El Gobierno pacta con los sindicatos una subida de cuotas durante diez años
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El recargo se aplicará a partir del 2023 y supondrá un alza media de 12 euros al mes: diez a cargo de la empresa y dos que se decontarán al trabajador
16 nov 2021 . Actualizado a las 08:40 h.A diferencia de lo que ocurrió con los expedientes de regulación temporal de empleo y todas sus prórrogas, el Gobierno no podrá repetir la foto del acuerdo con los agentes sociales para aprobar el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que busca garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones ahora que se acerca la jubilación de la generación más numerosa, la del baby boom. Las patronales CEOE y Cepyme rechazaron la última propuesta del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, para subir las cotizaciones sociales y usar esos recursos extras para rellenar la esquilmada hucha de las pensiones.
Consideran los empresarios que imponer nuevas cargas a las compañías podría enfriar la recuperación económica y frenar la creación de empleo, que «es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones». Pero es que además entienden que la propuesta del Ejecutivo «es insuficiente, no garantiza el equilibrio del sistema y necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad». Además, recuerdan que «tiene poco de intergeneracional», ya que todos los esfuerzos se cargan sobre los trabajadores, los actuales y sobre todo los futuros, mientras que no se pide ningún ajuste a los pensionistas.
El no de la CEOE despejó el camino para que el Gobierno cerrase un acuerdo en solitario con los sindicatos, como ya hizo en la última subida del salario mínimo interprofesional. De hecho, las centrales estaban de acuerdo en la subida temporal de cuotas que proponía el ministro Escrivá, y su único pero pasaba por minimizar la carga para el trabajador y que fuesen las empresas las que asumieran el grueso del gasto extra. De hecho, en el acuerdo final, que se introducirá como enmienda en la ley de reforma de las pensiones que se tramita en el Congreso, la Seguridad Social endosa a las compañías más del 80 % del recargo en las cotizaciones, que será de seis décimas al mes (cinco a cargo de la empresa y una que aportará el empleado) y estará en vigor durante diez años, entre el 2023 y el 2032. El Gobierno vuelve así a su idea inicial, aunque en el último borrador presentado a los agentes sociales, que fue el que provocó el rechazo de la patronal, abogaba por aplicar el incremento durante 13 años, aunque con porcentajes más bajos en los primeros años.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió ayer ese aumento de cuotas para contar con un remanente con el que afrontar el incremento del gasto por la jubilación de los baby boomers, y recordó a los empresarios que en los últimos cuarenta años, desde 1982, las cotizaciones sociales a cargo del empleador se han reducido en cuatro puntos «por la cara y nadie protestó», por lo que este recargo temporal, argumenta, «no debe ser ningún escándalo y debe ser asumido».
También desde CC.OO. valoran que el Ejecutivo abandone la idea del recorte de gastos para centrarse en mejorar los ingresos del sistema.
La previsión del departamento de Escrivá es que, con esta aportación adicional, el fondo de reserva de la Seguridad Social, que actualmente solo cuenta con 2.138 millones, pueda superar la cuota de los 40.000 millones a comienzos de la próxima década. Pero el recargo en las cuotas solo permitiría recaudar unos 2.800 millones anuales, por lo que además se necesitaría obtener una tasa de rentabilidad por el dinero depositada del entorno del 5 %, un objetivo muy ambicioso en el entorno actual.
A diferencia de lo que ocurría con el anterior factor de sostenibilidad, que nunca llegó a aplicarse pero que preveía un recorte del importe de las nuevas pensiones acorde al incremento de la esperanza de vida, el nuevo mecanismo no incluye ninguna medida de ajuste para los pensionistas, al menos de partida. Estas solo se aplicarían si las proyecciones de gasto en pensiones que se analizarán cada tres años alertan de una desviación importante y se agota el fondo de reserva (del que solo se podrá retirar el equivalente al 0,2 % del PIB al año). Si eso ocurre, el texto abre la puerta a recortar el porcentaje de gasto dedicado a pensiones (esto es, reducir prestaciones) o a aprobar nuevas subidas de las cuotas. Pero esas revisiones no se abordarán hasta el 2033, lo que pasa la patata caliente de los recortes a futuros Gobiernos.
Escrivá cifra el recargo en dos euros al mes para el empleado y diez para la empresa
El ministro de Seguridad Social defendió ayer el acuerdo alcanzado con los sindicatos asegurando que permitirá generar un «colchón de seguridad» para el sistema con un incremento muy pequeño de la contribución de empresas y trabajadores. En concreto, cifró el sobrecoste medio en unos 12 euros mensuales para una base de cotización de 2.000 euros al mes (la media en España está en 1.924), de los cuales diez correrían a cargo del empleador y dos se le descontarían de la nómina al trabajador.
Escrivá lamentó el rechazo de la CEOE a sumarse al acuerdo. «Me pregunto por qué no lo han hecho», dijo el ministro, que aseguró que lo firmado con los sindicatos no se aparta del espíritu de la primera parte de la reforma de las pensiones a la que sí dieron su visto bueno los empresarios. Y reprochó a la patronal que no hubiese hecho una propuesta alternativa de cómo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones si no estaba de acuerdo con lo que proponía el ministerio.
El ministro descartó que, como exponen los empresarios, los costes laborales sean excesivos en España. En ese sentido, recordó que las cotizaciones sociales suponen menos de un 14 % del PIB, mientras que en Alemania superan el 19 %. Y recordó que el coste total por hora trabajada ronda los 21 euros en nuestro país, tras muchos años estancada, mientras que la media de la Unión Europea «está en los 25-26 euros y en Francia está por encima de los treinta».
El Banco de España reprocha que no se actúe para bajar los gastos
En pleno debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, censuró ayer que las dos principales propuestas que hay ahora sobre la mesa en relación a las prestaciones de la Seguridad Social, su revalorización de acuerdo con la inflación y la eliminación del factor de sostenibilidad previsto en la reforma del 2013, generarían un incremento del gasto público de «cuatro o cinco puntos porcentuales» del PIB al año si no se compensan con otro tipo de medidas.
En su intervención en la convención de la Asociación de Mercados Financieros (AMF), el gobernador incidió en que las reformas del 2011 (que elevó la edad de retiro y alargó el período de cómputo de la pensión) y del 2013 (que desligó las pensiones del IPC y pretendía vincular el importe de las nuevas prestaciones a la evolución de la esperanza de vida) «servían para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema», mientras que las actuales propuestas solo suponen un incremento neto del gasto, sin compensarlo de ninguna forma. Por ello, ha instado a poner medidas «encima de la mesa» que sean «suficientes» y que ayuden a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Una apelación a la que no entró el ministro Escrivá, que recordó que el Banco de España solo opina «sobre reformas ya materializadas», por lo que no puede tener una postura sobre un mecanismo de equidad que se dio a conocer a última hora del día.
Euforia en los sindicatos
Quienes no disimulaban ayer su euforia eran los líderes de UGT y CC.OO. «Hemos conseguido un éxito sindical indiscutible», presumía el secretario general de Comisiones, Unai Sordo, para recordar que se ha impuesto su narrativa de que los ajustes en el sistema de pensiones deben hacerse por la vía de incrementar los ingresos y no de reducir los gastos. En ese sentido, destacó que el factor de sostenibilidad previsto en la reforma del 2013 podría haber supuesto un recorte de las futuras pensiones de hasta el 30 %. Un argumento del que también tiró el ministro Escrivá, que defendió que la equidad intergeneracional del mecanismo aprobado ayer está en que se evita a los jóvenes que hoy entran al mercado laboral recortes en sus futuras pensiones.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, celebró que se envíe «al baúl de los recuerdos» la reforma de pensiones del Partido Popular. En un vídeo publicado por el sindicato, Álvarez destaca como un logro que no se reduzca el importe de las pensiones, que no aumente la edad de jubilación y que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas.
Rajoy pide «no hacer tonterías»
No estaba tan contento ayer el autor de esa reforma del 2013, el expresidente Mariano Rajoy, que advirtió ayer que España solo superará la crisis provocada por la pandemia si el Gobierno «no hace tonterías» y abandona el «dogmatismo». Según Rajoy (que antes de dejar la Moncloa aceptó dejar en suspenso el factor de sostenibilidad para pactar con el PNV sus últimos Presupuestos), lo que toca es aplicar «una buena política económica» y hacer «reformas, no contrarreformas».