Elevar la imposición verde, armonizar la autonómica o un tipo único de IVA, recetas de los sabios
04 mar 2022 . Actualizado a las 09:06 h.Las consecuencias de la guerra de Ucrania se extienden como una mancha de aceite de la que no ha escapado ni la reforma fiscal que prepara el Gobierno. Después de diez meses de trabajo, el comité de expertos al que el Ejecutivo encargó un documento con propuestas para acometer la reforma integral de la estructura tributaria española —como prometió a Bruselas— lo presentó ayer públicamente con una advertencia: no deben aplicarse cambios fiscales hasta que no se consolide la recuperación económica, algo que hasta ahora ponía en jaque el covid, pero que desde hace unos días ha empeorado el conflicto bélico en la exrepública soviética.
A la advertencia se adelantó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en el acto de recepción del libro blanco de los expertos ya aseguró que no habría subida de impuestos «de inmediato». Las repercusiones de la inestabilidad internacional sobre los precios del gas, el petróleo y las materias primas, que agujerean sin piedad el bolsillo de los españoles, hacen imposible aplicar en este momento subidas en uno de sus ejes principales, que es la fiscalidad medioambiental —concretamente en los carburantes, con el diésel en el punto de mira—. Así que el Gobierno aparca, por el momento, las recetas de los sabios, para las que el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, defendió una «aplicación gradual y razonada programación».
Estas son las principales propuestas fiscales que recoge el documento en sus casi 800 páginas:
fiscalidad verde
Recaudar hasta 15.000 millones más. En un contexto en el que la necesidad de luchar contra el cambio climático pivota sobre la transición energética, diseñar una nueva fiscalidad verde es una de las columnas vertebrales de la reforma propuesta por los sabios. Sus propuestas permitirían una recaudación adicional de entre 5.941 y 15.023 millones de euros. Sin embargo, no podrá aplicarse en el corto plazo por el riesgo que para la recuperación —en un contexto de inflación desbocada— supone el conflicto en Ucrania. Con el precio de los combustibles en máximos, no parece el momento de eliminar la bonificación del diésel y equiparar su fiscalidad con la gasolina (una de las propuestas de los expertos). Esta, junto con otras medidas sobre carburantes, para los que proponen una subida general de la fiscalidad, podrían incrementar los ingresos públicos en 6.850 millones, que es casi la mitad de todo lo que se espera recaudar por el conjunto de medidas ambientales.
Entre ellas está también la creación de un impuesto sobre los billetes de avión. Porque, como señalaron los sabios, se aplica el principio de que quien contamina, paga.
Aplicar una tasa de 7,85 euros por pasajero —como la de Países Bajos— permitiría recaudar unos 952 millones al año. Además, desincentivaría su uso en favor de otros medios de transporte con menos costes medioambientales y aceleraría la transición ecológica del sector. También plantean gravar el queroseno en los sectores de aviación, marítimo y agrario, para fomentar carburantes sin emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Uno de los expertos, el gallego Xavier Labandeira, catedrático de la Universidade de Vigo, aseguró que no todo eran subidas, ya que estas estaban «vinculadas a bajadas en la fiscalidad de la electricidad», eliminando el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y el especial sobre la electricidad, 2.716 millones de alivio para los consumidores.
peaje por usar autovías
Casi 1.400 millones extra. El documento también recoge la creación de un impuesto que grave el uso de autopistas y autovías. Se haría a través de peajes electrónicos, cobrando en función de los kilómetros recorridos, a razón de 1 céntimo por kilómetro para los turismos y entre 3 y 4,9 céntimos para los vehículos pesados. La medida podría generar hasta 1.397 millones de euros, una cifra similar a los 1.241 millones que los Presupuestos Generales del Estado consignan ahora para la conservación de carreteras.
tipo único en eL iva
Con compensación para las rentas bajas. Otro de los cambios que proponen es eliminar los tipos reducido (10 %) y superreducido (4 %) del IVA, por los que España pierde mucha recaudación comparada con sus vecinos europeos. Eso sí, dado que dejar un tipo único de IVA (el general es del 21 %) sería «regresivo», pues afectaría a artículos básicos y de primera necesidad y golpearía especialmente a las rentas más bajas, plantean que hacerlo sería «absolutamente inviable» si no se pusieran en marcha medidas compensatorias para las rentas más bajas.
AJUSTES en el IRPF
Revisar las bonificaciones. El impuesto estrella por su capacidad recaudatoria, el IRPF, también sería objeto de ajuste. El comité defiende ampliar las bases imponibles y revisar las bonificaciones aplicables, además de usar este tributo para rebajar la desigualdad, introduciendo «deducciones o una prestación reembolsable para los trabajadores con bajos salarios», así como una «prestación reembolsable por hijo» (hasta los 18 años). Plantean también eliminar la reducción por tributación conjunta en el caso de matrimonios, en línea con la AIReF.
impuestos patrimoniales
Se quedan y se armonizan. Poner coto a la competencia fiscal entre comunidades, con Madrid en el punto de mira de numerosas autonomías que la acusan de hacer dumpin y fomentar la deslocalización tributaria de personas físicas y empresas, era otra de las patatas calientes de la comisión. Los sabios han cerrado filas en torno al mantenimiento de los impuestos patrimoniales: patrimonio y sucesiones y donaciones, ambos cedidos a las comunidades, que tienen capacidad normativa plena.
En contra de lo que pedían algunas voces, no solo no se suprimen, sino que se armonizarán para que contribuyan a sufragar el gasto que la crisis ha disparado. Para ello, el libro blanco propone que el Gobierno fije unos umbrales mínimos para todas las comunidades, con lo que sería el fin de la bonificación del 100 % que aplica Madrid y que, en la práctica, supone la eliminación del tributo de patrimonio. En sucesiones y donaciones la base imponible se ampliaría.
Galicia exige que se respete la «autonomía financiera» de las comunidades
G. L. | Redacción / La Voz
Para elaborar su propuesta de reforma de la tributación patrimonial, el comité de sabios recabó las opiniones de los 17 gobiernos autonómicos que se verían afectados por la armonización que proponen en tributos cedidos como el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, para evitar la competencia a la baja que se ha producido en los últimos años y que ha mermado la recaudación.
Las respuestas de las autonomías dibujan una división clara entre las cinco comunidades gobernadas por el PP, que rechazan que se limiten sus competencias, y las nueve restantes.
«Tres comunidades (Andalucía, Madrid y Murcia) se oponen claramente a restringir el ámbito actual de sus competencias normativas» en patrimonio, sucesiones y donaciones, mientras que Galicia y Castilla y León «también se oponen, aunque de forma más matizada», relatan los expertos.
En el caso gallego, la Xunta transmitió al comité de sabios que «la armonización de la imposición patrimonial, de acometerse, debe respetar la autonomía financiera de las comunidades autónomas y asumir un cierto grado de diferencia territorial en la fiscalidad inherente a la propia autonomía. De manera que cada una busque la relación ingreso-gasto que estime oportuna y que en todo caso debería funcionar como los mecanismos de la UE, exigiendo el resultado, pero sin limitar la forma de conseguirlo». Lo contrario, advierte, incidiría de forma directa en la capacidad de autogobierno de las autonomías, «vaciando de contenido su autonomía financiera».
Cabe recordar que, desde este año, la Xunta bonifica un 25 % de la cuota en el impuesto de patrimonio a los contribuyentes que atesoran bienes por valor de más de 700.000 euros, excluida la vivienda habitual (hasta un límite de 300.000 euros). Galicia se une así a Madrid (que perdona el 100 % de la cuota en el tributo a los más ricos) y La Rioja (que solo cobra la mitad).
Además, armonizar el impuesto de sucesiones limitaría otra de las grandes rebajas fiscales del Gobierno gallego, que ha dejado exentas de tributar las herencias de hasta un millón de euros, un límite que también se aplica en los pactos sucesorios (herencias en vida).
Incluso las nueve comunidades que se han mostrado a favor de armonizar la tributación patrimonial, gobernadas por el PSOE y partidos nacionalistas, subrayan la necesidad de que los límites que se impongan «han de ser compatibles con el ejercicio de su autonomía».
Ayer, la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, censuró que se pretenda «subir los impuestos» y recuperar otros «anacrónicos».