El Ejecutivo se desmarca explícitamente de la postura de Irene Montero
04 feb 2021 . Actualizado a las 10:35 h.La tensión, ya conocida, ha vuelto a exteriorizarse. La difusión del contenido del borrador de la ley trans que prepara el Ministerio de Igualdad ha provocado el desmarque del ejecutivo. Tal y como se encargaron de asegurar fuentes gubernamentales a Europa Press a primera hora de la mañana, lo redactado hasta el momento recoge solo los postulados de Unidas Podemos, indicando que la posición del Ejecutivo se encuentra muy alejada. Esas mismas fuentes precisaban que el texto impulsado por el departamento de Irene Montero todavía tiene que ser estudiado por otros ministerios directamente implicados. Se trata de Sanidad y Justicia. El contenido de la futura ley afecta directamente a sus competencias.
Por su parte, el ministerio de Igualdad mantiene su agenda, señalando que los anteproyectos de las leyes trans y de igualdad LGTBI serán aprobados en el Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero. No creen que las discrepancias que se han hecho públicas aborten o retrasen la ley. «Hay negociaciones muchísimo más complejas que se han resuelto antes, estamos hablando de pocos días, pero quedan días de sobra», indicaban a EFE fuentes del ministerio dirigido por Irene Montero.
La ministra de Igualdad ya admitía recientemente el choque de posturas. «A nadie se le escapa que hay diferencias como en tantos otros temas», decía en TVE a finales de enero. Carmen Calvo, exteriorizando una actitud conciliadora respecto a esa fricciones, señalaba que «cuando las feministas nos sentamos, a pesar de tener diferencias también somos capaces de construir buenos acuerdos». Sin embargo, desde los colectivos que están detrás de sus posturas las palabras resultan mucho más gruesas.
En noviembre del 2020 activistas históricas del feminismo, como Laura Freixas, Ángeles Álvarez y Marina Gilabert, redactaban una carta contra el ministerio de Igualdad acusándolo de querer «borrar» a la mujer de la lucha feminista. Hace dos semanas la Confluencia Movimiento Feminista, compuesta por más de 55 asociaciones feministas de todo el territorio español, pedía formalmente a Sánchez que cesara a Montero por embarcarse en «una deriva antifeminista contraria a la defensa de los derechos de las mujeres». En las últimas 24 horas se volvieron producir reclamaciones similares.
Documento «tránsfobo»
Desde el colectivo trans se apuntaba al PSOE, especialmente desde la difusión en junio del 2020 del documento Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres que se envió a cuadros y militantes. Acusado de tránsfobo, este rechaza las teorías queer porque «desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico». Provocó la indignación de las asociaciones que exigieron una rectificación
Ayer colectivos LGTBI se mostraban a favor del borrador de la polémica, respaldando su contenido. En un comunicado, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans defendían el texto de la Ley trans y de igualdad LGTB. «Son asumibles y rigurosos, fruto de un trabajo minucioso», dijo la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil.
La «declaracion expresa», único requisito para cambiar el sexo
El texto que pretende aprobar Igualdad permite el cambio de sexo con un único requisito: la «declaración expresa» de la persona en el Registro Civil. No contempla la necesidad de hacer pruebas médicas o psicológicas. El borrador señala que la rectificación «en ningún caso podrá estar condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno», que es lo que se exige en la actualidad. Dicho informe ahora debe certificar que la persona transexual tiene una distrofia de género. La idea de Igualdad es despatologizar la transexualidad.
Otro aspecto que elimina la norma es el requisito previo de «modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, sin perjuicio del derecho de la persona interesada a hacer uso de tales medios».
Desde los 16 años
Respecto a la edad, desaparece la exigencia de la mayoría. En adelante, desde los 16 años una persona estará legitimada para solicitar por sí misma la rectificación. En el caso de personas entre 12 y 16 años, aunque puedan hacerlo motu proprio, seguirán necesitando el consentimiento de sus progenitores o de la persona que ejerza su representación legal. Si se produjera un desacuerdo entre sus progenitores o tutores legales, se prevé que la persona menor o incapacitada pueda efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal.
