El Gobierno apura el traslado de presos de ETA al País Vasco antes de ceder Prisiones
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Uno de cada cuatro internos de la banda terrorista ya cumple condena en cárceles de la comunidad
24 abr 2021 . Actualizado a las 18:01 h.Uno de cada cuatro presos de ETA cumplen ya su condena en cárceles del País Vasco. Con el traslado el pasado viernes de Mikel Arrieta Llopis (cuatro asesinatos) y de José Ignacio Bilbao Gaudeba (del comando Vizcaya), a las prisiones vascas de Martutene y Basauri, y la concesión del tercer grado a Luis Carrasco Asenginolaza, condenado por el asesinato del que fuera director financiero de El Diario Vasco Santiago Oleaga, el Gobierno de Pedro Sánchez ya acumula 216 acercamientos desde su llegada al poder en junio del 2018, que se corresponden con 179 presos de la banda terrorista (algunos han sido trasladados en varias ocasiones). De ellos, 89 tienen delitos de sangre a sus espaldas.
El Ministerio del Interior realiza estos movimientos a cuentagotas y en función de las propuestas de las juntas de tratamiento de las cárceles, que analizan el comportamiento de los internos. El colectivo Etxerat, que agrupa a familiares de presos de ETA, celebra que hasta un 73 % de los mismos cumplen sus condenas en prisiones situadas a menos de 400 kilómetros de la comunidad. Un 20 % están en cárceles del País Vasco y Navarra, según la asociación.
El apoyo de Bildu
El PP recela de estos movimientos y los circunscribe a que «el Gobierno está pagando su apoyo a Bildu». Sin embargo, desde la Moncloa niegan tajantemente que esté relacionado con contrapartidas políticas. Una sospecha que comparte la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que se muestra muy crítica con los acercamientos. «Supone una segunda victimización para los familiares», explican en su web.
Competencias en Prisiones
Todo esto sucede a pocos días de que el Gobierno traspase las competencias en Prisiones al Ejecutivo vasco, lo que se materializará el 10 de mayo en la Comisión Mixta de Transferencias, y se hará efectivo el 1 de octubre. A partir de entonces, el Ejecutivo de Urkullu podrá flexibilizar el cumplimiento de las condenas o conceder el tercer grado, una situación comparable a la que sucede en Cataluña desde 1983.