Rusia enviará al frente del Dombás a los detenidos en protestas contra la guerra

Brais Suárez
Brais Suárez MOSCÚ / E. LA VOZ

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Una manifestante hace el signo de la victoria mientras es arrestada por un grupo de policías en San Petersburgo
Una manifestante hace el signo de la victoria mientras es arrestada por un grupo de policías en San Petersburgo Anastasía Barashkova

«Deberían ver con sus propios ojos lo que está pasando», justifica la Duma

25 oct 2022 . Actualizado a las 17:35 h.

Si algo enseñó Moscú al mundo en los últimos días es que las previsiones más aciagas pueden hacerse realidad. Desde una hipotética vía de diálogo o el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, a la entrada en Ucrania y el bombardeo de Kiev. Según se desmoronan sus planes, el Kremlin parece optar por dar la patada hacia delante, con la fuerza como su única solución. De su poder y de su imprevisibilidad surge el temor de quienes sufren esas decisiones.

Por eso, especialmente tras el vuelo de dos cazas rusos sobre Suecia, las fronteras del país tiemblan con cada nuevo rumor. Pero no se percibe mucha más fiabilidad a nivel interno. Los ciudadanos temen una inminente (aunque contradictoria) implementación del régimen de estado de guerra. Supondría, primero, el reconocimiento de que Rusia está atacando (o está siendo atacada, según su retórica) y, segundo, una serie de medidas que podrían coartar aún más a una población sin margen para expresarse.

De hecho, un nuevo proyecto de ley advierte a quienes aún no se dan por aludidos. La Duma Estatal plantea que los procesados por participar en acciones contra la guerra estén sujetos al servicio militar obligatorio y sean enviados a los territorios de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. De tan maquiavélica, la argumentación sería divertida si no fuera cierta: «Parece que esas personas [por los manifestantes] deberían ver con sus propios ojos lo que el régimen de Kiev ha cometido en el territorio de estas repúblicas».

Todavía despertando tras el shock de la guerra, hay quien entiende los riesgos de manifestarse y hay quien ya lo da todo por perdido: «Muchos de mis conocidos quieren irse para ser taxistas en otro país y no vivir en este pánico. Pero yo quiero usar todas mis fuerzas para que caiga este Gobierno», dice una mujer de 30 años, que ya fue arrestada. Aun así, con el líder opositor Alexéi Navalni en prisión y la mayoría de su equipo y otros activistas en el extranjero, la organización no es sencilla.

«Al principio había bastante caos con la organización», explica A. P., que participó en las últimas marchas. Se denegaban permisos de protesta alegando motivos sanitarios por la pandemia. Además, divulgar información sobre marchas no autorizadas es ilegal, con lo que sus mejores promotores son activistas o personajes públicos exiliados, como el oligarca Mijaíl Jodorkovski, crítico con el régimen actual; o blogueros como Nixelpixel, que escribe desde Viena.

Pero, sobre todo, la mayoría de las convocatorias se hacen a través de canales y chats de Telegram, lo que repercute en una mayor dispersión y menor visibilidad. Para eso, el movimiento Vesna, que algunas fuentes asocian al partido liberal Yabloko, con base en San Petersburgo, intenta mantener el pulso.

«Si antes era más centralizado y publicaban en su canal el día, la hora y lugar de las convocatorias en distintas ciudades, ahora se hace por los llamados chats de autoorganización en cada lugar», explica A. P. «Parece que estén evitando la responsabilidad por incitar a protestas», dice. Además, en estos canales también se actualiza la última hora: dónde están los manifestantes, fotos, vídeos y avisos de dónde se concentra más policía y cómo actúa.

Al no tener autorización, se reúnen en espacios amplios y peatonales y empiezan a dispersarse cuando se encuentran con la policía: algunos corren, otros se camuflan entre los viandantes y otros se refugian en cafés. «Qué tonta, lleváosla», dice alguien, mientras otros corean «no a la guerra» con los manifestantes.

De hecho, la detención es una cuestión aleatoria: «No utilizar la fuerza ni resistirse es el principal consejo que difunden las organizaciones de derechos humanos, porque es un agravante», dice A. P. Por eso se registran pocos casos de violencia policial. Las condenas oscilan entre una multa y arresto de 30 días. Las acusaciones son para todos los gustos: desobediencia a la autoridad, organización de acciones no coordinadas, interferencia en el tráfico e infraestructura, violación de la legislación de manifestaciones, organización de la estancia masiva de ciudadanos en lugares públicos…

De momento, el miedo prevalece. Y habrá que ver si el hartazgo y malestar de los rusos se pueden imponer a amenazas del calado de retomar la pena de muerte o la nueva ley de alta traición.