Teresa Ribera: «Queda poco margen para reducir más la fiscalidad sobre la electricidad»
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La ministra para la Transición Ecológica descarta también desvincular la factura de los consumidores vulnerables de los vaivenes del mercado mayorista
26 mar 2022 . Actualizado a las 08:41 h.Lo ocurrido en Bruselas condicionará el contenido del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, que el Gobierno quiere aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. Tal y como avanzaron en las últimas semanas tanto Sánchez como varios de sus ministros, el plan contendrá más medidas para abaratar luz, gas y carburantes. Pero poco se sabe de cómo lo harán. Y menos tras las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Durante una entrevista en RNE, la ministra medio cerró la puerta a aplicar más rebajas fiscales a la factura de la luz, pues, aclaró, «queda poco margen para reducir más la fiscalidad sobre la electricidad». Y es que el Gobierno ya rebajó en junio pasado el IVA que grava la factura eléctrica, que pasó del tipo general del 21 % al reducido del 10 %; y, en septiembre, redujo el impuesto especial de electricidad, del 5,11 % al 0,5 %.
Donde sí hay opciones para recortar la fiscalidad es en los carburantes de automoción, que, de momento, no se ha tocado, y en la que el Ejecutivo podría replicar el modelo que usó para la electricidad. No sería así para los profesionales del transporte, porque Hacienda ya les devuelve buena parte de los impuestos que pagan cuando repostan y en su lugar disfrutarán de un descuento de veinte céntimos por litro, además de otras compensaciones, que superan los 1.000 millones.
Ribera también desinfló otra de las opciones que se barajaban para aliviar la factura eléctrica de los consumidores vulnerables, aquellos que se benefician del bono social. El ministerio filtró a algunos medios hace unas semanas que establecería un precio de la luz fijo, al margen del mercado mayorista de electricidad. La escalada de las cotizaciones ha sido de tal calibre que ni los descuentos de los que disfrutan el millón de hogares con bono social, de entre el 60 % y el 70 %, atenúan las alzas del recibo. Pero este seguirá indexado al mercado. Según Ribera, «no es fácil» romper ese vínculo, porque el bono está financiado por las compañías comercializadoras y debe seguir unido a esas «referencias de precios que nos deja utilizar la UE», aunque el Gobierno confía en imprimirles estabilidad si finalmente pueden topar las ofertas del gas en el mercado mayorista.
La ministra sí avanzó que lo que aprobarán el martes en Consejo de Ministros es ampliar la cifra de familias beneficiarias del bono social, ya que «la definición de consumidor vulnerable en estos momentos se ha quedado corta».
Diga lo que diga el plan, costará sus buenos millones de euros, un peso que recaerá, fundamentalmente, en las arcas públicas, pero el Ejecutivo quiere forzar a las compañías energéticas a que también contribuyan a paliar los efectos de las subidas de precios entre las familias y las industrias. Así, las petroleras costearán cinco de los veinte céntimos de bajada de los precios de los carburantes para los profesionales del transporte. Pero, además, las principales operadoras (Repsol, Cepsa y BP) han decidido aplicar descuentos adicionales a todos los consumidores que cuenten con sus tarjetas, un gesto que celebró la ministra, quien deseó que las compañías eléctricas hagan lo propio. «Quisimos trasladar a las empresas energéticas, lo hicimos con las eléctricas, las petroleras y lo vamos a hacer con el gas, la importancia de que hagan un esfuerzo con respecto a sus márgenes en un momento en que la sociedad lo está pasando mal y agradecemos el movimiento de Repsol». Añadió que si las eléctricas también aplican «precios razonables (...) sería un gesto muy apreciado» en aras de «trasladar estabilidad a los consumidores».
