El PP se enfrenta a una multa por la reforma de su sede como «responsable civil subsidiario»
09 feb 2021 . Actualizado a las 09:23 h.La Fiscalía Anticorrupción pide para Luis Bárcenas cinco años de cárcel por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal. Izquierda Unida, que está presente en la causa como acusación popular, solicita para el extesorero del PP 19 años y siete meses de prisión. El resto de acusaciones particulares también requieren penas mayores a las del ministerio público.
Cualquier condena que pueda dictar la Audiencia Nacional sobre el extesorero habría que añadirla a los 29 años de cárcel a los que fue sentenciado por el caso Gürtel.
Bárcenas llegó a la sala a primera hora de la mañana en un furgón de las fuerzas de seguridad directamente desde el centro penitenciario de Soto del Real.
En esta ocasión, la Audiencia Nacional juzga fundamentalmente dos aspectos: si realmente se pagó con dinero negro la reforma de la sede central del PP, ubicada en el número 13 de la popular y céntrica calle Génova, y si parte del dinero de esa supuesta caja B del partido fue destinada a la compra de acciones del grupo Libertad Digital.
Bárcenas ocupó la primera fila en el arranque de la vista oral, en donde las partes se centraron en las cuestiones previas. Inmediatamente después ocuparon los asientos de una sala desangelada a consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas en relación al covid-19, los también acusados Gonzalo Urquijo, responsable de Unifica, la empresa encargada de realizar la reforma de la sede del partido, su socia Belén García y la empleada de esta compañía, Laura Montero.
Para los dos primeros, la Fiscalía reclama tres años y 10 meses por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública. No obstante, para Laura Montero, interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de la acusación que mantienen las acusaciones populares, recoge Efe.
El que no acudió ayer por estar en cuarentena fue otro de los acusados, Cristóbal Páez, exgerente del PP, para el que el ministerio público pide año y medio de prisión por los mismos delitos que el extesorero, a excepción del de apropiación indebida.
Multa de 200.000 euros
En cuanto al PP, para la acusación pública, representada por el fiscal Antonio Romeral, el partido no cometió un delito fiscal al no declarar las donaciones correspondientes al año 2008 e incluirlas en su contabilidad B, si bien sí considera que es «responsable civil subsidiario» por pagar presuntamente en negro las obras de su sede central, por lo que podría enfrentarse a una multa de Hacienda que ronda los 200.000 euros.
