El proyecto se estrella en el Senado pese al recorte impuesto por los conservadores
22 jul 2021 . Actualizado a las 21:26 h.El plan de infraestructuras impulsado por el presidente estadounidense, Joe Biden, se topó este miércoles (madrugada del jueves en España) con el rechazo unánime de los senadores del Partido Republicano, quienes ni siquiera accedieron a debatir la iniciativa durante una votación clave en la Cámara Alta.
El resultado muestra la desconfianza que existe entre los dos partidos y la dificultad para lograr un acuerdo pese al trabajo desarrollado durante varias semanas por un grupo de 22 legisladores demócratas y republicanos.
El proyecto, que prevé una inversión en infraestructuras de 1,2 billones de dólares (aproximadamente un billón de euros) en ocho años, se enfrenta ahora a un futuro incierto, aunque desde el grupo de legisladores demócratas y republicanos apuntaron que aún son «optimistas» respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo y confían en que pueda haber una nueva votación «en los próximos días». Uno de los senadores de ese equipo, el republicano Mitt Romney, señaló que la nueva votación podría ser el próximo lunes.
El resultado, sin embargo, supone un fracaso para los demócratas, que no superaron la barrera de 60 apoyos que necesitaban para que el proyecto fuera debatido en el hemiciclo.
Rechazo unánime de los republicanos
Los 50 senadores republicanos votaron en contra de forma unánime, mientras que 49 demócratas lo hicieron a favor. El líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, tuvo que cambiar su voto del sí al no para cumplir con las reglas del Senado y pedir que la iniciativa se vuelva a considerar dentro de unos días.
Muchas de las miradas, de hecho, estaban puestas en Schumer, quien había decidido forzar la votación para presionar a los republicanos a llegar a un acuerdo con los demócratas. No obstante, el órdago le salió mal y los republicanos cerraron filas para rechazar la medida.
Los republicanos más moderados, incluido Rob Portman, quien ha estado liderando las negociaciones de su bancada, criticaron a Schumer por forzar la votación de una legislación que todavía no está ni siquiera escrita. «Se lo hemos dicho, que no estamos preparados, que vamos a votar no», dijo Portman antes de la votación en una entrevista con CNBC.
El argumento de Schumer, sin embargo, era que el voto para comenzar a debatir el proyecto no significaba que se tuvieran que ultimar todos los detalles y consideró que ya habría «muchas oportunidades» para cambiar el texto.
Por su parte, la Casa Blanca respaldó la estrategia de Schumer al describirla como parte de las operaciones normales del Senado.
En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que otras veces los legisladores habían comenzado a debatir proyectos legislativos sin conocer su texto completo, como ha ocurrido con una ley aprobada esta semana y que condena los crímenes contra los estadounidenses de origen asiático.
El voto se produjo casi un mes después de que Biden anunciara en el exterior de la Casa Blanca, a bombo y platillo, que había llegado a un acuerdo con el grupo bipartidista de 22 senadores.
Recorte drástico
La inversión en infraestructuras será de 1,2 billones de dólares a lo largo de ocho años, una cifra inferior a la que propuso inicialmente Biden en marzo, de 2,3 billones, y que la Casa Blanca tuvo que rebajar ante las críticas de los republicanos.
El objetivo del plan de Biden es modernizar lo que ha llamado «infraestructuras físicas»: carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, entre otras.
Fuera del pacto quedó la llamada «infraestructura humana» necesaria, por ejemplo, para reabrir los centros de educación para niños que han cerrado durante la pandemia, así como para combatir la pobreza, la crisis climática y expandir Medicare, un programa de cobertura sanitaria para las personas mayores de 65 años.
Esos puntos han sido incluidos en un paquete de gasto social de 3,5 billones de dólares (unos 3 billones de euros) que los demócratas quieren aprobar en solitario a través de una fórmula legislativa conocida como reconciliación, que permite aprobar un proyecto de ley con mayoría simple de 50 votos, en vez de los 60 que hacen falta normalmente.