La Justicia europea ve ilegales las multas de Hacienda por no declarar bienes en el extranjero
ACTUALIDAD
Hacienda se enfrenta a la devolución de 230 millones de euros en sanciones, entre ellas las impuestas a la familia Pujol
27 ene 2022 . Actualizado a las 17:12 h.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró este jueves ilegal la normativa española que obliga a los residentes en el país a declarar todos los bienes y derechos que posean en el extranjero a través del llamado «modelo 720» por considerar que las sanciones y multas que impone la Agencia Tributaria en caso de incumplimiento de esta obligación son «desproporcionadas» y menoscaban la libre circulación de capitales en la Unión Europea.
La corte europea dio así la razón a la Comisión Europea, que en el 2019 recurrió a los tribunales comunitarios tras pedir a España, sin éxito, que modificase una legislación que, a su juicio, imponía multas de cuantía excesiva a quienes no hacen la declaración o la presentan fuera de tiempo. Un argumento que aceptan los magistrados de la corte comunitaria, que cree que Hacienda establece una «diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos». No solo eso, sino que apunta que esa obligación de declarar, y las fuertes multas en caso de omisión o error, pueden disuadir a los españoles «de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo, y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales».
Aunque avalan que los objetivos de establecer controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscal justifican la obligación de tener que declarar los bienes en el extranjero, pues los mecanismos de intercambio de información que existen entre países no tienen el mismo grado de detalle que la Agencia Tributaria tiene sobre los activos radicados en España, los jueces del TJUE creen que Hacienda se ha extralimitado en su normativa y va «más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos». Y apuntan a tres ilegalidades concretas.
En primer lugar, al eliminar la prescripción de aquellas ganancias patrimoniales que se califican como no justificadas por no haber sido declaradas en tiempo y forma o por haber omitido información al fisco. Eso permite a Hacienda «proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado» derivado del modelo 720, a diferencia del resto de tributos que soportan los contribuyentes, en los que existe un plazo limitado de responsabilidad. Algo que para los magistrados «vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica».
El segundo punto que reprochan los magistrados es que el incumplimiento de la obligación de declarar, o la presentación de la declaración fuera de plazo o con información incorrecta, lleva aparejada una multa del 150 % de la cuota del impuesto, que se puede sumar a otras sanciones de cuantía fija previstas en la norma por cada dato omitido, incompleto o falso: «El tipo muy elevado de esta multa le confiere un carácter extremadamente represivo y su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar, en muchos casos, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100 % del valor de sus bienes o derechos en el extranjero», censura el fallo.
Y a esto añaden, en tercer lugar, que el importe de esas sanciones fijas por cada dato omitido es desproporcionado respecto a los que se imponen en infracciones similares en un contexto nacional, ya que se fija un importe mínimo de 1.500 o 10.000 euros, según el caso, y no hay un tope.
Varapalo al erario
La sentencia de la corte comunitaria puede tener un coste millonario para el erario público, que desde que el Gobierno del PP, siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, introdujese en el 2013 esta obligación de declarar los bienes en el extranjero, ha ingresado 230 millones de euros en sanciones, según los datos aportados este jueves por la actual titular de la cartera, María Jesús Montero.
En total, han sido más de cinco mil los contribuyentes multados por no cumplir sus obligaciones con el fisco, entre ellos la familia Pujol, que tuvo que abonar cerca de dos millones de euros, tal y como informa La Vanguardia. En cualquier caso, Montero ha llamado a la calma y ha asegurado que estudiarán la sentencia para ver el alcance real del fallo y ver si este obliga a devolver de forma íntegra los importes, algo que parece más que probable dado que lo que se tumba es el régimen sancionador de la norma.
La ministra de Hacienda aseguró en su intervención que durante los últimos tres años apenas se han impuesto multas, precisamente en espera de este fallo de la corte comunitaria. Pero, a la espera de determinar si habrá que hacer un reintegro total de las sanciones impuestas, Montero dejó claro que la obligación de presentar el modelo informativo de bienes y activos en el extranjero sigue vigente, por lo que los contribuyentes afectados deberán hacer el trámite antes del próximo 31 de marzo. Antes de esa fecha, indicó, su departamento aprobará las modificaciones legislativas reclamadas por la Justicia europea, estableciendo plazos de prescripción en caso de incumplimiento y un nuevo régimen sancionador que no sea desproporcionado.
El interés del fisco en mantener viva esta declaración de bienes se explica por el ingente patrimonio de los residentes españoles en el extranjero aflorado en los diez años que el modelo 720 lleva en vigor, que la ministra estimó en unos 225.000 millones de euros.