La generación del «baby boom» deberá elegir: menos pensión o retrasar el retiro
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Escrivá reabre el debate de la sostenibilidad en la firma del pacto de la reforma
01 jul 2021 . Actualizado a las 23:30 h.El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lanzaba la bomba apenas un par de horas antes de que, en la Moncloa, el presidente del Gobierno firmara con empresarios y sindicatos el pacto sobre el primer bloque de la reforma de las pensiones, que restablece la revalorización anual de las prestaciones en función del IPC. En una entrevista en TVE, Escrivá anunció que los trabajadores de la generación del baby boom (la más numerosa de la historia, con los nacidos entre mediados de los cincuenta y los setenta) tendrán que decidir entre cobrar menos pensión o bien retrasar su edad de jubilación para evitar el recorte.
«Podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más», aseveró, subrayando que el problema de sostenibilidad de las pensiones está «muy concentrado coyunturalmente» en la citada generación, y que eso será precisamente lo que abordará el factor de equidad intergeneracional con el que se sustituirá al factor de sostenibilidad que en el 2013 aprobó el Gobierno del PP.
El inesperado anuncio del ministro sorprendió, porque en el primer bloque de medidas pactadas con los agentes sociales y rubricado ayer en Moncloa no se dan detalles sobre el citado mecanismo, más allá de que el Gobierno dispone de cinco meses (hasta el 15 de noviembre) para negociar su diseño con empresarios y sindicatos. En caso de que no haya acuerdo para esa fecha, el Ejecutivo lo aprobará unilateralmente y lo incluirá, vía enmieda, en el proyecto de ley de la reforma de las pensiones, que iniciará su tramitación en septiembre.
De hecho, el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuestionada por expertos y oposición desde que el lunes se alcanzara el pacto social, planeó sobre el acto oficial de Moncloa, espoleado por la advertencia de Escrivá sobre el ajuste que recaerá sobre los baby boomers. Tanto Pedro Sánchez como los agentes sociales, en los discursos y declaraciones posteriores, abordaron el espinoso asunto del futuro de las pensiones y de los «esfuerzos» que deberán hacerse para moderar el gasto durante el período de mayor tensión, el de incorporación de la generación del baby boom.
El presidente se refirió a este asunto como «el gran desafío de la próxima década», asegurando, además, que las medidas pactadas «van a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es totalmente viable». «Damos tranquilidad a nuestros mayores, para que tomen sus decisiones vitales en libertad, las de ahorro, las de consumo, con la seguridad de que sus pensiones y las de sus hijos estarán garantizadas», insistió Sánchez, en línea con lo apuntado previamente por el ministro Escrivá, al asegurar que el acuerdo «elimina la incertidumbre de los pensionistas actuales y futuros» y refuerza la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, al introducir un factor de equidad intergeneracional que «adapta el sistema a nuevas realidades demográficas».
Sindicatos y patronal se oponen
Por su parte, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que durante sus intervenciones oficiales cerraron filas con el Gobierno felicitándose por la vuelta a las reformas con consenso social, discreparon en declaraciones posteriores a los medios del anuncio de Escrivá sobre el factor de equidad. No solo dejaron clara su oposición a los recortes -destacaron precisamente que esta primera parte de la reforma los había esquivado-, sino que recordaron que el mecanismo ni siquiera se había comenzado a negociar.
Sordo también reiteró la sostenibilidad de las prestaciones, argumentando que forma parte del compromiso político, pues no está escrito que el sistema deba mantenerse exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insistió en la importancia de que se mantenga un mecanismo de ajuste, «se llame como se llame» (en referencia al factor de equidad), pues lo exige Bruselas. Avanzó, igual que los sindicatos, que la negociación de los siguientes bloques de la reforma «no serán sencillos», pero mostró su disposición a seguir trabajando «con lealtad institucional». Horas más tarde, a través de un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme aclararon más su postura, calificando de «desafortunadas» las declaraciones de Escrivá y negando que compartiesen que la sostenibilidad del sistema recaiga solo sobre algunas generaciones. «No forma parte del acuerdo alcanzado ni se comparte», se desmarcaron.
La reforma recupera el IPC y premia demorar la jubilación
Las principales medidas que incluye este primer bloque de reforma del sistema de pensiones pasan por la recuperación del IPC como fórmula para revalorizar anualmente las pensiones, garantizando que no perderán poder adquisitivo. De hecho, aunque la intención inicial del ministro Escrivá era ajustarlas también si caía la inflación, finalmente se desechó la idea, de modo que cuando haya IPC negativo, las prestaciones se congelarán, consolidando las ganancias.
Esta medida, junto con la derogación del factor de sostenibilidad, supone en la práctica enterrar la reforma de pensiones que el Gobierno de Rajoy aprobó en el 2013, la primera sin consenso, tras la de Zapatero del 2011, pactada con los agentes sociales.
El texto rubricado ayer y que se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana, también recoge medidas para velar por el equilibrio futuro del sistema, algo que el Gobierno pretende conseguir haciendo más atractivo retrasar la jubilación.
Trabajar dos años más
Sin elevar la edad legal de retiro, que en el 2027 estará en los 67 años, el Ejecutivo pretende retrasar en dos años la edad efectiva de jubilación en el 2050, hasta prácticamente equipararla a la legal. Para ello, por un lado ha revisado los coeficientes que penalizan la jubilación anticipada y, paralelamente, ha puesto en marcha incentivos para prolongar la actividad profesional. En concreto, por cada año que se retrase la jubilación el trabajador percibirá un 4 % más de pensión o, si lo prefiere, recibirá un pago adicional único de hasta 12.000 euros.
El documento también prevé desarrollar en una nueva fase de negociación la implantación en el 2022 (aunque no tendrá efectos económicos hasta el 2023) del sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos. Su despliegue completo se alcanzará en un máximo de nueve años.