El régimen de Maduro toma una barriada tras acusar a Leopoldo López de «armar» a sus bandas
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El Gobierno venezolano desplegó 1.400 agentes en un operativo que no causó muertos
14 jun 2021 . Actualizado a las 09:11 h.El Gobierno venezolano desplegó este sábado 1.400 policías en La Vega, una colina llena de viviendas autoconstruidas al suroeste de Caracas, donde la banda del Coqui ha tenido a la capital venezolana en jaque más de seis años.
La limpieza de la operación ha levantado sospechas, dado el despliegue letal que suele caracterizar los operativos de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un organismo cuya supresión demanda la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
El operativo no dejó muertos; solo dos funcionarios heridos, y motivó 38 detenciones, señaló la ministra de Interior, Carmen Meléndez. Pero no se logró el arresto de Carlos Revette, el Coqui, esquivo delincuente a quien la policía busca desde hace seis años. Según la oposición, haciendo lo posible para no conseguirlo, pues atribuyen al hampón vínculos con el régimen de Maduro.
La semana pasada, sin embargo, fue el presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2020, Jorge Rodríguez, quien afirmó que Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó, «financiaba y armaba» a las bandas de La Vega y la Cota 905.
«Es una victoria contundente que esta operación haya sido un éxito, y lo más importante, mantener la paz en los diferentes sectores de La Vega», señaló Meléndez, quien destacó que a los detenidos «se les garantizaron los derechos humanos». En enero, una operación similar en la zona dejó 23 muertos, y fue calificada de «masacre» por Provea, la principal oenegé del país.
Ese temor se expresa en declaraciones constantes de funcionarios destacando el respeto de los derechos humanos y en el desalojo de los calabozos de las policías políticas para llevar a sus detenidos a cárceles comunes, entre otras medidas.
Con un ojo en La Haya
La Vega, la Cota 905, El Cementerio y El Valle son cuatro gigantescas barriadas en el sur de Caracas que se comunican por una vasta red de caminos informales y son un quebradero de cabeza para la ciudadanía y el Estado, por los frecuentes tiroteos, que este año han dejado al menos cinco víctimas de balas perdidas.
En esas barriadas empezaron hace poco más de un lustro las llamadas operaciones de liberación del pueblo (OLP), en las que la entonces recién creada FAES generó, según activistas de derechos humanos, un gran clima de terror a partir del 2016.
Hasta el 2019, Human Rights Watch contó más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales con un patrón: jóvenes de pocos recursos en las barriadas venezolanas
El expediente contra las OLP y la FAES es uno de los más graves que reposan entre los informes de la oficina que dirige Bachelet y de la Misión de Verificación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y los informes forman parte del caso presentado por siete países (tras el retiro de Argentina) contra el régimen de Maduro en el Tribunal Internacional de La Haya por supuesta violación sistemática de derechos humanos.
El régimen mira con creciente temor el dictamen que realizará, presumiblemente mañana, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sobre el caso, pues el martes 15 expira su período y ha prometido dejar el tema resuelto en dos entrevistas recientes.