El arranque del ciclo electoral tensiona al máximo la coalición de Gobierno
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Sánchez toma distancia pública con Unidas Podemos e impulsa la agenda social para evitar que sus socios se la apropien en la campaña de Castilla y León
12 ene 2022 . Actualizado a las 15:28 h.El ciclo electoral que se abre con los comicios en Castilla y León está tensionando más que nunca las costuras del Gobierno de coalición. La polémica en torno a las declaraciones del ministro de Consumo, Aberto Garzón, sobre las macrogranjas, en la que el sector socialista ha optado por dar la espalda abiertamente al dirigente de Unidas Podemos con más rotundidad incluso que cuando Pedro Sánchez defendió «el chuletón», es solo un capítulo más de un distanciamiento que amenaza con aumentar cuando se abra la campaña electoral.
El PSOE trata de distanciarse de su socio para no pagar el coste político por unas declaraciones que han indignado a los socialistas, más por su inoportunidad que por el fondo de la cuestión. Y desde Unidas Podemos se ha respondido también con firmeza acusando a Sánchez de comprar los «bulos» creados por la ultraderecha. Ninguno de los dos socios parece dispuesto a dar un paso atrás de aquí al 13 de febrero, cuando se celebran los comicios en Castilla y León.
Leyes con fuertes discrepancias
Pero es que, además, de cara a esas elecciones, Sánchez ha reactivado la agenda social del Gobierno para impedir que Unidas Podemos la reivindique en solitario durante la campaña. Este martes, el Ejecutivo incluyó en su plan normativo para el 2022 la abolición de la prostitución. Una medida que, sin embargo, puede ser un nuevo foco de conflicto entre los socios ya que, aunque una parte de Podemos es también abolicionista, otros sectores, como los comunes en Cataluña, abogan por la regularización de la prostitución, y no por su prohibición.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se refirió también a una futura ley contra el racismo, una directiva de conciliación de la vida familiar y profesional o una ley de servicios sociales.
Aunque desde el sector socialista se evita un choque directo con sus socios, tampoco se esconden ya las diferencias, como en el caso de Garzón, sobre el que el ministro de Agricultura, Luis Planas, llegó a responder ayer con un «ningún comentario» cuando se le preguntó si su compañero está capacitado o no para la cartera de Consumo.
Pero las tensiones van más allá de los rifirrafes puntuales. Con las elecciones ya a la vista, el sector socialista y el propio presidente del Gobierno no parecen tener prisa por acelerar leyes en las que mantienen serias diferencias con Unidas Podemos, como la de vivienda, la de bienestar animal o la reforma de la ley mordaza. Cuestiones en las que los morados urgen al cumplimiento del programa pactado. Otros focos de tensión son la pretensión de Unidas Podemos de aprobar una nueva subida del salario mínimo para situarlo en el entorno de los mil euros y el posible retorno a España de Juan Carlos I en caso de que la Fiscalía termine por archivar las investigaciones contra el emérito.
Votación en el Congreso
En ese distanciamiento se cruza también el calendario parlamentario. A primeros de febrero, y presumiblemente antes de los comicios en Castilla y León, el Congreso tendrá que votar para convalidar el decreto sobre la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Mientras el propio Sánchez y la plana mayor socialista abogan por sacarla adelante tal y como salió del acuerdo entre patronal y sindicatos, y presionan al máximo a sus socios de izquierda para que la apoyen en la votación, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, negocia con ERC y EH Bildu para pactar posibles modificaciones que no desvirtúen la reforma. Si Sánchez termina negociando con Ciudadanos y el PNV para aprobarla sin contar con sus socios habituales, la tensión con Unidas Podemos se elevaría al máximo.