Sale adelante con los votos en contra del PP y Vox, que recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Entrará en vigor dentro de tres meses
18 mar 2021 . Actualizado a las 15:50 h.Último trámite superado: el Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves con 202 votos a favor (PSOE, Podemos, BNG, ERC, JxCat, Más País, Bildu, PNV, CUP y Ciudadanos), 141 en contra (PP, Vox, UPN y Foro Asturias) y dos abstenciones la ley de la eutanasia. España se convierte así en el quinto país del mundo en regularla, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. En Colombia también sería legal, según una sentencia del Tribunal Constitucional, aunque oficialmente no está reglada y en Nueva Zelanda está previsto que se implante en el mes de noviembre. Aquí entrará en vigor el próximo junio, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras haber logrado un amplio apoyo tanto en la Cámara Baja como en el Senado y superado los vetos presentados por el PP y Vox. Formará parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud y podrá ser solicitada por las personas mayores de edad que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».
La aprobación ha sido celebrada con un prolongado aplauso en el hemiciclo, mientras los diputados de Vox hacían visible en la pantalla de sus ordenadores la frase «la derogaremos» y los del PP permanecían sentados en sus escaños sin celebrar el resultado. Según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con esta ley, impulsada por su partido, «se avanza en el reconocimiento de los derechos», así como en «una sociedad más justa y decente», una sociedad «que se preocupa por evitar el sufrimiento de todos sus miembros» a través de una ley «equilibrada» y «garantista» que atiende las demandas de la sociedad española.
Por su parte la diputada socialista, María Luisa Carcedo, promotora del desarrollo de la norma, celebró que el Congreso haya «cogido el testigo» de las personas enfermas que llevan «años» pidiendo esta regulación. «Hoy concluimos un proceso largo y complejo sobre la consecución de un derecho y no de una obligación», aseveró por su parte el diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea. «No hay nada peor que no poder vivir por no poder morir», añadió.
La ley ha sido rechazada por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox, cuya diputada Lourdes Monasterio confirmó que presentarían un recurso ante el Tribunal Constitucional y que, hasta que no se produzca la sentencia, solicitará la paralización de la normativa. «Le haremos frente y, más pronto que tarde, ganaremos y daremos esperanza a quien la ha perdido y, así, protegeremos la vida a todos los españoles», manifestó este jueves. A su juicio, este jueves se ha consumado «el plan del Gobierno de implantar la cultura del descarte y de la muerte», lamentando que se haya rechazado implantar los cuidados paliativos en España para aliviar el dolor y sufrimiento.
Del mismo modo se pronunció el diputado del PP, José Ignacio Echániz, considerando que esta ley es un «atentado» al respeto a la vida y dignidad humana y un «acto antimédico». Además, criticó que se vaya a crear una «lista negra» de sanitarios objetores de conciencia, ya que es un «insulto» a estos profesionales. «Se trata de un chantaje intolerable». «A partir de hoy, los más frágiles tienen motivos para el miedo, desasosiego y desconfianza», sentenció.
Objeción de conciencia
La ley, que especifica que el paciente tiene que confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del proceso -lo que será controlado por una comisión de garantías y la persona que lo solicite podrá echarse atrás en cualquier momento-, incluye la posibilidad de objeción de conciencia del médico. En el supuesto de querer hacerla valer, deberá comunicarlo por escrito y por anticipado. En todo caso, esta facultad del facultativo no podrá bloquear el derecho del paciente para que sea otro especialista el que se encargue de su caso.
El enfermo deberá solicitar oficialmente dos veces la muerte asistida. La norma impone un espacio de 15 días entre ambas solicitudes. A raíz de esas peticiones, la ley prevé la apertura de «un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre los posibles cuidados paliativos».
