El Ejecutivo vasco gestionará las progresiones de grado y los permisos de sus presos
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Cierra con el Gobierno central el traspaso de las prisiones desde el 1 de octubre
10 may 2021 . Actualizado a las 22:20 h.Gobierno vasco y el central sellaron este lunes en la Comisión Mixta de Transferencias, reunida en Bilbao, el acuerdo para el traspaso a esta comunidad de las de las instituciones penitenciarias, una medida que será efectiva el próximo 1 de octubre. Se trata de una vieja demanda del Ejecutivo de Vitoria que no le otorga potestad para fijar la política penitenciaria —en manos del Estado—, pero sí para poder gestionar y definir aspectos ordinarios de funcionamiento de las tres cárceles vascas —Zaballa, Basauri y Martutene—, entrar a valorar la situación de los reclusos, que rondan a día de hoy el millar, e incluso decidir sobre progresiones de grado y permisos.
El traspaso pone fin a cuatro décadas en las que el Ministerio del Interior y la secretaría de Instituciones Penitenciarias han sido los responsables de las tres prisiones de existentes en la comunidad. A partir de octubre pasarán el testigo al Gobierno Vasco, que asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Álava), Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya), de los que aproximadamente un centenar son mujeres. La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por instituciones penitenciarias tras su cierre.
El Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de la nómina de cerca de 700 empleados públicos actuales que van a ser transferidos para su integración en la función pública vasca y que trabajan en las tres prisiones. Alrededor de 300 en Zaballa, mientras que en Basauri y Martutene no llegan a 200.
Aunque la política penitenciaria seguirá en manos del Estado, desde el momento en el que se haga efectiva la transferencia, el Gobierno vasco tendrá autonomía, por ejemplo, para la elaboración de los informes relativos a los presos —incluidos los condenados por terrorismo— de los que dependen en gran medida decisiones como las progresiones de grado o los beneficios penitenciarios. En caso de discrepancias con Instituciones Penitenciarias, la decisión recaería en el juez de vigilancia penitenciaria.
«Cumplimos la ley», dice Iceta
«No estamos haciendo otra cosa que cumplir la ley», afirmó ayer el ministro de Política Territorial, antes de formalizarse este traspaso. Miquel Iceta mostró su preocupación por «algunas reacciones de hostilidad» que pueda provocar este traspaso, y defendió el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. «Todos aceptamos, en general, que lo más normal es que el cumplimiento de las penas se produzca cuanto más cerca de tu entorno mejor», afirmó. En todo caso, precisó que los presos de ETA cumplirán sus condenas «allí donde determinen los jueces y las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios». «Eso está sometido a un control judicial», reiteró el ministro.
Sus palabras no acabaron de convencer entre las filas de PP+Cs, la coalición electoral que ambos partidos conformaron en las elecciones vascas de julio del 2020. En un comunicado exigieron que el traspaso «no se convierta en un traje a medida para los presos de ETA». También registró en el Parlamento de Vitoria una interpelación para preguntar «a qué se refiere el Gobierno vasco cuando defiende un nuevo modelo penitenciario».