Los Países Bajos se asoman al abismo de la inestabilidad política y social

La implantación de un toque de queda para frenar el coronavirus fue la excusa perfecta para que grupos violentos protagonizaran los peores disturbios en 40 años en los Países Bajos. Unos hechos que han escandalizado al país y lo han sumido en una crisis social, que se añade a la crisis política que el Gobierno de centroderecha liderado por Mark Rutte sufre desde hace 15 días.

Una semana de protestas

Ultras y negacionistas. Una amalgama de grupos de ultraderecha, hooligans, negacionistas y jóvenes convocados en redes sociales se echaron a las calles durante varias noches consecutivas para descargar su rabia contra la policía, los comercios y el mobiliario público. En total, casi 500 personas fueron detenidas y diez policías resultaron heridos. El objetivo de los jóvenes, en su mayoría veinteañeros conectados a través de Telegram, era «dar un golpe duro al Gobierno». Armados con adoquines y petardos, se daban cita cada noche en diferentes ciudades. Hubo ataques a uniformados, saqueos en tiendas y destrozos del mobiliario urbano. Los policías dispersaron las protestas con cañones de agua, y los municipios desplegaron también a unidades antidisturbios.

Esta resistencia en las calles a las restricciones por la pandemia se suma a los retrasos en la campaña de vacunación y a un enfoque gubernamental errante y confuso respecto al covid. El toque de queda es la primera restricción a la movilidad que se aplica desde marzo, y la reacción ha sido mucho más violenta que en países de su entorno.

El escándalo de las ayudas

Desmontando la imagen de país tolerante. Por si fuera poco, los Países Bajos, un Estado por lo general poco dado a la inestabilidad, se asoma a elecciones en marzo después de que el Ejecutivo del primer ministro liberal, Mark Rutte, dimitiera en bloque hace dos semanas por un escándalo sin precedentes. Rutte asumió esta semana su responsabilidad directa en el hecho de que la Agencia Tributaria neerlandesa acusara de fraude sin fundamento a casi 30.000 padres y madres por recibir ayudas públicas para la manutención de los hijos y les obligara a devolver todo el dinero recibido. Muchos acabaron en la ruina al verse obligados a abonar unas cantidades que no tenían, a menudo varias decenas de miles de euros.

Los primeros casos se remontan al 2014. Las autoridades fiscales asumieron que las familias eran potenciales defraudadoras por el hecho de tener una doble nacionalidad, generalmente marroquí o turca, sin prueba alguna que sustentase la acusación, como demostraron posteriormente los tribunales.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por ignorarlo, el escándalo fue creciendo hasta el pasado 17 de diciembre, cuando se publicó un informe parlamentario que recogía demoledoras conclusiones basadas en interrogatorios públicos a ministros, funcionarios o jueces. El papel de la abogada española Eva González Pérez, que lleva décadas viviendo en los Países Bajos, fue crucial a la hora de destapar el caso. El resultado se traduce en una injusticia social y política que desmonta la imagen de tolerancia y de un robusto Estado del bienestar que suele transmitir el país. «Las cosas se hicieron terriblemente mal. Algo así nunca debe volver a suceder», admitió Rutte al dimitir.

Cita con las urnas

Rutte, fortalecido. En otras circunstancias, estaríamos hablando del fin de la carrera política de un veterano primer ministro. Pero, al contrario de lo que pueda parecer, la dimisión en bloque el 15 de enero de su Ejecutivo puede convertirse en la salvación de Rutte. Evita una moción de censura en el Parlamento, donde no contaría con los apoyos necesarios para salvar su puesto, y le permite encarar la celebración de elecciones el 17 de marzo.

De volver a ganar, sería su cuarta reelección en las urnas. Y no parece nada descabellado. Una encuesta posterior a su dimisión, elaborada por la televisión pública NPO1, indica que la mayoría de los votantes del liberal VVD, los democristianos CDA, los progresistas D66 y Unión Cristiana —partidos que forman la actual coalición de Gobierno— están contentos con el liderazgo de Rutte y le otorga hasta 81 escaños en el Parlamento, cinco más que los actuales.

En su mayoría, los ciudadanos elogian los esfuerzos de Rutte durante la pandemia y las medidas de confinamiento, incluido el confinamiento laxo basado en la responsabilidad individual que se aplicó durante el año pasado, y que demostró su ineficacia con el último repunte de casos. También respaldan su política económica, caballo de batalla de un liberal que nunca ha vacilado a la hora de anteponer los intereses nacionales sobre el criterio de la UE.

Los fondos de la UE

Mensaje contra España. Rutte ganó popularidad en su país por rechazar los planes de Bruselas de ayudas a los países del sur de Europa, como España, más afectados que el norte durante la primera ola del virus. Por todos los medios, Rutte trató de condicionar la recepción de fondos comunes a reformas financieras basadas en la austeridad —mensaje al sur— o cambios de calado en los sistemas democráticos —mensaje al este de Europa—. Con este tipo de propuestas, Rutte consigue amplias cuotas de popularidad en un país que ya se ha acostumbrado a las mutaciones de su primer ministro para mantenerse en el poder.

En el 2012, Rutte no consiguió apoyos suficientes en el Parlamento para imponer su plan de austeridad en plena crisis del euro. Por entonces, el Gobierno de coalición contaba con el apoyo del ultraderechista Geert Wilders, que se bajó del barco en cuanto se empezó a hablar de ayudar al sur de Europa.

Tras disolver el Parlamento, Rutte volvió a ganar las elecciones y esta vez eligió a los socialdemócratas para gobernar y aplicar los recortes pendientes. Cumplió de nuevo con su objetivo: mientras él salía de nuevo fortalecido, los socialdemócratas caían hasta sus peores datos en las urnas acusados de «traición» por parte de las clases trabajadoras. Ahora, solo los neerlandeses sabrán cuál será la próxima jugada de Rutte para mantenerse en lo más alto.

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