El Gobierno cede a Cataluña la gestión del ingreso mínimo vital y varias infraestructuras
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En octubre, lo traspasó al País Vasco y a navarra a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos
19 feb 2022 . Actualizado a las 09:53 h.La consejera de Presidencia de Cataluña, Laura Vilagrà, anunció ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez cederá a la Generalitat la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) tras el preacuerdo alcanzado en la reunión bilateral entre representantes de ambos Ejecutivos.
Esta cesión de competencia que desde octubre del año pasado poseen también el País Vasco y Navarra no le pareció suficiente a Vilagrà, por lo que aseguró que «necesitamos mejorar en los acuerdos que vayamos tomando, que han de ser de mayor entidad». Así lo afirmó la consejera en la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral encabezado por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Es más, el Gobierno catalán valoró que los acuerdos a los que se llegó ayer en Barcelona son «de poca entidad» y reclamó una mayor rapidez en la gestión de traspasos.
De momento, se desconoce la contrapartida obtenida por el Gobierno a cambio del referido acuerdo. Sí se sabe la de la negociación para el País Vaco y Navarra con el PNV el pasado octubre cuando aceptó transferir a estas dos comunidades la gestión integral de esa prestación. Entonces, los nacionalistas vascos se comprometieron a no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado del 2022, con lo que Sánchez se aseguró su aprobación.
En el caso del País Vasco y Navarra, el traspaso del IMV era una transferencia que se venía trabajando durante meses entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cargo de José Luis Escrivá, y los Gobiernos de la socialista María Chivite e Iñigo Urkullu.
Becas, juzgados y autovía
Durante un tiempo, la medida estuvo bloqueada por el difícil encaje jurídico, pues en el caso de Navarra y el País Vasco había que tener en cuenta que ya existía una renta garantizada propia en ambos territorios. Finalmente, se llegó al acuerdo de hacerlas compatibles. En Cataluña se intentará integrarlas asimismo.
En la reunión bilateral mantenida ayer en el palacio de la Generalitat también se acordó formalizar el traspaso de la gestión de becas a estudiantes, de seguros escolares y revisar las competencias de juzgados, además de la entrega de algunas infraestructuras. Entre ellas, varias fincas forestales, el tan reclamado observatorio meteorológico del Turó de l' Home y el canal de regadío Xerta-Sènia, en Tarragona; además de siete depuradoras y un edificio del registro civil en Barcelona. Pero también el traspaso de la autovía B-23 (un tramo de la antigua A-2 de acceso a Barcelona que la Generalitat reclamaba desde hace diez años). El concierto incluye además una inversión de 20 millones de euros por parte del Gobierno para construir un carril-bus de acceso a Barcelona.
El vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, lamentó, como había hecho anteriormente Vilagrà, que los avances sean «mínimos, de poca entidad». Durante su comparecencia volvió a atacar al Gobierno central diciendo que el resultado de la reunión demuestra que «Cataluña continúa no siendo una prioridad para el Gobierno español», y lo argumentó señalando que no había puesto sobre la mesa ninguno de los «traspasos importantes» como el servicio ferroviario de cercanías o el aeropuerto de Barcelona.