El Gobierno admite que la nueva ley de memoria democrática no cambia «nada»
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Bolaños plantea investigar hasta el año 1982 las «inercias de la dictadura», pero el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos provoca críticas de dirigentes socialistas
18 nov 2021 . Actualizado a las 19:38 h.«No se cambia nada». El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, admitió este jueves con esa contundencia que las modificaciones en la ley de memoria democrática pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos no tendrán, en caso de aprobarse, ninguna repercusión judicial respecto a la situación actual. Aunque el partido morado considera que se abre la vía para juzgar los crímenes del franquismo e impedir que los jueces se acojan a la Ley de Amnistía para no investigar esos delitos, el Ejecutivo sostiene que lo pactado «no implica cambios» en la actual legislación penal porque no se puede «establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72» y porque desde el año 2002, cuando España ratificó los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad, ya se permite investigar los crímenes de la dictadura.
«Reparación moral»
Bolaños restó también trascendencia jurídica al hecho de que el PSOE haya aceptado extender hasta el año 1982 el período de investigación de los delitos de la dictadura. Algo que, según dijo, tiene un interés «historiográfico» más que jurídico. Pero admitió que se pretende crear «un comité de expertos que estudie vulneraciones de derechos fundamentales de personas que intentaron consolidar la democracia y que llega hasta el 82», a pesar de que en ese año ya se había aprobado la Constitución y se habían celebrado bajo su amparo unas elecciones generales en 1979.
Según el ministro, los historiadores «consideran que «tras la entrada en vigor de la Constitución todavía hubo un tiempo en el que existió alguna inercia de la dictadura y alguna vulneración de valores democráticos y derechos fundamentales». Ese estudio se contempla, sin embargo, como «una reparación moral a esas personas», aunque no sea posible condenar a los supuestos culpables. En todo caso, el Gobierno dejó claro que el período de aplicación de la futura ley de memoria democrática «termina con la entrada en vigor de la Constitución del 78».
Críticas en el PSOE
El artículo 9.3 de la Constitución garantiza «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales». Y el 10.2 señala que «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».
La interpretación del Gobierno es que lo que hacen el PSOE y Unidas Podemos es «ratificar la vigencia de la Ley de Amnistía». Pero la enmienda recibió críticas desde el propio PSOE. El presidente de Aragón, Javier Lambán, advirtió de que la Ley de Amnistía es la «clave de bóveda» de la Transición, la Constitución y «los posteriores 40 años de convivencia pacífica entre los españoles». Lambán, cuyo criterio es compartido por otros barones como el castellanomanchego Emiliano García-Page dijo que la Ley de Amnistía fue «celebrada» por socialistas, comunistas y nacionalistas y que por ello no entiende que ahora pretendan derribar esa ley «los nietos de los combatientes de la Guerra Civil, de los que quisieron abrazarse» para cimentar la democracia.
Carrillo propuso hacer «cruz y raya» de la Guerra Civil y Esquerra votó a favor
Gonzalo Bareño
La Ley de Amnistía, impulsada por los grupos de izquierda, se aprobó el 14 de octubre de 1977 en el Congreso con 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y un voto nulo. Unos días antes, el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, afirmó que los comunistas querían «hacer cruz y raya sobre la Guerra Civil de una vez para siempre» porque había que «superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la Guerra Civil». El secretario general del sindicato Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, también diputado, pidió «amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie». El PCE votó a favor, al igual que el PSOE, UCD y las Minorías Vasca y Catalana, en la que se integraban, entre otros, el PNV, Convergència, Unió y ERC. AP, liderada por Manuel Fraga, se abstuvo.
«El aplauso más largo desde la constitución del Congreso»
F. ESPIÑEIRA
La doble sesión parlamentaria del 14 de octubre, primero en el Congreso y luego en Senado, fue recogida en la edición del día siguiente de La Voz de Galicia con un titular a cinco columnas que daba cuenta del crucial momento: «Aprobada la amnistía», rezaba la portada del diario. El subtítulo era también rotundo: «Tras el sufragio, los parlamentarios, puestos en pie, prorrumpieron en el más largo aplauso desde su constitución [la de las Cortes]»,
En la crónica de la jornada se recoge la tensión del debate en la Cámara Alta, con el grito del senador José Alonso al depositar su voto y proclamar un «¡Viva la clase obrera!», que puso la nota emotiva al tirante sesión. «Un miembro del PSOE [el senador Francisco Ramos] se refirió a la necesidad de que, en un plazo próximo, se haga justicia con los militares beneficiados solo en parte», desvelaba el cronista, que reflejaba el malestar del almirante Gamboa al responder a esa intervención: «Y de Paracuellos ¿qué?».
La información hace hincapié en las intervenciones de los representantes de las minorías catalana y vasca, especialmente satisfechos con el acuerdo. Luis María Xirinacs, de Entessa, señaló que el texto contenía «grandes méritos, quizás todos los que en estos momentos podían conseguirse».
«Construir la convivencia»
Más explícito se mostró Juan María Vidarte, que habló en la sesión en nombre de los senadores vascos y destacó el importante paso adelante que suponía la nueva ley para «construir la convivencia».
«Fue una histórica sesión», reflejaba en un artículo de opinión Victoria Armesto días después para poner en valor la aprobación de un documento que salió adelante en las Cortes tras ser redactado por todas las fuerzas, excepción hecha de Alianza Popular, que optó desde el primer momento por la abstención.
ERC exige derogar la Ley de Amnistía, pero no vincula esa negociación a la de los Presupuestos
G. B.
Aunque las enmiendas a la ley de memoria democrática acordadas entre el PSOE y Unidas Podemos para investigar los delitos de la dictadura franquista se planteó como un intento de acercar posiciones con los partidos independentistas de cara a la negociación de los Presupuestos, el Gobierno se ha encontrado con el rechazo frontal de ERC, su principal socio. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, afirmó que la Ley de Amnistía exonera los delitos de las autoridades y funcionarios contra el derecho de las personas, por lo que el Ejecutivo está «vendiendo un triunfalismo» en algo que es «absurdo». Pidió por ello al Gobierno que «no mienta», ni abra «falsas expectativas». Sin el apoyo de ERC, que exige «derogar» la Ley de Amnistía, PSOE y Unidas Podemos tienen difícil sacar adelante la nueva ley de memoria democrática. Rufián, sin embargo, dijo que esa norma es un «tema serio», por lo que su negociación es «independiente» al apoyo de ERC a los Presupuestos. El Gobierno no puede contar tampoco con Ciudadanos, que ha anunciado su voto en contra. «Quieren acabar con la memoria de este país sobre uno de los hitos más importantes como es la Transición de la dictadura a la democracia, como fue la Ley de Amnistía de 1977», afirmó el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal.
El BNG lo ve insuficiente
En la misma línea que ERC, el BNG considera «claramente insuficientes» las enmiendas pactadas por el PSOE y Unidas Podemos a la ley de memoria democrática. Su portavoz en el Congreso, Néstor Rego, explicó que su formación estima necesaria la supresión de los artículos de la Ley de Amnistía que amparan los delitos cometidos por los funcionarios y autoridades franquistas.
El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, acusó al Gobierno de sacar de nuevo el «comodín de Franco» en medio del «enfado» y el «tsunami de malestar social» en España, y criticó que el Ejecutivo, con sus «socios radicales», esté centrado en «dinamitar» los acuerdos de la Transición y lo «construido entre todos con una generosidad enorme» en vez de estar ocupándose de los «problemas reales» de la gente.
