La reforma laboral, la crisis en Ucrania y la ley de vivienda dividen al Ejecutivo y complican el plan de Sánchez para la segunda parte de la legislatura
26 ene 2022 . Actualizado a las 08:26 h.El arranque del año 2022 se contemplaba en la estrategia diseñada desde la Moncloa como el inicio de un curso político favorable que sirviera para dar un impulso al Gobierno en la segunda parte de la legislatura. Pero el mes de enero se ha convertido en una sucesión de contratiempos para la coalición, que se está encontrando con muchas más dificultades de las previstas para sacar adelante en el Congreso la reforma laboral pactada con sindicatos y patronal. Lejos de reforzar al Ejecutivo, la resistencia de sus socios de investidura a suscribir el acuerdo está complicando la relación con sus aliados y mostrando la debilidad parlamentaria del Gobierno. El PSOE rechaza cualquier cambio en el texto acordado porque el objetivo principal es mantener el consenso con sindicatos y patronal, tal y como aconseja la Unión Europea. Y las modificaciones que exigen el PNV y ERC, principalmente la prevalencia de los convenios autonómicos, supondrían el descuelgue automático de la CEOE.
Fátima Báñez, aliada inesperada
En ese objetivo de no cambiar una coma, el PSOE ha encontrado un aliado inesperado en la figura de la exministra de Empleo del PP Fátima Báñez, autora de la reforma del PP en el 2012 y actualmente en la cúpula de la CEOE, que se ha desmarcado de la posición de rechazo de los populares y defiende el texto aprobado por el Gobierno. Báñez ha agradecido a Cs su disposición a apoyar esa reforma en su integridad. Pero Unidas Podemos rechaza esa vía e insiste en aprobarla con la mayoría de investidura, aunque fuera a costa de perder el apoyo de los empresarios.
En el camino de la coalición se han cruzado además hechos inesperados como la crisis en Ucrania, que ha vuelto a poner de manifiesto las discrepancias en política exterior de los dos socios del Gobierno. Y aquí el PSOE tiene el apoyo del PP frente al rechazo de Unidas Podemos al envío de tropas para sumarse al contingente de la OTAN.
El informe del Consejo General del Poder Judicial contrario a la ley de vivienda por suponer una «clara limitación» de las competencias de las comunidades es otro motivo de discordia, ya que mientras el ala socialista se muestra dispuesta a incorporar algunas de las recomendaciones del CGPJ, Unidas Podemos presiona para que la norma se aprueba cuanto antes en los términos del borrador ya presentado.
El último contratiempo para el Gobierno llegó ayer con el informe del Fondo Monetario Internacional que echa por tierra sus optimistas previsiones económicas y estima un crecimiento del PIB español del 4,9 % en 2021 y del 5,8 % en 2022, frente al 6,9 % y el 7 % que predecía el Ejecutivo en esos dos ejercicios.
