El Gobierno acelera y fija el 6 de julio como tope para los indultos del 1-O
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Sánchez comparecerá en el Congreso para defender las medidas de gracia
16 jun 2021 . Actualizado a las 10:34 h.Martes 6 de julio. Es el límite que se ha fijado el Gobierno para aprobar los indultos a los líderes independentistas catalanes condenados por el Supremo. Así lo admitía ayer la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, estableciendo esa fecha como tope, lo que no significa que no puedan llegar de manera anticipada. «Ahí o antes», afirmó en una entrevista matinal en Canal Sur Radio. «Cuando decimos que están cerca, es porque la semana que viene o la siguiente, en no mucho más que dos o tres semanas, tienen que estar terminados», detalló.
A las pocas horas refrendó este apremio la ministra portavoz, María Jesús Montero, que confió en que puedan ser aprobados «la próxima semana», aunque reconociendo su incapacidad para determinar una fecha cerrada. En todo caso, Sánchez quiere tener todo listo antes de su encuentro con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ambos acordaron efectuar antes de que concluya el presente mes, aunque también sin determinar.
La manifestación de la plaza de Colón del pasado domingo en contra de estas medidas de gracia no ha despertado ningún tipo de dudas en el presidente del Gobierno, quien mantiene la determinación de aprobarlas a la mayor brevedad posible. Por ello, un equipo del Cuerpo de Abogados del Estado trabaja a contrarreloj para cerrar los últimos flecos en cada uno de los nueve expedientes que están sobre la mesa. El objetivo es blindarlos jurídicamente ante los más que previsibles recursos a los que se verán expuestos, y esta es la única razón que explica que no se hayan aprobado todavía.
Cuando el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo conceda el visto bueno, el Consejo de Ministros aprobará los decretos sin la posibilidad de que se abra ningún tipo de debate. Los integrantes del Ejecutivo que, como la exmagistrada del Supremo Margarita Robles, mostraron ciertas dudas, ya son conscientes de que se trata de una decisión firme del presidente. A continuación, como sucede con todos los decretos, los indultos serán enviados a Zarzuela para la pertinente sanción del rey.
El argumentario de Moncloa
Una vez aprobados, el presidente del Gobierno comparecerá a petición propia en el Congreso para dar cuenta de las medidas de gracia. La fecha todavía no está cerrada, pero fuentes parlamentarias del PSOE apuntaron al miércoles 7 de julio, haciendo coincidir así en el mismo día su visita a las Cortes para detallar su última cumbre en Bruselas. En cualquier caso, será a principios del mes venidero. Calvo ofreció ayer alguna pista de hacia donde pueden ir los tiros en el argumentario gubernamental.
La dos del Ejecutivo se refirió a los indultos como «normales y corrientes», aunque a renglón seguido admitió su «relevancia política, importantísima», para a continuación matizar que «no dejan de ser tramitaciones desde el punto de vista administrativo todas iguales». Calvo defendió el bien común como una de las razones que mueven al Gobierno, la existencia de «un beneficio que es para todos por encima de la persona concreta», una cuestión común en todos los indultos, «incluso» los que se conceden a «una persona anónima con una condena de un hurto».
Ayuso vuelve a sembrar dudas sobre la posición del rey: «Si firma, no firma, está en tela de juicio»
Cuando parecía que las aguas en el PP empezaban a calmarse tras la puntualización de Ayuso sobre su intervención del pasado domingo, en las que cuestionaba la actitud que debería adoptar el rey cuando recibiera en Zarzuela los decretos con los que el Gobierno pretende indultar a los presos del procès, la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones reapareció ayer para agitar el tema, precisando que no había entonado «ninguna rectificación», y que seguía pensando «exactamente lo mismo» que dijo antes de partir a la protesta de Colón, volviendo a poner así a la Corona en el centro del debate político.
Ayuso denunció la «vergüenza» que supone que «el rey de todos españoles, el enemigo a batir por los independentistas, tenga que firmar semejante documento», dijo, volviendo a insistir sobre la posibilidad de que Felipe VI decida no sancionar las medidas de gracia elevadas por el Consejo de Ministros. Para la dirigente popular, se trata de una «trampa» celebrada por los independentistas, «porque si firma, no firma, haga lo que haga», expuso, el jefe del Estado «está en tela de juicio; por eso dije que le quieren hacer cómplice; por supuesto, no es cómplice», puntualizó, descargando toda la responsabilidad de los indultos sobre el presidente del Gobierno.
En las filas del PP no acaban de entender esta nueva aparición de Ayuso volviendo a abrir el asunto, no solo por el brete en el que coloca al monarca, sino también por la incómoda situación a la que expone a Pablo Casado.
El brete de Casado
El presidente del PP salió el lunes para corregir las palabras de Ayuso, detallando que «no hay más cómplices» con los indultos que aquellos quienes «los promueven», sin embargo, tras las nuevas manifestaciones de la presidenta madrileña, fuentes populares trasladan que se está dando pie a que el jefe de la oposición tenga que volver a enmendar la plana a la triunfafora del 4-M cuando vuelva a ser preguntado sobre el tema.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no desaprovechó ayer la oportunidad para opinar sobre esta polémica, refiriéndose a la actitud de Ayuso como «un despropósito», advirtiendo que en lugar de «reconocer el error» y admitir una «equivocación» con la que tratar de dar carpetazo al asunto, está «haciendo una bola».
Montero recurrió al «desconocimiento» de la ley por parte de Ayuso como una de las posibilidades para explicar su tropiezo, por su parte, el diputado de Podemos Gerardo Pisarello aludió directamente al «analfabetismo» constitucional.