La política, la economía y el fútbol de Portugal, sacudidos por un escándalo
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El expresidente del Benfica, Luis Felipe Vieira, en el eje de la trama
25 jul 2021 . Actualizado a las 10:50 h.El hasta hace unas semanas todopoderoso presidente del Benfica Club de Fútbol, el empresario Luís Filipe Vieira (Lisboa, 1949) que se encuentra en prisión domiciliaria desde comienzos de julio, es el protagonista del más reciente megaproceso de la Justicia portuguesa y del escándalo del momento al sur del Miño. La denominada operación Tarjeta roja es un supuesto entramado de corrupción, delitos fiscales y tráfico de influencias, de 100 millones de euros, que podrían ser más, para su beneficio personal, con los consiguientes daños económicos al Estado luso, a su club y al Novo Banco, que concedió durante años a Vieira numerosos créditos en condiciones muy ventajosas, que nunca pagó y sin intereses.
El juez de instrucción del caso, y encargado de la detención del empresario, es Carlos Alexandre, quien comandó la operación Marqués en sus comienzos y detuvo al ex primer ministro José Sócrates en noviembre del 2014, por sospechas de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, durante su etapa como jefe del Gobierno de Lisboa.
El Benfica es el club de fútbol con más socios en Portugal, la opinión pública llevaba varios años cuestionando los turbios negocios de Vieira, quien compareció en el Parlamento hace unos meses en una comisión de investigación, por los ventajosos créditos concedidos durante años al expresidente del Benfica, primero por el Espirito Santo y después de su caída, por el Novo Banco.
Luís Filipe Vieira, que comenzó su fortuna vendiendo neumáticos, ha presidido con éxito el Benfica durante más de 18 años, y fue el responsable de contratar a José Antonio Camacho como entrenador del club, a Ronald Koeman y al actual seleccionador luso, Fernando Santos. Vieira ha tenido que renunciar al cargo y ahora se encuentra en prisión domiciliaria. La policía judicial portuguesa confirmó este viernes que ya procedió al pago de los tres millones de euros de fianza, justo el día que terminaba el plazo. Y lo hizo con acciones del Benfica y una de sus propiedades.
Sus turbios negocios en el mundo del deporte fueron uno de los principales focos de atención del hacker portugués Rui Pinto, que ahora colabora con la policía, en este y otros casos importantes. Pinto siempre ha advertido sobre los peligrosos vínculos que existen en Portugal entre el mundo deportivo, empresarial y político.
Apoyos polémicos
El empresario fue reelegido para el sexto mandato consecutivo hace nueve meses. Entre sus apoyos figuraron el primer ministro luso, el socialista António Costa, y el alcalde de Lisboa, Fernando Medina. Costa no dudo en mostrar su respaldo, «no como primer ministro o secretario General del Partido Socialista (PS) sino como aficionado del Benfica». Pero tras la detención de Vieira, el jefe del Gobierno portugués no ha querido hacer declaraciones sobre el tema. Mientras el PS luso emitió un comunicado diciendo que «es tiempo de que actúe la justicia y de depurar responsabilidades».
¿Qué se investiga?
Sobre Luis Filipe Vieira recae la sospecha de utilizar sus excelentes contactos políticos con el ex primer ministro Sócrates y la cúpula del Partido Socialista, y financieros con Ricardo Salgado, expresidente del desaparecido Banco Espirito Santo (BES), así como su situación privilegiada como presidente del Benfica para crear en el 2014 una red de sociedades offshore por todo el mundo. A estas sociedades habrían llegado, a través del desaparecido BES, elevadas cantidades de dinero de las comisiones por la transferencia de jugadores, desviadas desde el club, para cubrir pasivos o comprar activos de su grupo empresarial, que acumula muchas deudas. En el punto de mira de las autoridades judiciales está el intento fallido de venta del 25 % del capital del Benfica a un empresario estadounidense. Además de la adquisición de deuda y del control de la entidad Imosteps, deudora del BES, una de los actuales problemas financieros del Novo Banco, a cuyo rescate ha tenido que acudir el estado portugués, a través del denominado Fondo de Resolución.