Críticas a Casado por decir que «hay docentes que no dejan ir al baño si se habla castellano»
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Junts se querella en el Supremo contra el líder del PP por «sus mentiras»
09 nov 2022 . Actualizado a las 11:03 h.El Gobierno catalán estudia querellarse contra Pablo Casado por «avivar el odio» al haber afirmado este pasado viernes en Galicia que en Cataluña «hay niños a los que se les ponen piedras en la mochila por hablar castellano en el patio y que hay profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo a algunos menores si lo piden en castellano». Así lo anunció el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien tildó las palabras del dirigente popular de «infames» y lo acusó de «avivar el odio». «Defenderemos siempre la verdad y al profesorado de ataques indecentes como este», espetó en un mensaje de Twitter. Pero las palabras de Casado provocaron reacciones en el resto de partidos independentistas y también en los del Gobierno de coalición.
El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, cuya formación se adelantó al Ejecutivo catalán y ya presentó ayer una querella contra Casado ante el Tribunal Supremo, lo emplazó a retirar «sus amenazas y sus mentiras» porque «no conseguirá fragmentar ni dividir a la ciudadanía». Y lo acusó de generar «odio y ganas de incrementar el conflicto» sobre el uso del catalán.
La denuncia de JxCat pide al Supremo que cite a Casado como investigado por los delitos de calumnias, injurias e incitación al odio con bulos.
Carles Riera, de la CUP, advirtió a la Generalitat de que no sirven «medias tintas» y le pidió que tome «medidas firmes» en defensa de la escuela catalana.
Unidad y consenso
La presidenta del grupo de En Comú Podem, Jéssica Albiach, denunció, por su parte, «las mentiras y las barbaridades de Pablo Casado» respecto al modelo de inmersión lingüística, y reivindicó la unidad y el consenso para defender la escuela catalana.
El Gobierno acusó a Casado, una vez más, de anteponer sus intereses personales a los del país. En concreto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el líder del PP practica una política de «tierra quemada» desde que Pedro Sánchez aterrizó en la Moncloa en el 2018. Según ella, la estrategia del líder de la oposición de obstaculizar el camino del Ejecutivo y rechazar todas y cada una de sus iniciativas ha llegado al punto, incluso, de remar en contra de la llegada de los fondos europeos.
El independentismo sale a la calle en defensa del modelo de inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña
Miles de personas (35.000 según la Guardia Urbana) se manifestaron ayer en Barcelona frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para reivindicar la escuela en catalán y protestar contra la sentencia de ese tribunal, ratificada por el Supremo, que obliga a la Generalitat a impartir el 25 % de las clases en castellano. La comunidad escolar que defiende un modelo educativo únicamente en catalán, así como las fuerzas independentistas, ven las últimas sentencias que cuestionan el modelo de inmersión lingüística como un ataque del nacionalismo español y una injerencia, a su juicio, inaceptable de la Justicia en la enseñanza.
La manifestación se celebró también para dar apoyo al colegio Turó del Drac, en Canet de Mar, que se ha situado en el epicentro del conflicto lingüístico, después de que el TSJC diera la razón a unos padres que habían solicitado más clases en castellano para su hijo de cinco años que cursa infantil. El caso de Canet ha tensionado el debate político, tanto en el Congreso como en el Parlamento autonómico. En solo una semana, el secesionismo se ha manifestado en dos escenarios para defender el catalán: cerca del colegio de Canet y frente a la Justicia. El mensaje no deja dudas. La marcha contó con una amplia representación institucional y política. Participaron el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y buena parte de su Ejecutivo, así como la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, y los líderes de ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem (que suman el 60 % de los diputados autonómicos), además de las plataformas independentistas como la ANC y Òmnium y los sindicatos UGT y CC.OO.
Estaba casi todo el secesionismo civil y político, aunque entre el color verde de la marcha (el color de la escuela catalana) lo que más se vio fueron banderas independentistas.
El PSC no acudió
El partido que no asistió fue el PSC, que defiende desde sus orígenes el modelo de inmersión, pero ahora se ha distanciado de la mayoría catalanista ya que los socialistas abogan por el cumplimiento de las sentencias judiciales y apuestan por introducir cambios en el modelo. El PSC afirmó días atrás que no acudiría porque coincidía con su congreso extraordinario, donde Salvador Illa asume el relevo de Miquel Iceta al frente del partido. El procés no solo ha provocado una fuga de empresas y ha dividido a la sociedad catalana. También ha hecho saltar por los aires el amplio consenso que existía en torno al modelo de escuela en catalán. La primera ley que impulsó el Parlamento de Cataluña en defensa del catalán y que fue el inicio del desarrollo del llamado sistema de inmersión (actualizado con sucesivas leyes) fue la de Normalización Lingüística de 1983, aprobada con un voto en contra y una abstención. Hoy ese consenso es imposible. El PSC evitó ayer la foto junto a la mayoría secesionista. PP, Ciudadanos y Vox, por su parte, no quieren saber nada del modelo de inmersión. Una postura diferente a la de 1998, cuando el Parlamento catalán con el apoyo del PP aprobaba la Ley de Política Lingüística, que permitía hasta multas por no rotular comercios en catalán y fue gestada dos años antes entre José María Aznar y Jordi Pujol en el pacto del Majestic.
Situación crítica
Al final de la marcha, tomaron la palabra una estudiante, una madre de un escolar y la directora de un centro, en representación de Somescola, entidad que agrupa a una cincuentena de organizaciones educativas. Leyeron un manifiesto que calificó la sentencia de «intento de agresión» y de «intromisión» en el sistema educativo. Según Somescola, el catalán está en situación «crítica». A la Generalitat la instó a «blindar» el sistema de inmersión, y al Gobierno central, a «respetar» el modelo catalán.
Arrimadas denuncia «odio» y «persecución institucional» de la Generalitat
La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, acusó ayer al Gobierno de participar en una manifestación «infame» que busca «callar, silenciar y amedrentar a las familias que quieren ejercer sus derechos», y denunció que en Cataluña «hay odio» y «persecución institucional». Arrimadas dijo que la marcha «intenta silenciar a más de media Cataluña», y criticó la asistencia a la misma de los sindicatos. Así, señaló que «no mueven ni un dedo para luchar contra los barracones, contra la subida de la luz o la precariedad laboral, y hoy están aquí tocando las palmas al nacionalismo más identitario y más elitista y sectario de Europa que es el Gobierno catalán». E insistió: «En Cataluña hay odio y persecución institucionalizada a una mayoría de catalanes que queremos la convivencia y dos lenguas vehiculares en la escuela».