Gobierno, patronal y sindicatos pactan los cambios, como exigía Bruselas, para que el indefinido sea el contrato ordinario y sancionar los abusos
24 dic 2021 . Actualizado a las 11:12 h.«Especial», «histórico», «sin precedentes». Esos fueron algunos de los calificativos que más se repitieron este jueves para definir el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales sobre la reforma laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordó que han sido nueve meses de negociaciones, con parto feliz, pese a estar trufadas de desencuentros y amagos de plante. Aunque las posiciones distaban mucho en algún momento (la limitación de los contratos temporales amenazó con frustrar definitivamente cualquier acuerdo), la sangre no llegó al río, gracias a que todas las partes han hecho concesiones.
Después de que las líneas maestras de la nueva normativa laboral fueran bendecidas —por unanimidad— por los órganos de dirección de patronal y sindicatos, la redacción definitiva del texto (aún sujeta a modificaciones) estará lista para ser aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes 28. Estas son las principales novedades que incluye una reforma que, además de cumplir el calendario pactado con Bruselas (aprobarse antes de que expire el año), también sale adelante con el consenso social que reclamaba Europa. Díaz aseguró que el texto pactado «es mucho más» que una derogación de la reforma aprobada por el PP en el 2012.
Atajar la temporalidad
El indefinido será el contrato ordinario. Uno de los objetivos principales del rediseño de la normativa laboral pasaba por poner coto al mayor problema que tiene el empleo en España: su temporalidad. Y es que, según la última encuesta de población activa (EPA), uno de cada cuatro trabajadores son eventuales. Para fomentar la estabilidad en el empleo y poner fin al abuso de los contratos temporales se ha pactado que la contratación ordinaria será indefinida, mientras que pasa a la historia el contra por obra y servicio y se reducen a dos los temporales: estructural y formativo.
El primero podrá realizarse siempre que se den necesidades de producción que los hagan necesarios, tales como «el incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aún tratándose de actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere». También podrán emplearse para sustituir a un trabajador. Su duración se fija en un plazo máximo de 12 meses (seis ampliables), frente a los cuatro años actuales. Asimismo, si un trabajador suma 18 meses de 24 como eventual, se le considerará indefinido. Los picos de producción, como las campañas de Navidad o rebajas, también podrán cubrirse con este tipo de contratos, aunque su duración máxima será de 90 días. Además, en el último trimestre de cada ejercicio las empresas deberán informar a la representación de los trabajadores qué previsión de contratación eventual tienen para el año siguiente.
En lo que respecta al tipo de contrato formativo, se limitará a trabajadores de hasta 30 años, durante los tres años siguientes a la finalización de sus estudios. Además deberán estar supervisados por un tutor y su duración oscilará entre un mínimo de tres meses y un máximo de dos años.
Más Sanciones
Contra el fraude en la contratación. Agentes sociales y Gobierno han pactado un endurecimiento de las penalizaciones para aquellas empresas que abusen de la temporalidad. En concreto, se eleva para el caso de los contratos eventuales de muy corta duración —los empresarios pagarán unos 27 euros por dar de baja un contrato temporal corto, como los de fines de semana o vacaciones— y se fijan nuevas sanciones para los contratos fraudulentos, con multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador.
fijo-discontinuo
Se potencia esta fórmula. Igualmente, como modo de desincentivar el abuso de la contratación temporal, la reforma potencia la fórmula del fijo-discontinuo como mejor alternativa para desarrollar trabajos «de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada». Para cubrir dichos puestos, las empresas tendrán que informar a los sindicatos anualmente de su previsión al respecto.
convenio sectorial
Recupera su prevalencia sobre el de empresa. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos era la de reequilibrar las fuerzas en la negociación colectiva, que los cambios legislativos del 2012 habían debilitado en favor de los empresarios. En este sentido, se revierte la prevalencia del convenio de empresa en favor del sectorial, lo que supone un avance para evitar tanto la precarización salarial como de otras condiciones laborales que los convenios de empresa solían suponer.
Sí que se mantiene sin tocar el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a la empresa modificar las condiciones de trabajo por causas económicas o productivas.
Vuelve la ultraactividad
El convenio no decae hasta que se firme uno nuevo. Este es otro de los puntos en los que se deroga la reforma del 2012, ya que la nueva norma recupera la ultraactividad sin límite de los convenios colectivos, que el Partido Popular había limitado a un año. Esto supone que el convenio se mantendrá en vigor, sin limitación temporal, hasta que no se negocie y apruebe uno nuevo que lo sustituya.
coto a la precarización
Evitar el abuso en las subcontratas. Con la misma finalidad de frenar el abuso en las subcontrataciones y, con ello, la precarización laboral, el texto pactado también recoge que las contratas y las subcontratas deberán cumplir el convenio del sector de la actividad que desarrollan, independientemente de a cuál de las empresas pertenezcan. Los sindicatos subrayan que esto «supone un importante golpe a fenómenos precarizadores como las empresas multiservicios», y evitará la devaluación salarial que padecían los trabajadores de las subcontratas, al aplicárseles un convenio diferente al de la empresa que contrataba.
Erte estructural
Un mecanismo estable para evitar despidos. Otro de los puntos que incluye la revisión legislativa es la consolidación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que tan buenos resultados han dado durante la pandemia para evitar la destrucción de puestos de trabajo, como estructurales. Por ello se pondrá en marcha el mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo para potenciar los ERTE en lugar de los despidos cuando las empresas atraviesen situaciones difíciles.
Habrá, en concreto, dos tipos: la modalidad cíclica y la sectorial. La primera será en caso de coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización (su duración será de un año); mientras que la segunda se activará «cuando se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras». También durará un año, pero con posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una de ellas.
Los nuevos ERTE tendrán una rebaja de las cotizaciones sociales de entre el 20 % y el 90 %
Otro de los retos de la contrarreforma laboral es combatir el alto grado de despidos que se producen en el mercado laboral español en momentos de crisis. Así, la nueva norma propiciará instrumentos eficaces para proteger a las personas trabajadoras y dotar al tejido productivo de herramientas para mantener el empleo respetando los derechos laborales. De esta forma, se actualizan y se acomodan a las situaciones de normalidad los ERTE de la pandemia, esa herramienta que ha resultado clave en esta crisis para evitar destruir empleo.
Para ello, además del actual sistema de reducción de jornada y suspensión temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), se crea un nuevo «mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo».
Tendrá dos modalidades: una cíclica, para cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica que aconseje la adopción de instrumentos de estabilización, que tendrá una duración máxima de un año; y la sectorial, para cuando en un determinado sector se aprecien cambios que generen necesidades de recualificación y de transición profesional. Su duración será de un año pero ampliable a dos mediante dos prórrogas de seis meses.
Estos ERTE se activarán por acuerdo del Consejo de Ministros, previa información y consulta con las organizaciones sindicales y empresariales. Las empresas que se acojan a uno de estos mecanismos tendrán, como ahora, exenciones a las cotizaciones de la Seguridad Social que oscilarán entre el 20 % en los casos de ERTE por causas económicas (ETOP) o de modalidad sectorial, hasta el 90 % en los ERTE de fuerza mayor.
Obligaciones
Eso sí, a cambio del alivio en las cotizaciones sociales, las empresas que se acojan a este tipo de mecanismo estarán obligadas a dar formación a sus plantillas.
De igual manera, estas empresas tendrán que asumir la obligación de mantener a los trabajadores afectados por la suspensión del contrato o la reducción de jornada durante los seis meses siguientes a la finalización del expediente o, de lo contrario, tendrán que devolver todas las cotizaciones exoneradas. Tampoco podrán realizar horas extra, establecerse nuevas externalizaciones ni concertarse nuevas contrataciones laborales.
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m. sío dopeso
«Si todos están contentos, mucha reforma no debe de ser», ironizaba un empresario gallego del metal, cuya mayor preocupación ahora es saber «cómo va a quedar plasmado en los papeles lo de la temporalidad». Pero al margen de la letra pequeña que se irá conociendo, a lo que no hay que quitarle mérito es a que esta nueva reforma laboral es la primera de envergadura que recibe la bendición de todos los agentes sociales.
El comité ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) fue el primero en avalar la última propuesta del Gobierno, a pesar de que algunas de las patronales (Asaja, Foment, Madrid y Anfac) se abstuvieron durante una votación inicial, como recordaba Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia. Los comités de los sindicatos UGT y CC.OO., por su parte, aprobaron el texto por unanimidad. «Yo voté a favor, y mi valoración es positiva. Vamos a ver como queda la redacción final, y esperemos que se lleve adelante en el Congreso, porque es una reforma que da estabilidad», afirmó Vieites. Sobre la cuestión de la temporalidad, reconoce que «había unas líneas rojas que no se han sobrepasado. Es cierto que se han incorporado aspectos que ya se habían ganado en los tribunales y algunos más». En cuanto a la unanimidad, el presidente de la CEG precisa que «cuando hay un acuerdo así, las dos partes quedan disconformes en algo, pero es un acuerdo bueno».
La ratificación del pacto permitirá a la ministra Yolanda Díaz cenar en Ferrol, tal y como había planeado. Tras conocer la buena noticia, la vicepresidenta segunda se apresuró a manifestar su «satisfacción» por conseguir el visto bueno de los agentes sociales después de 9 meses de negociación. «Es un día muy especial para el Ministerio de Trabajo y Economía Social y para el Gobierno de España. Es un día histórico, como muchos de los que hemos vivido, pero, si me permiten, hoy es un día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país», dijo, destacando que la futura normativa «recupera y gana derechos para los trabajadores. Confío en que, tras su entrada en vigor, mejoren las relaciones laborales en España», dijo.
Su mensaje fue refrendado por el presidente, Pedro Sánchez, a través de Twitter: «Cumplimos. Hoy avanzamos hacia un modelo de relaciones laborales del siglo XXI. Lo hacemos con la bandera del acuerdo y el diálogo», afirmó.
Felicitaciones de Calviño
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, también elogió el pacto logrado por su colega de Gobierno. «Se trata de un acuerdo equilibrado, que permitirá por un lado reducir la temporalidad, la precariedad y la enorme volatilidad que han caracterizado a la economía española durante décadas, al tiempo que proporcionará seguridad jurídica y un marco estable para impulsar la creación de empleos de calidad en este ciclo de recuperación económica que ahora se inicia», aseguró Calviño.
La parte sindical también se mostró satisfecha. «Es un acuerdo que contempla muchas de las reivindicaciones que nos habíamos planteado en esta mesa de diálogo social. Entre ellas, y fundamental, el equilibro de la negociación colectiva, con la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial estatal», afirmó el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya. Añadió que la futura normativa posibilitará «una reducción importante en los porcentajes de temporalidad» en España, una de las finalidades de esta reforma».
Unai Sordo, secretario general de CC. OO. calificó como «netamente positivo» el acuerdo, que deroga parte de la reforma laboral del 2012. «Por primera vez, una reforma laboral de calado no será para recortar, para precarizar el empleo, para abaratar el despido, para reducir el modelo organizativo de los trabajadores, sino que rema en la dirección contraria», afirmó. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, confirmó el apoyo de su organización a las líneas generales de la reforma ya que el texto «mantiene la libertad de empresa y la libertad de contratación».
Amén obispal
En la misma línea, La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) calificó como una «magnífica noticia» el acuerdo. «Sienta las bases de un modelo de mayor calidad y protección en el empleo, y lo hace desde el valor del consenso», afirmó la secretaria general de la organización, María José Landaburu.
Por su parte, desde la conferencia episcopal, los obispos manifestaron su confianza en que la nueva legislación laboral «elimine las desigualdades en las relaciones en las empresas, acabe con la temporalidad, la precariedad y la inseguridad y refuerce la negociación colectiva en condiciones justas».