crecientemente autoritarias, llegó al poder prometiendo una reducción drástica de los homicidios, y lo ha conseguido. El Salvador registró en el 2015 la mayor tasa de asesinatos de la historia de América, con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, y esa cifra se redujo en el 2021 hasta los 18 homicidios por 100.000 habitantes, la más baja en los 30 años posteriores al fin de la guerra civil.

Investigaciones periodísticas, lideradas por el diario El Faro, así como la embajada de EE.UU. atribuyen ese descenso de la violencia a un pacto secreto entre el Gobierno y los principales líderes de las pandillas a cambio de beneficios carcelarios, algo que Bukele niega tajantemente, asegurando que la caída e las cifras de homicidios se debe a su Plan de Control Territorial, mantenido en secreto.

Gobiernos anteriores negociaron con las pandillas. Nadie duda que la ola de asesinatos es un claro desafío al Estado, especialmente por el perfil de muchos de las víctimas, campesinos, vendedores o panaderos sin antecedentes, pero difieren en los métodos utilizados para enfrentarla.

Bukele decretó el domingo el estado de excepción, que limita los derechos de reunión y permite a las fuerzas del orden realizar detenciones sin informar de las causas y sin contar el detenido con un abogado desde la captura.

Más de 4.100 personas han sido detenidas desde entonces, provocando las críticas de parte de la comunidad internacional. «La suspensión de derechos constitucionales abre la puerta a todo tipo de atropellos», declaró Juan Pappier, analista de Human Rights Watch. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, pidió el respeto de los derechos humanos de los detenidos.

Bukele ha reaccionado criticando profundamente a esas organizaciones. «A la comunidad internacional: tenemos 70.000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta persecución dictatorial y autoritaria». Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos «violando sus derechos»», escribió en Twitter el presidente salvadoreño.

«Estos vividores de las oenegés internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas», añadió Bukele, que es el líder latinoamericano mejor valorado por sus ciudadanos, con el 71 % de aprobación en un país que quiere mayoritariamente mano dura contra las pandillas tras décadas de violencia.

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