Las novatadas, plagios y estar ebrio en las universidades podrán castigarse con hasta cinco años de expulsión o multas
ACTUALIDAD
El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Convivencia Universitaria, que deroga la normativa vigente desde 1954
25 may 2021 . Actualizado a las 17:04 h.Han tenido que pasar 40 años para que las universidades contasen con su primer código de conducta ajustado a la Constitución. Hasta este miércoles, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el régimen disciplinario en las facultades del país obedecía a un decreto de 1954, firmado por el dictador Francisco Franco en el pazo de Meirás, que queda hoy derogado y que el Ministerio de Universidades definía como «anacrónico» y «preconstitucional». Con la entrada en vigor de la Ley de Convivencia Universitaria, realizar novatadas con grave menoscabo de la dignidad de las personas, el acoso o el plagio pasan a ser conductas que podrán ser castigadas con la expulsión de dos meses a cinco años de la universidad.
El Gobierno entendía, además, que el decreto hasta hoy vigente estaba en clara contradicción con los principios democráticos y establecía un régimen disciplinario preconstitucional, esencialmente punitivo y que incluía sanciones desproporcionadas. «No solo contempla las máximas garantías jurídicas para los estudiantes, sino también las especificidades del ámbito universitario adecuado a la realidad social que se vive en la universidad», recoge el borrador de la ley.
El ministro Manuel Castells logra derogar así la normativa franquista, que acumulaba casi setenta años en vigor, después de intentarlo el verano pasado. «El reglamento es obsoleto y punitivo desde cualquier punto de vista democrático», apuntó Castells en marzo a los colectivos estudiantiles para anunciar el fin del decreto, que encontró el rechazo de los rectores al advertirle del «vacío legal» que dejaba esta suspensión sin un recambio jurídico. Así, el nuevo marco actualiza una normativa que, hasta ahora, no regulaba el derecho de defensa del estudiante o no consideraba los principios básicos de proporcionalidad y responsabilidad.
Expulsiones de hasta cinco años
Entre las faltas «muy graves» que contempla el nuevo proyecto se encuentra el plagio «total o parcial» de una obra o cometer fraude académico en la elaboración de un trabajo de fin de grado, fin de máster o tesis doctoral. Alterar o falsificar documentos académicos, la discriminación por razón de sexo u orientación sexual, incumplir las normas de salud pública o suplantar a un miembro de la comunidad universitaria también son consideras faltas muy graves, sancionadas con la expulsión de dos meses a tres años y la pérdida de la matrícula. Se castigará también bajo este nivel los actos que atenten contra los valores democráticos o que promuevan la xenofobia, que sean negadores del holocausto o de crímenes contra la humanidad o que hagan apología del terrorismo.
Entre las graves se encuentra apoderarse indebidamente de exámenes o falsear sus resultados, impedir la celebración de actividades universitarias o acceder sin permiso a los sistemas informáticos de la universidad. Otras faltas consideradas graves son deteriorar material de la biblioteca, entrar en estado de embriaguez en el recinto universitario o acumular tres faltas leves. En estos casos se podrán imponer sanciones económicas, la prohibición de examinarse o la pérdida de los derechos de matrícula.
El proyecto establece, por último, las faltas leves, que se solventan con una amonestación privada que puede ir acompañada de medidas sustitutivas de carácter educativo o recuperador. Se consideran faltas leves el acceder a instalaciones universitarias a las que no se tenga autorizado el acceso, actuar para copiar el contenido de exámenes a través de medios que no se consideren graves o muy graves, o realizar actos que deterioren de forma no grave el patrimonio de la universidad.
Comisión de Convivencia
De acuerdo con la nueva ley, las universidades crearán una Comisión de Convivencia encargada de canalizar las iniciativas para mejorar la convivencia en la universidad, promover la utilización del mecanismo de mediación y, en aquellos casos en que resulte procedente, tramitar el procedimiento de mediación como alternativa al régimen sancionador.
Esta comisión contará con una representación paritaria de estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios.