La renovación del Constitucional rompe la disciplina de voto de PSOE y Podemos
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Diez diputados de la coalición incumplieron la orden de apoyar al candidato Enrique Arnaldo, propuesto por los populares
12 nov 2021 . Actualizado a las 08:46 h.PSOE, PP y Unidas Podemos sacaron adelante este jueves en el Congreso la designación como magistrados del Tribunal Constitucional de los cuatro aspirantes propuestos por socialistas y populares. Pero diez diputados de los dos partidos de izquierda rompieron la disciplina de voto y no respaldaron la candidatura de Enrique Arnaldo, promovido por el PP, y algunos de ellos rechazaron también a Concepción Espejel, la otra propuesta de los populares. Los aspirantes necesitaban el respaldo de tres quintos de la cámara (210 votos). Arnaldo obtuvo 232, mientras que Espejel alcanzó 237. Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, propuestos por el PSOE y Unidas Podemos, tuvieron 240. De haber sumado el respaldo de todos los diputados del PSOE, PP y Unidas Podemos, los cuatro aspirantes deberían haber alcanzado 242, ya que el exdiputado del partido morado Alberto Rodríguez no ha sido sustituido. Hubo en total 249 votos, de los cuales ocho fueron en blanco y uno nulo. El exministro de Transportes José Luis Ábalos dijo que voto en blanco por error.
El diputado socialista Odón Elorza reconoció públicamente que no apoyó a Arnaldo, por lo que el PSOE abrirá un expediente para estudiar el caso. Antes de la votación, dos diputadas de Unidas Podemos, Gloria Elizo y Meri Pita, ya se habían pronunciado en contra de Arnaldo.
Boicot del resto de grupos
Aunque la votación era telemática y secreta, los diputados del PSOE emitieron su voto sabiendo que la dirección del grupo socialista iba a conocer el sentido de su sufragio, ya que todos los parlamentarios de este grupo deben rellenar un documento junto comunicando qué es lo que han votado.
El resto de grupos dejaron solos al PSOE, PP, Unidas Podemos en la responsabilidad de aprobar las candidaturas. Vox, Ciudadanos, PNV, ERC, JxCat, PDeCAT, Bildu, Más País, CUP y BNG no participaron en la votación en señal de protesta, por diferentes criterios. La votación deja heridas en la llamada mayoría de investidura. «Entendemos la posición de Unidas Podemos, pero pensamos que podía haber hecho muchísimo más en esto», dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
El Gobierno se justifica
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, trató de quitar responsabilidad a los diputados del PSOE y Unidas Podemos en la elección de Arnaldo, sobre el que en los últimos días se han acumulado informaciones sobre presuntas irregularidades e incompatibilidades. «La que resulta dañada es la imagen del PP, que parece no tener nada mejor que ofrecer», señaló, añadiendo que «para el Gobierno lo importante es que demos cumplimiento a la Constitución». Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos, dijo que lo sucedido ayer les deja «muy mal cuerpo», pero añadió que hay que «saber cuando tienes responsabilidades de Gobierno».
Desde el PP, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, criticó que los que «se tienen que tapar la nariz» para votar no lo hacen cuando pactan con Bildu, «que es un partido que no condena el terrorismo». El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, celebró el acuerdo y eludió valorar «antecedentes y currículos». «Yo no fui consultado para esa elección. Sí creo que cada voto es libre. Y si alguno considera que debe votar no, que vote no», afirmó.
Enrique Arnaldo: Un veterano y prestigioso jurista con polémicos vínculos con el PP
Gonzalo Bareño.
Enrique Arnaldo Alcubilla (Madrid, 1957) es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1996 y 2001, a propuesta del PP, y es letrado de las Cortes Generales, que ayer lo designaron como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Está en excedencia en el cuerpo de administradores civiles del Estado tras superar también en su día las oposiciones para ese puesto. Cuando concluyó su mandato en el CGPJ, fundó el despacho de abogados Estudios Jurídicos, especializándose en derecho público, constitucional y administrativo.
Es su labor como abogado y su participación en diferentes negocios la que ha dado pie a las críticas de los grupos de izquierda, que lo vinculan al PP. Arnaldo fue asesor del expresidente de Baleares, el popular Jaume Matas, condenado por corrupción. El nuevo magistrado del Constitucional estuvo imputado en el caso Palma Arena por su relación con Matas, pero la causa contra él fue archivada. Desde su despacho defendió también al actual secretario de Justicia del PP, Enrique López, cuando fue detenido por conducir ebrio, lo que le obligó a renunciar a su cargo de vocal del Tribunal Constitucional.
En una conversación con el expresidente madrileño Ignacio González grabada en la operación Lezo ambos hablaban de colocar a fiscales afines. Arnaldo ha acudido en numerosas ocasiones a foros de la fundación FAES, vinculada al PP, aunque él asegura que siempre fue sobre asuntos técnico-jurídicos.
Ramón Sáez Valcárcel: Un juez de reconocida competencia con fuerte sesgo de izquierdas
Gonzalo Bareño
Ramón Sáez Valcárcel (Madrid, 1957) es un cualificado juez del que quienes le conocen destacan su alta categoría jurídica, pero también su fuerte sesgo ideológico de izquierdas. Aunque formalmente ha sido propuesto por el PSOE, ha sido promovido para el Tribunal Constitucional por Unidas Podemos. Antes de ocupar este cargo, Sáez ya fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida. Ocupó ese puesto entre 1996 y 2001, coincidiendo allí con Enrique Arnaldo.
Licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información, lleva 15 años como juez de la Audiencia Nacional, en donde se le considera un representante del sector más progresista junto a José Ricardo de Prada, al que Unidas Podemos trató de aupar al CGPJ. Ha sido autor de numerosos votos particulares en contra de sentencias dictadas por magistrados considerados conservadores. Sáez absolvió a los acusados de asediar el Parlamento catalán en el año 2011. En aquella sentencia afirmó que aquel cerco a los políticos fue «un acto en defensa de la Constitución». El fallo fue anulado posteriormente, por el Tribunal Supremo, que condenó a ocho de los acusados a tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado.
En otra sentencia, rechazó que Segi, la rama juvenil de ETA, fuera una organización terrorista, siendo también corregido por el Supremo. Fue ponente de la sentencia que absolvió al mayor Josep Lluís Trapero por la actuación de los Mossos en el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017.